Darle la vuelta al sistema: una propuesta transformadora de Greenpeace para reponernos de los estragos de la COVID-19 y afrontar la crisis ecológica

7 de febrero de 2021

La situación en la que nos ha puesto la pandemia de COVID-19 ha mostrado la fragilidad del ser humano y nos ha obligado a repensar todo, a adaptarnos a una situación que difícilmente habíamos podido imaginar. Cada vez hay más evidencias científicas que apuntan a la estrecha relación entre la salud del planeta y la humana, y esto hace que sea imprescindible repensar el modelo en el que hemos vivido, que salgamos fortalecidos de esta dolorosa crisis y que demos la vuelta al sistema, replanteándonos todas las prácticas, especialmente las económicas, que definen la presencia humana en este planeta.

Las prioridades están, por tanto, claras: transformar la economía para que vaya de la mano de la vida y la salud del planeta. Y no parece que la receta que hemos aplicado, donde el mercado marcaba todas las políticas, sea la solución. La transformación que vamos a emprender no puede dejar ni a las personas ni al planeta de lado. Hay que aprender de los errores cometidos en la salida de la crisis de 2008, donde sufrimos recortes en políticas sociales y ambientales; el hachazo a las energías renovables y el aplazamiento de la transición energética; la desprotección del territorio y destrucción de la biodiversidad; la mala gestión de los recursos hídricos; las ruinosas infraestructuras de transporte sin justificación económica ni social; la marginación del mundo rural; el rescate millonario a las entidades financieras paralelo al olvido de las personas, y la aprobación de las leyes represoras como respuesta a la contestación social.

Repensar cómo lo hemos hecho hasta ahora y darle la vuelta al sistema, a la energía, a la movilidad, al consumo, a la alimentación, a la economía… nos permitirá reforzarnos. Con esa idea hemos formulado esta propuesta de Greenpeace frente a la crisis, un verdadero Green New Deal que aborde reformas de importante calado que estabilicen la economía, impidan la pérdida masiva de empleos, el incremento de las desigualdades sociales y de la pobreza y supongan un firme impulso para luchar contra la emergencia climática y de pérdida de biodiversidad. También incluimos aspectos referentes a la calidad democrática, más importante ahora que nunca, como eje vital para articular nuestra sociedad. Y para ello es también imprescindible incluir la solidaridad, los derechos humanos y el multilateralismo, sin ellos, no habrá una respuesta global.

Queremos reinventar el sistema energético.  No podemos continuar como si nada, con un sistema que ha llevado a nuestro planeta y nuestras sociedades al límite. Por eso, contigo a nuestro lado, ha llegado el momento de que le demos la vuelta. ¿Pero en qué consiste eso?, ¿de verdad es posible?, ¿y cuánto cuesta?

Después de un trabajo concienzudo de análisis, cuantificamos el coste de las 117 medidas que proponemos para salir de la crisis con una economía más fuerte, respetuosa con el medioambiente, las personas y mejor preparada ante otras crisis.

A lo largo de 2021 comenzarán a llegar los fondos europeos para reconstruir nuestro tejido económico y social. Nuestra mayor preocupación es que estos fondos sean acaparados por las mismas empresas que han creado el problema climático y de biodiversidad, las mismas que producen la brecha social, que perpetúan el actual sistema económico injusto. ¿Vamos a callarnos?

De las 117 propuestas que presentamos para darle la vuelta al sistema no todas requieren recursos económicos, muchas tienen que ver con la voluntad política. Tan solo el 34% de ellas requieren inversión o gasto, el resto son medidas que implican cambios regulatorios o una reorientación de las políticas públicas hacia los objetivos energéticos y ambientales contemplados en la propuesta.

Rescates públicos

Estamos ante un momento crucial para impulsar la transformación del sistema y, por ello es importante conocer dónde y a quién se van a destinar las inversiones públicas y los rescates para dar salida a la crisis económica y social derivada de la actual crisis sanitaria.

