Los cambios de estación marcan un antes y un después en el armario, de hecho cada español se deshace de una media de siete kilos de ropa usada al año. La explicación puede estar en que los gustos cambian o lo hacen las tallas, o simplemente porque la ropa se estropea. En total, generamos alrededor de 300.000 toneladas anuales de residuos textiles, a nivel doméstico. Aproximadamente el 60% de esa ropa usada se puede reutilizar y otro 25% puede reciclarse para producir trapos, hilo o material aislante.
Tradicionalmente se donaba la ropa a la parroquia que la distribuía entre la gente necesitada; actualmente son los ayuntamientos los que asumen la recogida de la ropa usada. Aunque la mayoría de los consistorios españoles no se encargan directamente de su gestión sino que han externalizado el servicio, en unos casos han optado por ceder esa concesión a una empresa textil y en otros a una entidad con fin social.
La diferencia entre una u otra opción es importante:
-En el primer caso, a las empresas textiles les mueve el lucro, con independencia de que realicen o no, una pequeña donación a algún fin social.
-En el segundo, las entidades sociales (muchas de ellas vinculadas a la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, AERESS) cumplen funciones sociales tales como: la donación de ropa a colectivos sin recursos, la inserción socio-laboral de personas en riesgo de exclusión y además destinan sus beneficios a todo tipo de acciones sociales.
En ambos casos se trata de contenedores legales y autorizados por la administración.
Pero en la vía pública, también podemos encontrarnos contenedores piratas, que no cuentan con el control ni la autorización de los ayuntamientos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cada contenedor ilegal puede generar hasta 3.500 euros anuales. Teniendo en cuenta que las organizaciones que los gestionan pueden tener varios contenedores en una misma ciudad, los ingresos se multiplican.
Estos contenedores, por supuesto tienen ánimo de lucro y además no se han presentado a ningún concurso público. Resulta evidente que dañan a las instituciones que financian proyectos solidarios con los ingresos que recaudan de la recogida de ropa. Y además suponen un fraude a las expectativas de los consumidores, que donan su ropa con buena voluntad pensando que van a favorecer a personas que lo necesitan.
La OCU levó a cabo dos investigaciones, una en el 2013 y otra en 2015, sobre los contenedores de ropa que existen en la mayoría de ciudades españolas. En el primer estudio se visitó barrios de las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, y se preguntó a los ayuntamientos para averiguar si estaban autorizados o no, en 2015 se amplió el estudio a las 50 capitales de provincia españolas.
Durante la primera investigación, en el año 2013, constató que muchos contenedores eran piratas, aunque dos años después, evidenció que los contenedores ilegales en la vía pública habían menguado, pero también que muchos ayuntamientos seguían sin potenciar la donación social.
Los falsos contenedores suelen estar identificados con pegatinas de cooperación al desarrollo o con mapas de África, que dan la imagen de pertenecer a una ONG. Con el objetivo de facilitar la identificación de los contenedores correctos la OCU ha elaborado un listado de las entidades autorizadas en la vía pública en cada capital de provincia para la instalación de los mismos en la vía pública
Desde la OCU piden:
- Que los ayuntamientos promuevan la recogida de ropa en todos los municipios y que se prioricen a las entidades con fines sociales (ONG o AERESS), a través de cláusulas sociales en los contratos de autorización de contenedores. Dado que los consumidores donan la ropa, por los menos que ésta sea de utilidad para los más necesitados.
- Que se retiren los contenedores piratas de las ciudades españolas, que pertenecen a empresas y entidades que actúan clandestinamente y suplantan a las autorizadas legalmente.
Imagen: DuBoix (Morguefile)
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