A finales de enero, la Comisión puso en marcha un paquete contra la elusión fiscals, que contenía una serie de propuestas legislativas destinadas a prevenir la planificación fiscal agresiva por parte de las empresas multinacionales. El caso LuxLeaks en 2014 por el que salió a la luz que cientos de empresas globales, como Pepsi, Ikea y FedEx habían concluído acuerdos fiscales secretos con Luxemburgo, fue decisivo para aumentar el grado de contestación y activismo social frente a estas prácticas fiscales.
En la propuesta de enero, se preveía que las empresas reportasen solamente a las autoridades fiscales nacionales europeas sin necesidad de hacer pública la información. Este plan original fue duramente criticado por grupos pro-transparencia como la Red Europea para la Deuda y el Desarrollo (EURODAD).
The Guardian publicó recientemente que la Comisión estaría trabajando en una modificación a las medidas propuestas en enero por la que se exigiría a las empresas multinacionales que operan en la UE hacer públicos sus impuestos y ganancias. El borrador de la nueva normativa, cuya evaluación de impacto está en curso, se presentará el próximo 12 de abril. Concretamente, se estudia que las grandes corporaciones de todo el mundo se vean obligadas a hacer públicos a los gobiernos de la UE sus prácticas fiscales incluyendo el desglose país por país, de tal manera que incluso multinacionales estadounidenses como Google, Facebook y Amazon se verán obligadas a revelar públicamente sus ingresos y e impuestos en Europa.
El presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, que fue ministro de finanzas de Luxemburgo entre 1995 y 2009, fechas en la que tuvieron lugar algunos acuerdos fiscales del caso LuxLeaks, parece estar a favor de la iniciativa, junto el Comisario Pierre Moscovici.
La cuestión fundamental ahora se centraría en fijar el umbral de ingresos para que las empresas tengan obligación de reportar públicamente sus ingresos e impuestos. La cuestión no es baladí puesto que según, Tove Maria Ryding, coordinador de justicia fiscal de EURODAD, si la Comisión decide limitar la información pública a las grandes empresas – las que tienen más de € 750m en facturación anual – el 85% de las multinacionales del mundo no se vería afectada por la nueva medida.
Por otra parte, estas modificaciones marchan en paralelo a la investigación en el seno del Parlamento Europeo sobre estos acuerdos fiscales y en medio de acusaciones a la Comisión Europea de falta de transparencia impidiendo el acceso a documentos vitales para la investigación hasta el punto de que el pasado 13 de enero interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia Comunitario contra la Comisión para forzarla a entregar los documentos.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés) denunció que cerca de 340 empresas habían procedido a este tipo de prácticas fiscales agresivas, ayudadas por empresas de consultoría como PwC, Ernst & Young, Deloitte y KPMG.
Junto a ello, la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, impuso una multa a Starbucks en los Países Bajos y Fiat en Luxemburgo por considerar ilegales sus ventajas fiscales. El mes pasado también consideró que las ayudas fiscales belgas a 35 multinacionales eran ilegales, considerándose como una ayuda ilegal de Estado imponiendo a Bélgica una multa de 700 millones de euros. Investigaciones similares están en curso sobre Apple en Irlanda y Amazon en Luxemburgo.
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