Tradicionalmente los rescates han servido para salvar las cuentas de resultados de las grandes empresas antes que para velar por el bienestar social. Una característica que ya se observó en la crisis económica de 2008 y que no debe repetirse en los rescates que se produzcan ahora. El dinero público se tiene que destinar a fines comunes que fortalezcan el tejido económico sostenible y local, y no a las cuentas bancarias de los accionistas de las grandes corporaciones.

No podemos repetir errores. Las inversiones públicas deben promover la transición ecológica para evitar crisis futuras y por ello es preciso no retomar la financiación pública de aquellas actividades que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y destruyen los recursos naturales, en especial los sectores de los combustibles fósiles, la energía nuclear, la agricultura y ganadería industrial, y los sectores del ladrillo y del hormigón.

Resulta imprescindible que cualquier intervención estatal sobre una compañía vaya acompañada de un plan de negocio que asegure su neutralidad climática y su desarrollo dentro de los límites de los recursos del planeta. Las empresas que no han hecho los deberes a tiempo no pueden utilizar la crisis de la Covid-19 como pretexto para infringir las ‘normas del juego’ que ya eran conocidas y se aprobaron mediante mecanismos democráticos. La ambición climática debe aumentar y las normativas ambientales deben respetarse y endurecerse para hacer frente a la crisis ambiental.

Vivimos una época muy complicada donde la sociedad debe asumir un importante esfuerzo para seguir adelante, por eso hay más condicionantes que se deberían cumplir en estos rescates. En este contexto, las empresas rescatadas no deberían poder emitir dividendos, aprobar bonos variables, ni declarar beneficios en su cuenta de resultados. No podemos repetir la vergonzosa imagen de directivos de empresas rescatadas cobrando bonos millonarios mientras la población más desfavorecida asumía la peor parte de la crisis. Del mismo modo, cualquier empresa o filial beneficiada por los planes de rescate no podrá operar en paraísos fiscales y deberá estar sujeta a estrictas regulaciones públicas, las cuales deberían permanecer más allá del periodo de rescate. Solo mediante un sistema transparente podemos verificar que el dinero público cumple su función de beneficiar a la sociedad en su conjunto y no solo a las grandes empresas rescatadas.

Es el momento de despedir las recetas de austeridad que trajeron recortes sobre los servicios públicos para invertir en el desarrollo de capacidades que favorezcan el bienestar del conjunto de la población, en sectores útiles para el cuidado de la vida y de las comunidades. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que cualquier intervención estatal debe servir para garantizar los derechos fundamentales como son la sanidad, la educación, la vivienda, la alimentación y los suministros básicos (electricidad, comunicaciones, agua adecuada para el consumo…), en especial para los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

Por último, la salvaguarda de las personas debe ser una de las principales metas de los rescates públicos, por lo que garantizar sus condiciones de empleabilidad y salario es requisito imprescindible. La transformación ecológica es una oportunidad para crear empleos dignos y sostenibles. La OIT estima para España que se crearían 550.000 empleos al año en la próxima década con esta transformación.

En definitiva no se trata de elegir entre salud o economía. La disyuntiva es elegir entre una economía centrada en la dignidad para todas las personas y en el medioambiente, o una economía especulativa con beneficios para una exigua minoría.

La respuesta de Greenpeace a la crisis

La necesidad de dar respuesta a la crisis económica y social ocasionada por la crisis de la Covid-19 nos sitúa ante una oportunidad única para reinventar el sistema y transformar todas aquellos sectores desde la energía, a la movilidad, al consumo, a la alimentación, que no están funcionando. Con esa idea desde Greenpeace hemos formulado una propuesta frente a la crisis, una verdadera transformación del sistema que aborde reformas de importante calado que estabilicen la economía, impidan la pérdida masiva de empleos, el incremento de las desigualdades sociales y de la pobreza y supongan un firme impulso para luchar contra la la crisis ecológica que representa la emergencia climática y de pérdida de biodiversidad.

1. Reformar la estructura productiva

Para poder transitar hacia una sociedad basada en la racionalidad ecológica, la igualdad social y el control democrático es necesario iniciar una reforma de la estructura productiva del país. Esta reforma implica cambios en al menos dos direcciones, una relativa a la propiedad de los medios de producción  y otra referida a los sectores económicos tradicionales su desarrollo y conceptualización.

