29 de abril de 2020
Maravillas Espín Sáez, fue nombrada Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas el pasado 28 de enero. Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid donde es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde 2004, galardonada en 2008 con el Premio Nacional del Consejo Económico Social por su tesis doctoral ‘El socio trabajador. Criterios para sistematizar la realidad del autoempleo colectivo’, e investigadora en distintas líneas de investigación como autoempleo, emprendimiento y trabajo asociado; economía social; políticas públicas de lucha contra la exclusión social; y protección de colectivos vulnerables, su currículum vitae avala un nombramiento para una Dirección general con gran capacidad de influencia e impacto social.
Helena Ancos, Directora de Agora, ha tenido el placer de conversar con ella en plena crisis del COVID19 y cuando los cometidos de su área de trabajo cobran más fuerza que nunca y se someten a mayores desafíos.
Pregunta: La Comunicación de la Comisión Europea de octubre 2011 supuso un cambio radical en el concepto de RSC, donde se perdió el término de voluntariedad para abrazar una definición de la Responsabilidad social centrada en los impactos de la actividad de los agentes económicos.
Ahora estamos en otra etapa donde las ideas económicas imperantes, que se han sustentado en un sistema de abundancia de materias primas y de energía dejan paso a objetivos como el cambio climático y la transición energética o el respeto a los Derechos Humanos.
¿Cree Ud. que estamos realmente en otra etapa de la RSC? ¿Cuáles son los retos principales de la RSC para los próximos años?
Respuesta: En efecto, considero que estábamos en una etapa marcada por un giro y una transición hacia los objetivos que subrayabais en vuestra pregunta. Desgraciadamente, la actual situación de crisis sanitaria impuesta por el COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas, nos lanzan hacia una nueva etapa de perfiles inciertos. No obstante, entiendo que las lecciones aprendidas durante estas duras semanas y las que hemos de aprender, nos muestran que aquellos objetivos han de estar más presentes que nunca.
Combatir la desigualdad ha de ser la acción más importante, con la finalidad de que nadie quede atrás. Sin ninguna duda, esta acción ha de integrarse en la lucha por el respeto de los Derechos Humanos y por conseguir que las personas vivan y trabajen en entornos seguros y sostenibles.
Hoy más que nunca, se hace necesario dar prioridad a las personas para avanzar y conseguir la igualdad de oportunidades y establecer un equilibrio que no deje a nadie al margen del sistema por motivos económicos, sociales o medioambientales. Ese es uno de nuestros mayores compromisos como personas, como sociedad y como país.
En este sentido, es fundamental impulsar la Responsabilidad Social de las Empresas desde las políticas públicas y alinear las distintas estrategias, planes y programas que la desarrollan, impregnando la cultura de la responsabilidad social en todo nuestro tejido productivo. En los tiempos que vienen se hace más que necesario impulsar y apoyar la contribución activa de las empresas para mejorar su entorno social y económico, afectado de manera dramática por el impacto de la crisis sanitaria y, por supuesto, siempre en línea con los compromisos ya asumidos en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
P. ¿Cuál va a ser el programa de trabajo definido por su Dirección General? ¿Hay sectores prioritarios?
La Dirección General tiene tres pilares básicos, como son el fomento e impulso del Trabajo Autónomo; de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Se abre ahora una nueva etapa en la que hay que analizar las Estrategias vigentes y diseñar otras nuevas acordes con la realidad sobre la que se pretende influir. Sin duda, nuestra mirada, como la de las organizaciones más representativas de cada sector, está cambiando a lo largo de estas semanas, y a los objetivos previos a esta etapa se suman los nuevos retos que plantea el escenario de progresiva recuperación.
Desde el inicio de nuestra andadura, el diálogo social ha sido fundamental para avanzar en nuestro trabajo. En estas semanas, los canales de comunicación han estado abiertos de forma permanente e intensa, para recoger demandas, poner en común inquietudes y propuestas de solución. Muchas de estas propuestas han sido trasladadas en forma de medidas legislativas a los sucesivos Reales Decretos Ley promulgados durante este periodo de crisis.
De esta apuesta decidida por mantener este diálogo se ha tomado la iniciativa de activar reuniones periódicas con las Comunidades Autónomas y con las asociaciones de trabajo autónomo y con las entidades de economía social. Es la fórmula más ajustada a la necesidad de aproximar un buen diagnóstico sobre el que construir, todos juntos, soluciones para avanzar hacia la recuperación.
