4 de enero de 2021

Cinco grandes supermercados europeos como Auchan, Carrefour y Lidl, se han comprometido a retirar los productos cárnicos de tres gigantes cárnicos brasileños: JBS, Marfrig y Minerva a las que se acusa de participar en la deforestación ilegal del país.

La decisión surge a raíz de una investigación realizada por la organización brasileña Repórter Brasil, en alianza con la ONG norteamericana Mighty Earth. La investigación reveló que los productos vinculados a la deforestación se encuentran en los supermercados europeos, en forma de carne fresca, seca o enlatada.

La investigación arroja luz sobre un sistema conocido como «blanqueo de ganado«: los animales se crían en áreas deforestadas, se trasladan a granjas regularizadas y luego se venden para sacrificarlos en los mataderos, alejados de las áreas de deforestación ilegal. Otros animales también atraviesan el país, pero esta vez para ser vendidos a otras granjas, que realizan el engorde final de los animales antes de ser vendidos a industrias exportadoras. De esta forma se «enmascara» el origen de la carne.

La investigación describe un sistema donde «incluso la carne vendida por mataderos alejados de las principales fronteras agrícolas puede estar vinculada a delitos socioambientales no solo en la Amazonía, sino también en el Pantanal y Cerrado brasileños”.

Según Mighty Earth, Auchan en Francia se ha comprometido a eliminar de sus tiendas los productos de carne vinculados a JBS, al igual que Carrefour Bélgica, al mismo tiempo que el grupo Carrefour afirmar querer fortalecer su vigilancia en todos los países donde opera. La cadena de supermercados belga Delhaize está prohibiendo los productos de Jack Link’s (un socio comercial de JBS) en sus estantes. Albert Heijn, una de las cadenas de supermercados más grandes de los Países Bajos, dejará de abastecerse de carne de vacuno brasileña, al igual que Lidl Netherlands, que dejará de vender carne de vacuno de origen sudamericano a partir de enero de este año.

Los grupos brasileños involucrados, sin embargo, rechazan las acusaciones. JBS, el productor de carne número uno del mundo, afirmó en un comunicado que estaba practicando una política de tolerancia cero «frente a la deforestación ilegal, el trabajo forzoso y el abuso de territorios indígenas o áreas protegidas». La empresa explicó que instaló un sistema de «rastreo satelital de sus proveedores» hace 10 años. Según JBS, hasta el momento no es posible «controlar proveedores y proveedores de la misma forma», pero el grupo asegura haber invertido en una nueva plataforma para obtener en 2025 «una cadena de suministro sin el menor rastro de deforestación ilegal». Por su parte, Marfrig dijo «estar comprometido en la lucha contra la deforestación ilegal desde 2009 (…), siguiendo un estricto protocolo» que sus proveedores están obligados a seguir.

Esta medida es importante y avanza en la misma dirección que las medidas adoptadas por la Comisión Europea. Como parte de su Pacto Verde, la Comisión Europea propuso el 17 de noviembre un nuevo reglamento para prohibir la importación a la Unión Europea (UE) de productos cuya explotación provoque la destrucción de los bosques. El texto abarca seis productos: café, cacao, madera, aceite de palma, soja y carne vacuna.

De hecho, una vez adoptado el texto, las empresas interesadas deberán aportar una garantía de que los productos puestos a la venta en el mercado europeo no proceden de una parcela deforestada con posterioridad al 31 de diciembre de 2020. Estarán obligadas a poner en marcha un Sistema de geolocalización y trazabilidad de sus productos hasta ese terreno. La Unión Europea podría sancionar a las empresas que no cumplan con estos requisitos. Al mismo tiempo, la Comisión desea construir una clasificación de países exportadores según el riesgo de deforestación.

Entre las sanciones previstas, se incluyen la confiscación de las mercancías y productos, la confiscación de los ingresos obtenidos por el operador o comerciante de una transacción con las materias primas y productos, y la exclusión temporal de los procesos de contratación pública. Asimismo, se podrán imponer multas “proporcionales al daño medioambiental y al valor de las mercancías”, que según la comisión implicarán “al menos el 4% del volumen de negocios anual de los operadores o comerciantes en el estado miembro”.

El desafío es ambicioso. Entre 1990 y 2020, el mundo perdió 420 millones de hectáreas de bosques, una superficie mayor que la de la Unión Europea y  según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la UE sigue siendo en 2021 el segundo mayor importador de materias primas vinculadas a la deforestación, responsable del 16% de la destrucción asociada al comercio internacional, detrás de China (24%) pero por delante de India (9%) o Estados Unidos (7%).

Si bien muchas organizaciones ambientales han acogido con satisfacción el proyecto de reglamento, lamentan su alcance limitado. Así por ejemplo, la normativa se refiere a explícitamente solo a los bosques, pero muchos otros ecosistemas, como las sabanas y las turberas, están amenazados por la expansión agrícola y quedan fuera del texto.  Las ONG también se sorprenden de que otros productos vinculados a la deforestación, como la soja, el caucho, el maíz o el azúcar, no estén incluidos en el texto. Asimismo están ausentes garantías en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, víctimas de violencia, amenazas y acaparamiento de tierras.

Imagen de Picography en Pixabay