Es necesario plantear esta reforma para que la nueva estructura productiva sea sustituida por un modelo en el que el uso, el acceso, el control y la distribución de los medios de producción se reparta de forma equitativa y evite la concentración de los medios de producción. 

2. El sistema fiscal actual no sirve 

Una transición ecológica justa debería tener importantes costes para las élites globales y para las grandes empresas que contaminan. Esta transformación va a necesitar una importante inyección de dinero público, que es necesario obtener de la fiscalidad.

En el planteamiento de GND de Greenpeace es necesario avanzar en una reforma fiscal justa, progresiva que tenga en cuenta la fiscalidad verde, que cuide los activos públicos existentes, oriente las inversiones en el procomún y atraiga la financiación hacia actividades más sostenibles.

3. Un ordenamiento jurídico para el medioambiente 

Para abordar esta transformación será necesario realizar una profunda reforma de nuestro ordenamiento jurídico que empiece por la protección del medioambiente en la Constitución. Esta es una primera propuesta que parece evidente y necesaria en el marco de un Estado democrático y de derecho: la necesidad de dotarnos de un nuevo marco jurídico que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro.

El reconocimiento expreso en la Constitución de un derecho fundamental a un medio ambiente adecuado posibilitaría a la ciudadanía exigir ante los tribunales la protección de este derecho. Para ello es necesaria una modificación profunda del artículo 53 CE, de modo que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales gocen de mejores y mayores garantías de protección y adición del principio de no regresividad. De este modo se puede potenciar la aplicación y el desarrollo más ambicioso del derecho a un medioambiente saludable, lo que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de las generaciones futuras en aras del interés general.

4. Transición energética hacia un modelo 100% renovable

Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta GND es la apuesta por la transición energética desde los combustibles fósiles (que hoy constituyen el 80% de la energía que consumimos) y la energía nuclear al uso de energía 100% renovable en 2040.

El modelo energético que persigue esta propuesta satisface exclusivamente con renovables todas las necesidades de energía en todos los sectores (transporte, edificación, industria, etc), y lo hace de forma más fácil, rápida, sostenible y asequible gracias a la eficiencia energética y a las redes inteligentes.

Cabe destacar que uno de los aspectos característicos de esta propuesta de GND es que aspira a resolver la eterna contradicción entre empleo y emisiones de carbono, y para ello plantea que podemos tener ciclos de crecimiento económico sensatos, con nuevos modelos verdes y sostenibles, que generen empleo y sean neutros en emisiones.

Es fundamental que nos planteemos la cuestión del control sobre el sistema energético y como elemento clave el sistema eléctrico. La propuesta de Greenpeace pasa por la ruptura del oligopolio eléctrico, mediante una adecuada regulación del mercado eléctrico, que incluya la separación horizontal obligatoria de los procesos  (generación, distribución y comercialización).

En la apuesta por el autoconsumo y las formas cooperativas de energía, debemos reflexionar sobre cómo pueden competir con un modelo productivo altamente deslocalizado y especializado (entre consultoras, ingenierías, etc). Son imprescindibles propuestas como los cambios legislativos en la licitación pública, que modifiquen los criterios de adjudicación en la contratación en favor de otros modelos de producción cooperativa o colectiva y una completa transposición de las normativas europeas que impulsan la participación ciudadana en el sistema energético.

5. Economía circular lenta

Si queremos abordar todas las cuestiones que nos permitirán una transición ecológica es necesario transitar desde la actual economía lineal basada en los combustibles fósiles a una economía circular lenta, un sistema económico que limita el uso continuo de recursos y materiales y elimina la producción de residuos.

Se estima que cerca del 45% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provienen de la producción de vehículos, ropa, alimentos y otros productos que utilizamos a diario.

La economía circular tiene el potencial de aumentar la resiliencia a los efectos del cambio climático. Pero, este GND no se queda ahí, la economía circular tiene que, en primer lugar, reducir el consumo de cualquier tipo de bienes, especialmente de objetos y envases de un solo uso. Y, en segundo lugar debe reutilizar materiales, así las empresas pueden desacoplar su actividad del consumo de materias primas vulnerables a los riesgos climáticos.

