
Después de la COP26 de Glasgow, el Observatorio de Sostenibilidad presenta el informe “30 AÑOS DE EMISIONES DE CO2 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1990-2020: X una economía baja en carbono. RADIOGRAFÍA DE LAS EMISONES DE CO2 POR CC.AA.”.
18 de noviembre de 2021
Después de la COP26 no se han conseguido compromisos claros de reducción de emisiones y hay que considerar los resultados se consideran muy insuficientes a nivel global. Así lo ha señalado el propio Secretario General de Naciones Unidas. Pero es evidente que la emergencia climática sigue ahí y por ello la urgencia de trabajar para solucionarla.
El Observatorio de Sostenibilidad y AIS GROUP han considerado imprescindible estimar y analizar un año más las emisiones de CO2 de las 17 CC.AA. y de las dos ciudades autónomas españolas, y las políticas realizadas en cada una de ellas para señalar la importancia de las actuaciones a escala regional y local para solucionar la emergencia climática.
Cualquier política de sostenibilidad implica una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, consecuentemente, una descarbonización de la economía. Para poder seguir reduciendo los GEI es necesario conocer cuál es el estado actual y las tendencias de las emisiones por Comunidades Autónomas y por ciudades. Es necesario que los gobiernos regionales y locales adopten medidas radicales para conseguir estas reducciones, imprescindibles para mantener el margen seguro de aumento de 1,5ºC en la temperatura media. Una sociedad informada es y será cada vez es más exigente con sus gobiernos cercanos, solicitando una mayor ambición climática asociada a una rendición de cuentas.
El año 2002 fue el año de la pandemia y se produjo una muy fuerte caída de las emisiones en todo el mundo y también en España: la reducción española fue del orden del 14%.
El informe presenta las siguientes conclusiones:
- El porcentaje total de las emisiones entre 1990 y 2020 distribuido por AA. es el siguiente: las que mayores emisiones presentan son Andalucía, 15%, Cataluña, 13%, Castilla Y León, 10%, Galicia, 9%, y Asturias, 8%; las que menos son la Región de Murcia, 2%, Extremadura, 2%, Navarra, 2%, Cantabria, 2% y La Rioja, 1%.
- Las CCAA que más han disminuido sus emisiones totales en el periodo 1990-2020 han sido: Asturias, -42%, Galicia, -40%, Ceuta, -38%, Castilla Y León, -33%, y Aragón, -26%, siendo la reducción general en España del -6%.
- Las CCAA que más han disminuido sus emisiones totales entre 2019 y 2020 han sido: Baleares, -32%, La Rioja, -28%, Madrid, -25%, Aragón, -24%, y Galicia, -21%. Las emisiones sometidas al mercado de emisiones disminuyeron un 19% entre 2008 y 2020. Respecto a las emisiones de sectores sometidos al mercado de emisiones, Baleares las disminuyó en un -44%, en un -40% La Rioja, -38% en Madrid, -34% en Aragón y -28% en Galicia.
- Los mayores emisores per cápita son los asturianos, seguidos de los navarros, castellano leoneses y cántabros, coincidiendo una vez más con la localización de las centrales térmicas de carbón, de gas y de las instalaciones industriales en zonas por lo general poco pobladas. Por el contrario, los menores emisores per cápita son los madrileños, valencianos y andaluces. Aunque es evidente que, sobre todo en el caso de Madrid, estas comunidades consumen mayoritariamente la energía que se produce en regiones como Aragón, Asturias o Galicia.
- El pico de las emisiones se produjo en España en 2007, año en que el cómputo ascendió a 354 millones de toneladas de CO2. Las CC.AA. que más tarde disminuyeron sus emisiones fueron Murcia y Baleares; las que primero mostraron el pico máximo de emisiones fueron Galicia, Navarra y Canarias, en 2005; en algunas CC.AA. todavía en 2019 continuaban aumentando las emisiones de GEI.
