Antecedentes
Los grupos de presión constituyen una pieza clave en el funcionamiento de cualquier democracia. La defensa de sus intereses y el acceso a las instituciones y a los representantes públicos, es un ejercicio legítimo que debería servir para buscar el equilibrio entre intereses públicos y privados en los procesos de decisión públicos y para mejorar la eficacia de las leyes.
La transparencia sobre las actividades de los grupos de presión no sólo constituye un mecanismo de rendición de cuentas, de accountability de las instituciones, sino que representa el mejor antídoto contra la ineficacia de las leyes, la captura de los reguladores por los intereses de unos pocos, y las desigualdades. El lobby es una actividad legítima de influencia en las decisiones públicas pero necesita de adecuados contrapesos para evitar abusos.
En la Unión Europea, la influencia de los grupos de presión adquiere dimensiones exponenciales sobre unas políticas comunitarias que afectan a millones de ciudadanos. En la actualidad, se estima que la capital europea cuenta con cerca de 30.000 lobbistas o representantes de intereses, casi tantos como empleados en la propia Comisión, según Corporate Europe Observatory. Y según Lobby Facts, la principal plataforma europea por la transparencia de los lobbies, sólo los diez principales lobistas en la UE, mueven cerca de 40 millones de euros.
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