El Protocolo fortalecerá y complementará el marco jurídico para penalizar la esclavitud o las prácticas de trabajo forzoso similares, sobre todo a través de la promoción de los derechos, la información al público y la sensibilización de los que están expuestos a riesgos, incluyendo menores y empleadores, y el desarrollo de la formación para capacitar a los profesionales a identificar y proteger a las víctimas.
La OIT estima que 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso en todo el mundo, generando aproximadamente 150.000 millones de dólares anuales en ganancias ilícitas.
Mauritania es además un país piloto en el marco del proyecto Brigde que pretende fortalecer la capacidad de las partes interesadas para desarrollar, implementar y hacer un seguimiento de las políticas y planes de acción nacionales sobre trabajo forzoso.
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