- Tan solo tres regiones, Andalucía, Cataluña y Baleares, cuentan con una Ley propia autonómica de Cambio Climático. Y están tramitando o a punto de iniciar una ley climática en el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, La Rioja y Canarias.
Los datos hasta 2019 proceden del MITECORD; los de 2020 han sido estimados.
Las Comunidades Autónomas tienen una importante responsabilidad en las emisiones de su territorio tanto para desarrollar sus propios planes y políticas de reducción, potenciar las renovables, incentivar el autoconsumo, seleccionar la compra pública desde las administraciones, aumentar las exigencias a empresas en contratos públicos… Dentro del Pacto Verde Europeo, en septiembre de 2020 la Comisión propuso elevar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, incluidas las emisiones y absorciones, hasta al menos el 55% con respecto a 1990; esta decisión es más ambiciosa que la definida en el Acuerdo de París.
Fernando Prieto, del Observatorio de Sostenibilidad, manifiesta que “debido a la decepción de la COP26 es cada vez más necesario considerar que cada tonelada de CO2 cuenta y que, aunque el pico en las emisiones ya se ha producido en España y en todas las autonomías, es necesario hacer un esfuerzo en todas y cada una de las administraciones para descarbonizar sus territorios, así como todas las actividades que existen que sean todavía contaminantes en esta década clave 2021-2030.”
Carlos Alfonso, también el OS, señala “la importancia de que todas las Comunidades Autónomas tengan una ley de cambio climático comparable y exigente”.
Por su parte Agustí Amorós, en el marco de la COP26, señala “el importante paso de la UE, que ha elevado del 40% al 55% la reducción de emisiones en 2030 y la necesidad de sistemas de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas en los procesos de reducción de emisiones”.
Se puede aducir que las políticas energéticas e industriales pueden venir dadas por decisiones del Gobierno Central, sobre todo en el caso de la política energética donde las decisiones se han tomado desde una óptica centralizada; pero el importante grado de descentralización del país permite que los distintos territorios tengan cada vez mayor poder de decisión para contribuir a la lucha contra el cambio climático.
EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
1990-2020*
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES? UNA VISIÓN DE FUTURO SOSTENIBLE
Las CC.AA. tienen competencias claves para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus territorios y deben ejercerlas para marcarse objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y en definitiva de descarbonización.
Se deben establecer responsabilidades diferenciadas entre las CC.AA. en lo que respecta a las decisiones que pueden tomar sobre su propio territorio para establecer aportaciones equivalentes en cuanto a su aportación al calentamiento de la tierra.
Se debe aumentar la rendición de cuentas y la coherencia en las políticas y, por supuesto, evitar las subvenciones a los combustibles fósiles apostando de forma clara por las energías renovables y el autoconsumo.
Se trata de que cada CC.AA. asuma sus responsabilidades para poner en marcha una agenda propia hacia la descarbonización. Además, las CC.AA. tienen una responsabilidad más directa sobre las emisiones de los sectores difusos.
En definitiva, si las CC.AA. son responsables en gran parte de las políticas de adaptación y compensación, deben asumir el liderazgo en la reducción de las emisiones y participar en la política energética y de transportes.
Sin duda, los esfuerzos de las comunidades y ciudades pueden ayudar a marcar el comienzo de un movimiento de reducción de emisiones. Estos esfuerzos se trasladarán sin duda a escala global y podrán ayudar a evitar un colapso completo en los sistemas climáticos de la Tierra.
El impacto acumulativo de muchas políticas de las CC.AA. (apuesta por renovables, cambios de modelo de transporte, tejados solares, etc…) y ciudades pueden permitir el avance hacia un futuro más sostenible y que permita una mayor calidad de vida a todos los ciudadanos.
Las dos organizaciones, OS y IS GROUP, junto a ESRI España, han lanzado la herramienta ODSMAPS con el objetivo de cuantificar los indicadores de cambio climático y desarrollo sostenible a escala local y regional
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