
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, explicó durante la clausura de un curso de Verano el pasado viernes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que la CNMC pretende aplicar la prohibición, vigente desde 2015, de que las empresas sancionadas por formar parte de algún cártel, puedan participar en concursos públicos. El presidente de la CNMC puntualizó que todavía están viendo los poderes que les concede la legislación sobre este tema, pero considera que será un arma crucial para luchar contra los cárteles. Así se impedirá que cometer ilícitos sea más rentable que el castigo, bloqueándoles una vía de negocio. En 2015, la CNMC batió el récord de sanciones por infracciones e impuso multas por un total de 549 millones de euros.
Esta sanción se uniría a otras medidas como las multas a los directivos, que ya se aplican y que pueden alcanzar hasta los 60.000 euros. Sobre este punto, Marín Quemada indicó que la importancia de las multas a los directivos no es económica, sino el mensaje que envía a la sociedad y a estos directivos sobre la existencia de «acciones penales individuales». El paso siguiente de esta medida, ha dicho, debería ser prohibir a las empresas sancionadas presentarse a concursos públicos. Asímismo, las empresas que se nieguen a una inspección de la CNMC podrán ser multadas con el 1% de su facturación.
«Con estas sanciones todos estaríamos aprendiendo más deprisa», añadiendo que «se acabó que determinadas enmiendas a las leyes lleven el nombre de determinadas empresas».
Sobre las empresas infractoras que participen en concursos públicos, lamentó que dicha opción no haya estado vigente hasta ahora, por lo que solo puede aplicarse a ilícitos cometidos desde 2015, ya que considera que hubiera sido muy útil para enfrentarse a cárteles como el de los residuos, que estuvo imponiendo precios excesivos a ayuntamientos de toda España. En esta línea, indicó que los primeros directivos sancionados participaron en un cártel, el de los pañales para mayores, un segmento frágil de la sociedad, además de afectar también a la Seguridad Social.
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