- El gobierno federal canadiense planea la creación de un defensor del pueblo para una “empresa responsable”.
El pasado miércoles el ministro federal de Comercio Internacional François-Philippe Champagne anunció la creación de un Ombudsman para la protección de los DDHH en la empresa, el Defensor Canadiense para la Empresa Responsable, OCER por sus siglas en francés, el primero en su género en el mundo. Este nuevo órgano estará orientado inicialmente a los sectores de la minería, el petróleo y el gas, aunque posiblemente se expanda a otros sectores en el futuro.
El gobierno también anunció la creación de un consejo consultivo de partes interesadas sobre el tema, que incluirá representantes del mundo empresarial, académico, legal y sin fines de lucro.
Son muchas las demandas que ha recibido en los últimos años el gobierno de Canadá para responsabilizar a las empresas canadienses implicadas en violaciones de derechos humanos y degradación ambiental en otros países. A menudo, los casos han girado en torno a la violencia presuntamente perpetrada por fuerzas de seguridad empleadas localmente en sitios mineros propiedad de empresas canadienses o sus subsidiarias en el mundo en desarrollo, o policías o militares que trabajan en beneficio de la empresa.
La firma canadiense de ropa Joe Fresh y el minorista Loblaw también recibieron críticas y fueron demandadas, sin éxito, en una demanda colectiva por su conexión con el desastre de Rana Plaza en Dhaka, Bangladesh en 2013 donde murieron más de 1.000 personas.
La industria minera de Canadá ha promocionado públicamente las políticas y los esfuerzos de responsabilidad social empresarial para prevenir dichos incidentes en los últimos años, y el gobierno de Canadá ha realizado intentos durante la última década para abordar el problema.
Algunos defensores de los derechos humanos han considerado esos esfuerzos como insuficientes, y las soluciones del gobierno -incluido un consejero de responsabilidad social corporativa- no eran suficientes como para disuadir los abusos contra los derechos humanos. Hasta ahora, el Consejero de RSC del Sector Extractivo, asignado para tratar de resolver de manera informal o prevenir disputas entre compañías extractivas y personas afectadas por sus proyectos, no tenía competencias de investigación y sanción en casos de mal desempeño corporativo.Sin embargo, a diferencia del consejero de RSC, el nuevo ombudsman probablemente tendrá la autoridad para exigir pruebas, y posiblemente testimonios, de compañías canadienses involucradas en investigaciones.
Los liberales ya incluyeron en sus propuestas en la campaña electoral de 2015, un ombudsman independiente para el sector extractivo. Por su parte, la industria minera de Canadá, la Asociación Minera de Canadá, también ha respaldado las propuestas de un ombudsman corporativo de responsabilidad social, pero que abarcase a todas las empresas canadienses y no únicamente al sector extractivo.
Los defensores de los derechos humanos, incluida la Red Canadiense de Responsabilidad Empresarial, habían pedido una oficina del defensor del pueblo, independiente del gobierno federal.
El ombudsman probablemente tendrá competencias para responder a las solicitudes de investigación de hechos que involucren a una compañía canadiense, iniciar sus propias investigaciones, tratar de mediar en disputas y hacer recomendaciones al ministro de comercio para una acción adicional cuando esté justificado, según John Ruggie, que ha estado asesorando al gobierno en este tema. Las sanciones por no cooperar con el Ombudsman siguen siendo las mismas que bajo la oficina del Consejero de RSC del Sector Extractivo: la retirada de apoyo diplomático, financiación gubernamental y otra ayuda gubernamental para los esfuerzos de la compañía en el exterior.
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