Habrá que apostar por alargar la vida útil de los materiales con medidas más allá de la propia economía circular, con inversiones en I+D+i que desarrollen tecnologías para la reutilización, el reusado y como último paso el reciclaje de materiales, además de genera empleos.

6. Una nueva movilidad

El sector del transporte tiene que sufrir una drástica reforma mediante la prohibición de venta de coches de combustión fósil en 2028, y de su uso en 2040. La propuesta de GND avanza hacia un modelo de movilidad que priorice la proximidad y los modos sostenibles. Un sistema donde el automóvil sigue disponible para cuando sea estrictamente necesario, pero promoviendo su uso y propiedad compartida, y siempre con vehículos de cero emisiones.

La reconversión del sector del automóvil al vehículo eléctrico podría ser un importante generador de empleo en esta transición, porque permite mantener los empleos del sector mediante un proceso de reconversión y formación.

El GND al que aspira Greenpeace presenta también una apuesta decidida por el tren como mecanismo esencial para la vertebración económica y territorial, tanto para el transporte de personas como de mercancías y preferiblemente por la media distancia y el tren de cercanías. Que además facilitaría la limitación de los vuelos nacionales que solo estarían permitidos entre las ciudades más distantes y que no estén conectadas por otra vía.

Las políticas que buscan el cambio de mentalidad de la ciudadanía para reducir el consumo y optar por productos de cercanía y de temporada que se potenciarían o el aumento del teletrabajo tendrían también como consecuencia una disminución del transporte.

7. Alimentación local y sostenible

Esta transición implicará una importante transformación desde un modelo agroindustrial promovido por la Política Agrícola Común (PAC) a un modelo de agricultura basado en la agroecología que incluye el cuidado de los suelos, el agua y el clima, el fomento del consumo de cercanía, la soberanía alimentaria, la resiliencia, la agro y biodiversidad y el desarrollo de las comunidades rurales.

El GND de Greenpeace apuesta por el cuidado de los usos del suelo que, con el modelo actual de agroindustria, se destruyen a gran velocidad, y la adopción de una dieta de “salud  planetaria» que, entre otros muchos componentes, conlleva la reducción del consumo de carne y otros productos de origen animal, la eliminación progresiva de las explotaciones de ganadería industrial y la promoción de la ganadería extensiva de base agroecológica.

Este cambio de modelo en la agricultura constituirá una fuente de generación de empleo gracias a que se apoya en un sistema de producción avanzado pero menos mecanizado, y en la necesidad de más personas (un 20% más empleo que la agricultura convencional) y de conocimientos, lo que permitirá fijar población rural.

Elevar el Sector Primario como esencial para la sociedad es otra de la propuestas de este GND. La declaración de los servicios forestales, agrícolas, ganaderos y pesqueros sostenibles como un servicio esencial para la sociedad es fundamental dentro de un nuevo modelo económico, que aúne creación de empleo, reequilibrio territorial, generación de riqueza y conservación del medio ambiente.

8. La importancia de los cuidados

Si bien los problemas globales no entienden biológicamente de categoría social, sus consecuencias socioeconómicas sí impactan e incrementan el riesgo de forma diferenciada y asimétrica sobre el conjunto de la población. Los sectores más desfavorecidos y vulnerables han asumido el coste de los recortes de muchos servicios básicos de forma invisible.

Este GND quiere revalorizar el trabajo de cuidados, con su visibilización y cómputo del porcentaje de horas de trabajo no retribuidas, en torno a las cuales el capital construye su beneficio. Para ello se considera imprescindible que la remuneración del trabajo de cuidados tenga un salario digno, exista un equilibrio entre sexos en la atribución de este tipo de empleo y la generación de un importante número de empleos gracias a la inversión pública en los trabajos de cuidados (sanidad, educación, mayores, escuelas infantiles, dependencia…).

