Greenpeace hace balance y entre las mejores noticias ambientales y sociales de 2014 está el reconocimiento judicial al derecho a la protesta pacífica, con la sentencia de absolución de los delitos de desórdenes públicos y lesiones a los activistas de Cofrentes. La organización ecologista destaca también positivamente la masiva movilización contra las prospecciones petrolíferas previstas en todo el territorio o los avances en la protección del Ártico. Como contrapunto, muestra su preocupación por las limitaciones democráticas que supone la denominada Ley Mordaza, las trabas a las renovables y el apoyo a las energías sucias.
Para Greenpeace, éstos son los hechos más destacados de 2014 en materia medioambiental:
- 16 activistas y un fotoperiodista independiente, los denominados #Cofrentes17, fueron absueltos de los delitos de desórdenes públicos y lesiones tras la acción de protesta pacífica llevada a cabo en la central nuclear de Iberdrola en Cofrentes (Valencia) en 2011.
- El rechazo a las prospecciones ha quedado patente en todo el territorio español. A pesar de las lanchas de la Armada embistieran contra los activistas de la organización y de que el barco fuese detenido tras la protesta contra el buque con el que Repsol iba a iniciar las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Canarias.
- La Declaración por el Futuro del Ártico ha sido respaldada por 1.500 personalidades de todo el mundo (casi 200 en España). Además, en septiembre Greenpeace entregó a Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, seis millones de firmas de defensores del Ártico. Además, gracias a la campaña de Greenpeace, los juguetes de Lego ya no llevarán el patrocinio de la petrolera Shell, una de grandes amenazas para el Ártico.
- Greenpeace, junto a organizaciones civiles, asociaciones de juristas e incluso sindicatos policiales, ha rechazado la aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) que se aprobó con el voto en solitario del Grupo Parlamentario Popular. La organización considera que esta ley supone un recorte al ejercicio de los derechos y libertades civiles, como el derecho de reunión y manifestación y la libertad de expresión.
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