Casi al mismo tiempo que la publicación de la Agenda para la Economía colaborativa de la Comisión Europea, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha hecho públicos los resultados de su consulta pública, sobre las conclusiones y recomendaciones preliminares de su estudio sobre los Nuevos Modelos de Prestación de Servicios y la Economía Colaborativa, que finalizó el pasado 15 de abril.
En esta última fase del análisis, de un total de 1.150 respuestas válidas a través de medios electrónicos, la proporción de colaboradores ha sido:
- Particulares o autónomos (un 84,2%)
- Empresas (6,4%)
- Miembros de autoridades de competencia y regulación nacionales e internacionales, (3,3%)
- Organizaciones y asociaciones económicas (2,1%),
- Miembros de administraciones públicas (1,7%),
- El ámbito académico universitario (1,3%),
- Sindicatos (0,5%),
- Organizaciones de consumidores y usuarios (0,3%)
- Diputados (0,2%).
Las respuestas recibidas muestran que los miembros de autoridades de competencia y de regulación, organizaciones de consumidores y usuarios y universidades perciben la economía colaborativa como una oportunidad para la mejora del bienestar social, la regulación y la competencia (con valoraciones de 4,4, 4,3 y 4,2 sobre 5, respectivamente). Por el contrario, la percepción de sindicatos y agrupaciones de trabajadores ha sido negativa con respecto a estos modelos (1,8 sobre 5), criticando especialmente la necesidad de asegurar el pago de impuestos.
Por su parte, la CNMC considera que el reto fundamental es dar respuesta, mediante la adecuación de la regulación existente, a estos nuevos modelos económicos en los que la innovación y el empoderamiento del consumidor parecen una característica inherente.
La CNMC considera que la respuesta regulatoria de las autoridades competentes, si es que ésta fuese necesaria en cada caso particular, debe enmarcarse en los principios de regulación económica eficiente. Una actuación alejada de estos principios de regulación económica eficiente por parte de los poderes públicos, será un obstáculo para el desarrollo de nuevos modelos de negocios y la operación en el mercado por parte de los nuevos actores que impedirá el desarrollo y explotación de innovaciones y de ganancias de productividad lo que generará una pérdida de bienestar para los consumidores y para la sociedad.
Dentro de los numerosos sectores en los que ha surgido la economía colaborativa, destacan el alojamiento y el transporte, por ser aquéllos que han recibido una mayor inversión a nivel mundial, por contar con un elevado grado de penetración de nuevas empresas y tener más amplia aceptación entre los consumidores y usuarios.
Por un lado, en el sector del alojamiento han surgido una serie de plataformas colaborativas que, compitiendo entre sí, facilitan la puesta a disposición en el mercado de alojamiento de corta duración de viviendas completas o habitaciones. Alojamiento que se conoce en la normativa como viviendas de uso turístico. Esta nueva oferta de alojamiento, en ocasiones, beneficia el nivel de competencia con formas de alojamiento que se ofertan tradicionalmente para cubrir estas necesidades, como hoteles o apartamentos turísticos.
En el caso de España, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2013 implicó que la regulación de las viviendas de uso turístico fuera asumida por las Comunidades Autónomas.
Desde entonces han surgido numerosas normativas autonómicas que imponen restricciones de acceso y ejercicio injustificadas al mercado de alojamiento turístico, con efectos negativos sobre la competencia y el bienestar. Las barreras a la competencia efectiva generadas por la normativa se oponena la innovación y reducen el dinamismo del mercado.
Por otro lado, en el sector del transporte han aparecido nuevos modelos que ofrecen soluciones de transporte tanto interurbano como urbano. Estos nuevos modelos se basan en la puesta en contacto, a través de aplicaciones móviles, de vehículos disponibles y usuarios que demandan, en el acto, un transporte urbano de corta distancia dentro de la localidad. Estos nuevos servicios ofrecen una alternativa a las prestaciones que tradicionalmente ofrece el sector del taxi y el alquiler de vehículos turismo con conductor (VTC).
Estos nuevos servicios se han desarrollado en un contexto de regulación de los mercados de taxi y VTC que contiene importantes restricciones no justificadas a la entrada y ejercicio de la actividad en el mercado, entre las que destacan el numerus clausus de licencias, el limitado ámbito geográfico de la licencia y, para el caso del taxi, los precios regulados en forma de tarifas públicas no flexibles.
Estas restricciones dificultan o incluso impiden la entrada de nuevos operadores, generando rentas monopólicas para los incumbentes y un funcionamiento menos eficiente del mercado para la sociedad.
En el caso del transporte entre distintas localidades (interurbano) en España, la regulación en este sector se basa en un régimen concesional (“competencia por el mercado”). Estos regímenes concesionales, analizados también por la Autoridad de Competencia desde antes de la aparición de la economía colaborativa, excluye totalmente del mercado a otros operadores durante el periodo de duración de la concesión (en principio, tras la mejora regulatoria, por un plazo de 10 años). La amplia duración de las concesiones incrementa la probabilidad de la obtención de rentas monopolísticas al adjudicatario del mismo, muy a menudo, la empresa incumbente.