9. Fin al turismo destructivo

En el escenario de GND propuesto, el turismo de masas, depredador de los recursos naturales y asimétrico con las personas desempleadas pasaría a ser considerado sector en riesgo que necesita especial apoyo, tanto por su impacto ecológico negativo (elevado consumo de suelo, agua y energía, generación masiva de residuos), como, por ejemplo, por la reducción sustancial del tráfico aéreo de pasajeros. Es necesario desarrollar en profundidad una regulación restrictiva para los pisos turísticos y establecer una moratoria a la creación de nuevas plazas hoteleras en zonas masificadas.

Frente a lo anterior, se debe seguir apostando por el turismo sostenible, que consuma menos recursos naturales, que sea respetuoso con la naturaleza y el paisaje, y con una particular promoción del turismo rural y de interior, así como con la priorización de la restauración frente a la construcción. Las pérdidas de empleo que este cambio en el modelo de turismo en favor de otro más sostenible podría conllevar debería tener la misma consideración que otros sectores de actividad que sufrirán la reconversión, como la minería o el automóvil: recolocación en nuevos puestos de trabajo más acordes con un nuevo modelo de turismo respetuoso y sostenible.

La reconversión del turismo en el escenario propuesto por Greenpeace en este GND puede llevarse a cabo a través de cuatro procesos: implementar medidas que internalicen los costes sociales y ambientales de las empresas turísticas, el desarrollo del ecoturismo; la gestión sostenible y planificada del turismo de interior, y el turismo internacional por medios de transporte más lentos. 

10. Trabajar menos horas

Son varios los estudios que muestran los beneficios tanto ambientales como para las personas de la reducción de la jornada laboral. Por un lado, en las empresas en las que se ha puesto en marcha se ha dado un incremento de la productividad y, por otro lado, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Una reducción de la jornada de trabajo sin disminución salarial permitirá generar, en total en España, en torno a cinco millones de nuevos puestos de trabajo.

La defensa de la democracia, una oportunidad de progreso

Ahora más que nunca, los mecanismos democráticos son un eje vital para articular este proceso de transformación del sistema, nuestro GND. Es innegable que la evolución democrática de nuestra sociedad en estas últimas cuatro décadas ha sentado las bases de una próspera convivencia hasta nuestros días. Sin embargo, los avances políticos y sociales alcanzados en este período están en una situación de claro retroceso, en el marco de un contexto global de progresivo debilitamiento de los mecanismos democráticos nacionales e internacionales.

La salida de las crisis de 2008, la Gran Recesión, no solo implicó austeridad económica y un incremento de las desigualdades sociales, sino que vinieron acompañadas de recortes de derechos y libertades con la intención de aplacar las críticas y protestas contra las medidas que se estaban implementando. Un ejemplo paradigmático de ello fue la promulgación en 2015 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como “Ley Mordaza” por su impacto sobre las libertades democráticas, como el derecho de reunión y manifestación, y que ha sido objeto de preocupación por parte de diferentes organismos internacionales por este motivo. A pesar de las promesas de derogación por parte de la mayoría de partidos políticos durante estos cinco años, todavía sigue siendo una asignatura pendiente y paradójicamente, ha resultado ser el marco legal empleado durante el estado de alarma como régimen sancionador, con más de un millón de propuestas de sanción.

Cada vez es más habitual que grandes empresas presenten demandas judiciales millonarias contra periodistas, activistas o ciudadanos que escriben artículos, realizan críticas o ponen en marcha campañas para denunciar posibles malas prácticas. Estas demandas tienen una clara intención de intimidar y hacer desistir a estas personas de su objetivo o de su crítica, y resultan por tanto una amenaza para la libertad de expresión y la participación ciudadana.

La libertad de expresión comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas o poderes económicos. En este sentido, la transparencia y el derecho de acceso a la información tienen que estar asegurados. Se deben eliminar todas aquellas trabas y limitaciones excesivas o no convenientemente justificadas al ejercicio de este derecho.