En esta línea, y de cara a nuestras próximas actuaciones, considero fundamental la renovación y revitalización del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), del Consejo para el Fomento de la Economía Social (CFES) y la potenciación y actualización de las medidas en favor de las personas trabajadoras autónomas, para lograr el reconocimiento e impulso que merece este colectivo.
Del mismo modo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de esta Dirección General, va a orientar la dotación presupuestaria para las subvenciones que se concedan este año, de forma que redunden de la manera más eficiente, en el apoyo, en estos momentos especialmente críticos, del trabajo autónomo, de las entidades de la economía social, así como a las organizaciones que las representan, y al fomento de la responsabilidad social empresarial.
De otra parte, deseamos mantener, en la medida en que las circunstancias lo vayan permitiendo, nuestros objetivos de impulso de la agenda europea e internacional, en particular en las relaciones con Iberoamérica en las materias competencia de la Dirección General. Generar redes de apoyo, de puesta en común de buenas prácticas, es esencial en este momento.
P. El Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, en su discurso de toma de posesión, citaba como reto promover la democracia en la empresa, un sistema de gobernanza que avanza cada vez más apoyado por estudios científicos y por las contradicciones sociales y económicas de la realidad empresarial en todos los continentes, como un aumento de la desigualdad entre trabajadores ricos y pobres. Incluso el último manifiesto del Foro Económico de Davos apuesta por un mayor protagonismo de todos los grupos de interés en la empresa ¿Tiene su Dirección General prevista alguna iniciativa en este ámbito?
R. Partimos del convencimiento de que un sistema de gobernanza democrático que tenga en consideración a los distintos grupos de interés repercute de manera positiva en el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, acerca a la empresa a la realidad en la que opera y contribuye a la configuración de una sociedad más justa y equitativa.
Como indicaba anteriormente, los objetivos previos a esta crisis se hacen más necesarios ahora que nunca. Por eso, considero que se hace más actual y urgente la necesidad de que las empresas pongan en marcha o intensifiquen sus acciones y estrategias para impulsar la diversidad en las plantillas, para que estas sean un reflejo de la sociedad en la que se desarrollan; han de realizar su compromiso con la garantía de los derechos humanos y sociales; deben responsabilizarse de salarios justos, empleos estables y de que tanto las empresas como su cadena de suministros desarrollen actuaciones justas y respetuosas con el medio ambiente.
En este sentido, las empresas de la economía social son un referente claro de participación democrática y defensa de unos valores comprometidos con la igualdad de oportunidades, el empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el apoyo al desarrollo local y la sostenibilidad. Estos principios se han puesto de manifiesto en las innumerables buenas prácticas de las diferentes entidades que componen la Economía Social durante la crisis sanitaria.
Sin duda, con su impulso y desarrollo se incrementa el bienestar y la cohesión social, contribuyendo también al empleo de grupos en situación de vulnerabilidad. No en vano, la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, se considera una de las denominadas “políticas “palanca” en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.
En cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial, desde la Dirección General se continuará con su promoción y difusión a través de programas y ayudas, en particular dirigidos a las PYMES, por constituir la esencia de nuestro tejido empresarial y contar con menos posibilidades de desarrollo. Un aspecto fundamental será el impulso, en línea con lo marcado para las grandes empresas y grupos empresariales por la Ley de Información No Financiera y Diversidad, de la transparencia a través del reporting, que aumente la confianza de los grupos inversores, de las personas consumidoras y de la sociedad en general en aquellas empresas que apuesten decididamente por la igualdad de oportunidades, por el medioambiente y el buen gobierno.
Por último, no puedo dejar de recordar que hay empresas que bordean los márgenes de la ley y que, en condiciones especialmente sangrantes durante estas semanas de confinamiento, utilizan figuras como los denominados “falsos autónomos” para recortar derechos laborales. La Dirección General, junto a la Inspección de Trabajo, combatirá esta situación con todos los medios que prevé nuestro ordenamiento para ello.
P. Usted es especialista en la introducción de la perspectiva de género en el ámbito de las relaciones laborales. ¿Cuál es su valoración de la situación actual de la RSC y su papel en la igualdad de género? ¿Cómo podemos seguir avanzando para reducir las brechas de género en la empresa?
R. La visión androcéntrica que todavía impera en la sociedad se reproduce con especial intensidad en las relaciones laborales y en la estructura y funcionamiento de las empresas.
Son muy destacables los pasos avanzados en el pasado reciente con la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. No obstante, queda aún mucho trabajo por hacer.
