Hace unos meses, en Agora, y a propósito de la Cumbre de París, abordábamos otras formas de luchar contra el cambio climático: la defensa legal de los Derechos Humanos.
Entre los casos que allí reportábamos, mencionábamos el de la investigación que la Comisión Filipina de Derechos Humanos (CDH) iniciaba frente a 50 grandes empresas contaminadoras a petición de Greenpeace Sudeste de Asia, junto con 14 organizaciones y 100.000 firmas de apoyo. Entre las 50 empresas investigadas figuran Chevron, ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, y ConocoPhillips, en lo que sería la primera investigación nacional contra compañías de combustibles fósiles por atentados a los Derechos Humanos y más concretamente, por su impacto en el cambio climático del país.
Como base de la investigación, un informe publicado por Richard Heede del Climate Accountability Institute en mayo de 2015, que identificaba a estas empresas como responsables de la mayor parte de las emisiones globales de CO2 y metano en la atmósfera de la tierra, los Carbon Majors. Y la especial vulnerabilidad de Filipinas, uno de los países más expuestos a los desastres naturales, con cerca de 130 millones de filipinos afectados por desastres relacionados con el clima entre 1995 y 2015, según un estudio publicado por la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU (UNISDR por sus siglas en inglés). Ya en junio de 2015, algunas islas del Pacífico (Filipinas, Fiji, Kiribati, las Islas Salomón y Tuvalu), firmaron la Declaración de los Pueblos por la Justicia Climática donde anunciaban responsabilidades a los principales emisores de CO2 y sus respectivos gobiernos.
La petición de los grupos activistas incluye que se obligue a estas empresas a compartir los planes de mitigación de sus impactos medioambientales así como los mecanismos de resarcimiento para las víctimas del cambio climático.
Ayer supimos por The Guardian que en abril se reactivó la investigación a través de la solicitud por los abogados de los demandantes, de expertos en cambio climático para una audiencia donde se les pedirá opinión por un lado, sobre los vínculos entre cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas. Y en segundo lugar, sobre si las políticas y las inversiones de las empresas abordan adecuadamente el atentado a los derechos humanos, relacionado con los impactos del cambio climático.
Hoy en día, los avances en la recogida de datos meteorológicos y la modelización por ordenador significan que los científicos pueden hacer evaluaciones cuantitativas en tiempo real y previsiblemente, la relación de causalidad con determinadas políticas ambientales de las empresas, será cada vez más estrecha.
Se abre un nuevo camino crítico en la lucha contra las compañías de combustibles fósiles y de otros sectores contaminantes que propician el cambio climático y podrían inspirar a otras comisiones de derechos humanos en todo el mundo a tomar medidas similares.
Estaremos atentos y atentas a la evolución de esta demanda que más allá de sus consecuencias legales inmediatas, es ante todo una llamada de atención sobre la forma de hacer negocios de grandes empresas de combustibles fósiles, y sus efectos devastadores sobre el cambio climático, un riesgo más a la reputación y la cartera de riesgos de estas empresas, y sobre todo, un llamamiento al reconocimiento de la relación entre Derechos Humanos y cambio climático, relación que se reconoció por Naciones Unidas en el Acuerdo de Cancún de la COP16 de 2010.
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