- Australia está considerando la adopción de una Ley contra la Esclavitud Moderna, que exigirá que las grandes empresas informen sobre las medidas adoptadas para erradicar la esclavitud en sus cadenas de suministro.
La esclavitud moderna es un término paraguas que cubre delitos como el tráfico de personas, el trabajo forzado (donde el trabajador está pagando una deuda) y el matrimonio forzado o infantil. Los migrantes y los refugiados son víctimas frecuentes, atraídos al extranjero con la promesa de un trabajo. A menudo ven requisados sus documentos de identificació y viven en condiciones miserables.
Cerca de dos tercios del comercio mundial de esclavos ocurre en Asia-Pacífico. Algunos de los principales socios comerciales de Australia, como China, Malasia, Indonesia y Tailandia, emplean trabajo esclavo. Y hay que ser conscientes de que detrás de un teléfono móvil, la ropa que vestimos o los langostinos importados puede haber esclavitud.
El Parlamento australiano está llevando a cabo una investigación sobre la adopción de una Ley de Esclavitud Moderna, similar a la que se introdujo en el Reino Unido en 2015. La ley incluiría los delitos de esclavitud, trabajo forzoso y tráfico humano bajo la supervisión de una nueva oficina gubernamental, el Comisionado independiente contra la esclavitud.
Un pilar clave de la legislación británica es el requisito de que las grandes empresas publiquen informes anuales sobre las medidas adoptadas, en su caso, para garantizar que la esclavitud y la trata de seres humanos no se están produciendo en sus cadenas de suministro.
En el Reino Unido, sin embargo, no hay una lista definitiva de las empresas que reportan; los informes, una vez publicados en los sitios web de las empresas, no se compilan oficialmente y tampoco existen sanciones por no informar.
Se estima que entre 12.000 y 17.000 empresas que operan en el Reino Unido cumplen con los criterios de notificación obligatoria. El Centro de Recursos de Negocios y Derechos Humanos, que ha creado una base de datos de declaraciones de transparencia, ha contabilizado en algo más de 2500 – esto es, cuatro de cada cinco empresas- que no cumplen con la ley.
Anti Slavery Australia recomienda que, «como mínimo», reportar sea obligatorio, con sanciones para las empresas que no cumplan. También sugieren que sea un delito «no prevenir» la esclavitud en las cadenas de suministro, exigiendo como requisito legal que una emoresa adopte medidas para investigar sus cadenas de suministro en el extranjero por los posibles abusos cometidos. Sin embargo, critica el umbral de ingresos de 100 millones de dólares sugerido por el gobierno, por abarcar sólo a las empresas más grandes – más alto que los £ 36m ($ 60m) del Reino Unido.
Puedes ver un informe sobre este proyecto aquí
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