Las mujeres continuamos en desventaja en los procesos de contratación y de promoción; se mantienen las brechas de género en cuestiones como los ingresos, el acceso a las prestaciones sociales; a la financiación para poner en marcha negocios; escasean las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en el trabajo por cuenta ajena y en el trabajo por cuenta propia, etc.
La crisis económica de 2008 redundó en un incremento de esta desigualdad. Como sociedad, no podemos permitirnos incrementar esta desigualdad tras la actual crisis sanitaria. Hemos de extraer lecciones de la dura experiencia que estamos viviendo; es el momento de avanzar en medidas que prevengan la apertura de la brecha y, en todo caso, para dar pasos hacia su reducción.
Es fundamental consolidar las medidas de transparencia en la información en aquellas cuestiones que permiten actuar con medidas concretas en la consecución de la igualdad efectiva en las empresas. La consolidación y mejora de la eficacia de los planes de igualdad en las empresas es esencial.
Por supuesto, si hablamos de violencia y acoso en el mundo del trabajo, la tolerancia ha de ser cero, poniendo todos los medios disponibles para su erradicación. Conviene recordar que, de forma reciente, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha iniciado el proceso de ratificación del convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo de trabajo, siendo España uno de los primeros países en hacerlo.
Las medidas de igualdad de género en el ámbito laboral deben estar integradas en una concienciación y sensibilización general hacia la igualdad de oportunidades; por ejemplo, el aumento de las actuaciones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, cuando las actividades de cuidado de personas dependientes recaen prácticamente en exclusiva en las mujeres, debe llevar aparejado una potenciación de la corresponsabilidad, que sitúe en un mismo plano a mujeres y hombres. En todo caso, tengo la convicción de que la tremenda experiencia que estamos viviendo en estas últimas semanas, también va a condicionar nuestro enfoque, colectivo e individual, y la priorización de estas medidas.
P. La Responsabilidad Social Corporativa, cada vez está descendiendo a temas más tangibles y de mayor impacto para la sociedad, desde sus inicios como actividades de acción social.
Una de las grandes preocupaciones y problemas para la ciudadanía en nuestro país es la creciente desigualdad. ¿Cómo puede contribuir la RSC y las políticas públicas en este ámbito a lograr una mayor inclusión social?
R. Las medidas adoptadas durante esta crisis han perseguido el objetivo de que ninguna persona quede atrás, en este momento de especial necesidad. En este sentido, considero que este objetivo debe ser nuestra gran aspiración como sociedad. A esto se puede contribuir de manera decisiva desde las empresas.
En un momento como el actual, es prioritario que se promuevan condiciones de trabajo dignas, para evitar la pobreza laboral. La desigualdad debilita nuestro tejido productivo y nuestra capacidad de reacción ante situaciones imprevisibles como la que estamos enfrentando. Tenemos que apostar por la regeneración de un tejido fuerte y resiliente basado también en la calidad del empleo.
Del mismo modo, la promoción de la diversidad en las plantillas, por ejemplo, mediante la inclusión de personas pertenecientes a etnias minoritarias o con discapacidad, aumenta además la productividad, tal y como se puede contrastar con la literatura científica. También es importante la responsabilidad en la vigilancia de las condiciones laborales de las cadenas de suministro o contratar directamente con empresas cuya finalidad es la inclusión social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión, como son las empresas de inserción y los centros especiales de empleo.
Las políticas públicas tienen aquí también una importante responsabilidad. Por un lado, se deben sentar las bases para facilitar la contratación de colectivos vulnerables por parte de las empresas y contribuir a la visión positiva de esta diversidad. También debe vigilarse el cumplimiento de la reserva de discapacidad y la aplicación de medidas alternativas.
P. Por otro lado, el reto de la Administración, en tanto que el mayor contratante del país, es ampliar y reforzar el uso que la Ley de Contratos pone en su mano, como el empleo de las cláusulas sociales o de los contratos reservados a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a las empresas de inserción.
La contribución de la Economía Social al desarrollo sostenible y a sociedad más inclusivas es cada vez más incuestionable. ¿Hay medidas previstas para su promoción en nuestro país?
R.El cambio en la denominación del Ministerio, en el que por vez primera se incluye la Economía Social, así como la existencia de una Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, es ya toda una declaración de principios.
No solo valoramos la importancia que tiene la Economía Social en el desarrollo del tejido económico de nuestro país y reconocemos las bondades de esta manera de hacer empresa, sino que también creemos que puede desempeñar una labor fundamental en el futuro del trabajo, como indica la declaración del centenario de la OIT.
