El gobierno australiano ha acordado introducir una mayor protección para los denunciantes de ilícitos en empresas, departamentos gubernamentales y organizaciones benéficas tanto para los trabajadores del sector público como privado así como incentivos en forma de recompensas.
Después de haber sido rechazado en dos ocasiones en el Parlamento, el Senado australiano dio luz verde a finales de noviembre al Fair Work (Registered Organisations) Amendment Act 2016, que establece modificaciones sustanciales al actual sistema de protección de los denunciantes anónimos en ese país.
La reforma llega después de un largo debate interno, especialmente desde que el informe Whistleblower Protection Laws in G20 Countries – Priorities for Action situara la legislación australiana entre las más débiles en la protección de los denunciantes anónimos en los países del G20.
Los elementos claves de la Ley en términos de protección de denunciantes incluyen:
- Ampliar la categoría de denunciantes que están protegidos, para incluir ex funcionarios, empleados y miembros de un sindicato o una organización de empleadores, y contratistas de tales organizaciones;
- Incluir dentro de su ámbito no sólo infracciones a la Fair Work Act de 2009 sino también las infracciones a la Ley de Competencia y Consumo de 2010 o los delitos contra las leyes de la Commonwealth;
- El aumento de los recursos disponibles para proteger a los denunciantes, como medidas cautelares, reconocimiento de daños, o readmisión en su puesto de trabajo; y
- posibilidad de que un tribunal dicte una orden contra una persona cuando no cumpla con su deber de prevenir comportamientos que representen una amenaza o la adopción de represalias contra un denunciante – un componente clave de cualquier legislación eficaz de denuncia.
Entretanto, el gobierno ha iniciado un periodo de consulta pública, cuyos resultados se publicarán a mediados de 2017,para evaluar las medidas de protección más adecuadas para los denunciantes.
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