Luxemburgo ha presentado un recurso contra las sentencias dictadas contra tres denunciantes de Luxleaks. Los ex empleados de PricewaterhouseCoopers (PwC) Antoine Deltour y Rafael Halet fueron condenados a 12 meses y nueve meses de cárcel respectivamente, por revelación de secretos comerciales, robo de documentos y violación del secreto profesional, mientras que el periodista Edouard Perrin fue absuelto de todos los cargos en su juicio en junio pasado.
Los abogados defensores argumentan que los tres deberían haber sido absueltos ya que actuaban en interés público. Por su parte, Margrethe Vestager, comisario de Competencia de la UE, se ha manifestado a favor de estos denunciantes, afirmando que «todo el mundo debe agradecer a los denunciantes y periodistas de investigación» que descubrieron el escándalo ‘Luxleaks’.
El escándalo Luxleaks, revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), descubrió acuerdos secretos fiscales entre Luxemburgo y casi 340 multinacionales entre 2002 y 2010, entre ellos Pepsi, IKEA, AIG, Coach o Deutsche Bank, que permitieron a las empresas rebajar drásticamente sus impuestos, hasta menos de un 1% en lugar de un 29% y puso en evidencia acuerdos fiscales ventajosos negociados durante el gobierno de Jean-Claude Juncker, entonces primer ministro y ministro de finanzas de Luxemburgo, y ahora jefe de la Comisión Europea. Juncker se libró de una moción de censura del Parlamento Europeo pero fijó como prioridad de la Comisión Europea combatir la evasión fiscal que asciende a 70 mil millones de euros al año de la UE.
El llamado paquete de Transparencia Fiscal, obligará entre otros aspectos, a los 28 estados miembros de la UE a compartir los detalles de todas las transacciones fiscales acordadas con algunas de las mayores multinacionales del mundo, en la información enviada automáticamente cada tres meses. El plan tiene como objetivo acabar con el secreto que permite a los Estados miembros que compiten a menudo entre sí para atraer negocios e inversiones. La protección de los denunciantes anónimos sin embargo, objeto de protección en la Directiva de Secretos Comerciales del pasado mes de abril, se ha visto como una protección insuficiente a juicio de los activistas de transparencia y Derechos Humanos.
En este contexto, Francia ha propuesto una regulación con mayores garantías para los denunciantes anónimos o whistleblowers, en su proyecto de ley para la transparencia y la modernización de la economía.
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