Sin duda, el papel de la Economía Social y de las entidades que la lideran va a ser clave para la salida de la crisis social y económica que llega. Las empresas de la Economía Social generan puestos de trabajo estables y de calidad, tienen mayor resiliencia en tiempos de crisis, y contribuyen decididamente al desarrollo sostenible y a la cohesión económica, social y territorial. Podemos afirmar que este es el momento de la Economía Social.
Así, nuestra apuesta por la Economía Social se refleja en la constante cooperación, intensificada en estas semanas de trabajo incesante, entre nuestro Ministerio y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), aliado natural de nuestro Departamento para la promoción del sector.
Asimismo, celebramos el anuncio de la Comisión Europea de un Plan de Acción Europeo en defensa y promoción de la Economía Social, al que España contribuirá en la línea del liderazgo que tiene actualmente sobre la materia. En esta misma línea, nuestro Ministerio ha hecho expresa su adhesión a las iniciativas de apoyo a la Economía Social ante el Parlamento y la Comisión, un apoyo coherente con la actuación ejemplar de este sector, de solidaridad y trabajo, durante la crisis del COVID-19.
Finalmente, desde nuestra Dirección General, se está trabajando en la modificación del RD sobre organización y funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía Social, con la finalidad de dotar a este órgano asesor y consultivo del Gobierno de mayor agilidad y aprobar en su seno una nueva Estrategia Española de la Economía Social, que se alineará con el Plan de Acción Europeo.
P. Muchos temas de responsabilidad social corporativa como la promoción del trabajo decente y de los derechos humanos, aún con avances importantes, parecen quedar muy lejos del consumidor occidental y del público interesado en la RSC. ¿Qué iniciativas plantea para seguir avanzando en este ámbito?
R. La promoción del trabajo decente y de los Derechos Humanos no solo parecen quedar lejos de las personas consumidoras, sino que, en no pocas ocasiones, las empresas los perciben como algo ajeno a ellas. Y nada más lejos de la realidad.
Desde el punto de vista de la RSE, es importante que las empresas tengan un código ético o de conducta que recoja el conjunto de valores, principios y criterios que orienten su actividad y que sean conscientes de lo que ocurre en sus cadenas de suministros. Y, una vez más, la transparencia resulta esencial para que las personas consumidoras puedan tomar sus decisiones de compra.
En España se ha realizado una importante labor legislativa con la firma de acuerdos internacionales sobre la materia. Hay que recordar que España es el país que más convenios de la OIT ha ratificado: 133 convenios, entre ellos, los 8 convenios fundamentales, que regulan los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y los 4 convenios prioritarios de gobernanza. Y está encaminada la ratificación del convenio nº 190 sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. En este sentido, siempre incidimos en la necesidad de promover la ratificación y aplicación de los tratados y convenios internacionales que velen por la protección de los derechos humanos y los derechos laborales.
Dada la complejidad de las relaciones comerciales mundiales, desde la Dirección General abogamos por la elaboración de un convenio de la OIT sobre trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro y apoyamos distintas iniciativas, como las desarrolladas por la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas que, tanto colectiva como individualmente, ayuden a las empresas a la promoción del trabajo decente y de los Derechos Humanos.
Por otro lado, la Dirección General colabora de manera activa con otros departamentos para promover los Derechos Humanos. Así, por ejemplo, formamos parte del Punto Nacional de Contacto para la puesta en práctica de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y somos miembros de la comisión de seguimiento del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
P. Finalmente, la RSC y su articulación con la Agenda 2030 parece inevitable. ¿Hay prevista alguna Comisión de trabajo conjunta? ¿Se va a reactivar el CERSE?
R. La aplicación de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcaba y debe seguir marcando la hoja de ruta de hacia dónde debe ir la Humanidad en la próxima década. La RSE desempeña una labor esencial en el cumplimiento de los ODS y, como tal, una de las líneas programáticas a seguir por la Dirección General es la creación de sinergias entre la Responsabilidad Social de las empresas y los compromisos asumidos en la Agenda 2030 y sus ODS.
Actualmente está avanzada la modificación del RD que regula el funcionamiento del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), con la finalidad de que se convierta en un órgano asesor y consultivo del Gobierno que funcione con agilidad. Entre sus miembros, como no podía ser de otra manera, hay representantes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Y entre las vocalías que representan a las organizaciones e instituciones de reconocida representatividad e interés en el ámbito de la Responsabilidad Social de las Empresas, se tendrá en cuenta, entre otros, a la representación de las asociaciones, consejos u organizaciones de los campos de los consumidores, el medio ambiente, la discapacidad, la igualdad y la economía social, todas ellos campos de acción fundamentales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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