El análisis llevado a cabo en el presente estudio de acuerdo con los principios de regulación económica eficiente y, en particular, de los sectores de transporte y alojamiento, permite a la CNMC realizar, a partir de las conclusiones, diversas recomendaciones dirigidas a las administraciones competentes, a nivel nacional, autonómico y local, y a los diversos agentes que intervienen en este fenómeno económico.
Entre estas recomendaciones destacan:
- Se recomienda a las Administraciones Públicas aplicar los principios de regulación económica eficiente en la regulación sectorial y horizontal, no siendo descartable que la respuesta eficiente sea la ausencia de regulación en aquellos casos en los que no exista un fallo de mercado. En el ámbito regulatorio horizontal, se recomienda evitar que la complejidad del sistema (trámites administrativos, requisitos, etc.) genere un coste administrativo excesivo o actúe como una barrera de entrada en el mercado para el cumplimiento de este tipo de obligaciones, cuyo cumplimiento desigual puede originar distorsiones y perjuicios competitivos en los mercados.
- En el ámbito jurisdiccional, se recuerda la disponibilidad de la CNMC para colaborar con los órganos jurisdiccionales, a través de distintos instrumentos: aportando información, presentando observaciones como amicus curiae o bien a través de informes económicos de carácter pericial. La incertidumbre es habitual en mercados muy dinámicos expuestos a una continua innovación. En mercados dinámicos donde la incertidumbre es habitual la Jurisprudencia ha resuelto a favor del principio in dubio pro libertate.
- Con el objetivo de poder medir mejor el impacto de la economía colaborativa en los distintos mercados y en la economía en su conjunto, se recomienda la incorporación a las estadísticas oficiales propias de los diversos sectores en los que operan estas plataformas, de los datos necesarios para reflejar con rigor estadístico el impacto que este fenómeno tiene en el mercado.
- Asimismo, para evitar que las plataformas puedan generar posibles barreras a la salida derivadas de la imposibilidad de “emigrar” los datos de sus sistemas de reputación, se recomienda a las plataformas colaborativas la implantación de mecanismos adecuados que permitan la portabilidad voluntaria de la reputación de un usuario a través de múltiples plataformas.
- En materia de alojamiento, se recomienda la eliminación de las restricciones innecesarias de acceso al mercado de viviendas de uso turístico. Entre otras restricciones, destacan la existencia de cualquier tipo de moratoria, la inscripción de las viviendas turísticas en un registro y la publicación del número de registro, requisito de estancia mínima o máxima, limitación por tipo o localización de la vivienda, o prohibición del alquiler por estancias o de la residencia permanente. Asimismo, se propone la eliminación de las restricciones innecesarias de ejercicio de la actividad de alquiler de viviendas de uso turístico. En concreto, sería recomendable eliminar aquellos requisitos técnicos innecesarios o desproporcionados relativos a accesorios de la vivienda y equipamiento mínimo.
- En materia de transporte urbano, se recomienda la eliminación de las restricciones innecesarias de acceso al mercado de taxi y de VTC. En particular, cualquier restricción que suponga la imposición de un numerus clausus a la oferta, la restricción en el ámbito territorial de las licencias, el establecimiento de cuantías desproporcionadas en las coberturas de los seguros obligatorios y la obligación de disponer de un número mínimo de vehículos para poder realizar la actividad de VTC. Sería asimismo conveniente eliminar las restricciones injustificadas de ejercicio de la actividad de taxi y VTC. Entre otros se han identificado requisitos de calidad y seguridad innecesarios o desproporcionados, horarios obligatorios, limitación del número de licencias por persona, prohibición de conductores distintos al titular de la licencia, autorización administrativa por vehículo para la realización de la actividad de VTC, obligatoriedad de que los VTC deban ser contratados previamente para poder circular y la imposibilidad de que los VTC puedan circular por las vías públicas en busca de clientes.
- Se recomienda a las Administraciones competentes eliminar las tarifas reguladas en el sector del taxi, permitiendo la existencia de precios libres que se ajusten a las circunstancias del mercado.
- En materia de transporte interurbano, es necesario un cambio del modelo existente que permita introducir una mayor competencia en el mercado, permitiendo una mayor calidad, innovación y sostenibilidad en la cobertura de las necesidades de transporte de los ciudadanos. Por ello, se propone eliminar con carácter general el sistema de concesión, por largos períodos de tiempo y eliminar el derecho de preferencia, que concede una ventaja al operador establecido en el mercado respecto a los nuevos entrantes.
Acceso a los resultados preliminares
Fuente: CNMC
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