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Como ya adelantamos en su día en Agora, Francia se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir a los supermercados tirar o destruir los alimentos sin vender, forzándoles a donar los excedentes a organizaciones benéficas y los bancos de alimentos.
En virtud de una ley aprobada por unanimidad en el Senado francés, los supermercados ya no podrán deshacerse de la comida en buenas condiciones que se acerque a su fecha de caducidad sino que deberán donarla a bancos de alimentos u organizaciones benéficas, que serán los encargados de reclutar voluntarios y organizar el transporte y logística de estos excedentes. Los supermercados también tendrán prohibido echar a perder o destruir deliberadamente los alimentos.
La ley es el resultado de una campaña popular iniciada por activistas contra la pobreza, y concretamente por el concejal de Courbevoie, Arash Derambarsh y en respuesta al alarmante aumento de familias y personas sin hogar en Francia que buscaban alimentos en los contenedores de los supermercados. Derambarsch junto con su amigo Mathieu Kassovitz, decidieron lanzar una petición para conseguir una ley que obligara a los supermercados a distribuir los productos no vendidos. Su petición fue firmada por 175.000 personas, y se presentó como iniciativa popular en abril ante el Elíseo como una enmienda en el marco del proyecto de la Ley Macron, por la senadora Nathalie Goulet.
El pasado 21 de mayo fue aprobado el proyecto legislativo conocido como la Ley Antigaspillage (antidespilfarro), una serie de enmiendas dentro de la Ley de Transición energética que abordan este tema.[5] En España esta petición ha sido secundada por Manuel Bruscas en Change.org.
Hasta ahora, la legislación gala obligaba a los supermercados a desprenderse de los productos sin vender por razones higiénicas, de tal manera que miles de kilos de alimentos que todavía eran comestibles pero que se encontraban en el límite de su fecha de caducidad, eran destruidos para evitar su reventa.
A partir del 1 de julio de 2016, los supermercados galos de más de 400 metros cuadrados estarán obligados a donar esos alimentos a ONGs para el consumo humano, para alimentar animales o para hacer abono agrícola. Si no lo hacen, serán multados. Las cadenas han mostrado su rechazo y denuncian que montar una estructura de donación tiene un coste y dificultades que tienen que asumir ellas. También se critica que el desperdicio alimentario de las grandes superficies solamente representa el 5% del total nacional en Francia de un total de 6 millones de toneladas, o lo que es lo mismo un equivalente de 2 a 100 kilos de alimentos por persona y año. Por el contrario, las organizaciones benéficas defienden que los alimentos procedentes de los supermercados podrían suponer 10 millones de comidas más para las personas necesitadas.
Francia, hasta el momento, va más allá que el Reino Unido, donde el gobierno tiene un acuerdo voluntario con las tienda de comestibles y el sector minorista para la recogida de estos alimentos, aunque desde septiembre de 2015 hay una iniciativa legislativa en la cámara de los Comunes para hacer esta práctica obligatoria.En Bélgica, por su parte hasta ahora, son los municipios los que pueden obligar a los supermercados a donar alimentos.
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