El pasado martes 19 se firmó en el Ayuntamiento de Madrid, la Instrucción por Decreto sobre «la incorporación de cláusulas sociales celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal». El decreto que es de aplicación desde su publicación, afectará a todos los contratos del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y entidades del sector público municipal, lo que supone un volumen de contratación de cerca de 1.500 millones de euros anuales.
La igualdad, la accesibilidad, la seguridad y la salud laboral, el empleo, la estabilidad del mismo y la formación en el lugar de trabajo destacan entre los objetivos de la nueva contratación. En los contratos que se adjudiquen, sea del organismo que sea, deberá observarse al menos uno de estos objetivos frente al actual criterio del precio como criterio único para la adjudicación del contrato. Las cláusulas, su ámbito de aplicación y los criterios de valoración vienen especificadas en la instrucción y los cinco anexos de la misma.
Así, dentro del empleo, se tendrán en cuenta el número de trabajadores contratados y la estabilidad de sus puestos, que será una condición fundamental a la hora de valorar y adjudicar contratos en los que la mano de obra sea el componente fundamental (sobre todo de contratos para la prestación y gestión de servicios).
La subrogación contractual de trabajadores será obligatoria en contratos de más de 300.000 euros de prestación de servicios públicos y para todos los de gestión de servicios públicos. Esto significa que al término de un contrato, el personal de la empresa adjudicataria saliente pasará a estar adscrito a la nueva adjudicataria con todos los derechos y obligaciones.
También se valorará el mantenimiento, estabilidad y mejora de las condiciones de trabajo del personal así como la continuidad del servicio.
Existe una categoría de contratos específica, los contratos con perspectiva social. Por contratos con perspectiva social se entienden aquellos que están directamente relacionados con políticas sociales (como puede ser la educación o la asistencia a mayores) y también los que van destinados a colectivos como perceptores de renta mínima de inserción, personas sin hogar en proceso de acompañamiento social por recursos públicos, jóvenes mayores de 18 años previamente tutelados, mujeres víctimas de violencias machistas y personas desempleadas de larga duración.
Las personas encargadas de la licitación, adjudicación y gestión de contratos participarán en una comisión de seguimiento encaminada a la correcta ejecución de esta instrucción que se reunirá con periodicidad.
Junto a esta instrucción centrada en las cláusulas sociales, la contratación pública del ayuntamiento de Madrid, que pretende configurarse como un referente social, elaborará nuevas instrucciones de carácter social, ambiental, ético de comercio justo e innovadoras, que se elaborarán con criterios participativos.
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