Un caso flagrante de cómo la falta de transparencia y las limitaciones excesivas al derecho de acceso a la información están horadando nuestra calidad democrática es el excesivo secretismo del comercio de armas que tanto preocupa a Greenpeace como organización pacifista. A pesar de que se autorizan sistemáticamente exportaciones de armas a países envueltos en conflictos en los se están cometiendo graves violaciones del derecho internacional, no hay rendición de cuentas por parte del Gobierno, no hay control posible al Ejecutivo por parte de Parlamento ni de la sociedad. Esto genera una situación de impunidad que no se ajusta a los estándares democráticos básicos.

Por otro lado, durante la pandemia ha aumentado de forma sustancial de la desinformación, con la difusión de bulos con carácter estratégico y de forma programada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esta dinámica de confusión con el objeto de generar odio y miedo está provocando la polarización de la sociedad y es una grave amenaza para la convivencia democrática. Por la influencia creciente de las redes sociales en la generación de opinión pública y el debate social, urge la elaboración de un plan integral contra la desinformación, que ponga el acento en la pedagogía sobre el uso de las redes sociales y en la promoción de la cultura de diálogo social, que promocione la existencia de mecanismos independientes de verificación y que promueva la colaboración de las grandes plataformas de comunicación digital, cuidando escrupulosamente el derecho a emitir opiniones libremente.

El cambio no puede ser solo dentro

Esta es una crisis global y, como tal, necesita una respuesta global. Todas las medidas contra esta pandemia o la crisis ecológica que enfrentamos fracasarán si no se combaten a nivel internacional. Por ello el GND propuesto tiene que ir más allá de nuestras fronteras.

Necesitamos una Unión Europea responsable que asuma el liderazgo internacional y contribuya sustancialmente a elevar la ambición en la lucha contra la emergencia climática y la crisis social. No en vano, la crisis de la Covid-19 nos ha demostrado la fragilidad e interdependencia de la naturaleza y el ser humano.

La respuesta a los desafíos globales, debe darse abordando los desafíos europeos. Los Estados miembros no deben rehuir sus funciones internacionalistas: solidaridad internacional, protección de los derechos humanos y proactividad como actor global. La política exterior de la UE debe retomar los valores de libertad, justicia y democracia sobre los que se edificó el proyecto europeo.

El Gobierno español debe defender el rol de liderazgo de la UE con la apuesta por la renovación de los mecanismos de gobernanza global. Se necesita un sistema multilateral renovado y resiliente que de respuesta a los problemas del siglo XXI. Un nuevo Pacto Global y Europeo que asegure el bienestar y la resiliencia de la comunidad global. Un nuevo pacto intergeneracional e interseccional con la naturaleza. Un pacto que dé prioridad al fomento de la paz y la protección de los límites planetarios sobre los impulsores de la destrucción, el extractivismo y la maximización de los beneficios, o la tergiversada idea de seguridad desde la securitización de nuestras vidas.

Para proteger y promover la libertad, la justicia, la solidaridad y derechos humanos, la UE debe mostrarse firme en su defensa de la libertad de expresión, reunión, asociación, la protección de personas defensoras de los derechos humanos y denunciantes y otros derechos vulnerados dentro y fuera de sus fronteras. En este sentido, el viejo continente debe oponerse radicalmente a las tendencias y comportamientos autocráticos de muchos estados.

La UE tiene que asegurar una respuesta para el mundo en desarrollo. Como resultado de la pandemia de la Covid-19, millones de personas en algunos de los países más pobres del planeta verán agudizados sus problemas económicos, sociales y de desigualdad, de salud… La UE debe asegurar la ayuda humanitaria, la asistencia médica y el alivio de la deuda, incluyendo la cancelación completa de obligaciones de deuda mantenidas por todos los países empobrecidos.

El mundo pide a gritos el reequilibrio y la reestructuración de las reglas del libre comercio. El actual régimen mundial de comercio e inversión impone altos costes sociales y ambientales a las personas y al planeta. En muchos casos, los gobiernos favorecen el comercio por encima de las normas sociales y ambientales, y obvian la necesidad de regular normas que promuevan y protejan el interés público. Normas para que corporaciones e inversores estén sometidos a reglas vinculantes sobre responsabilidad corporativa, rendición de cuentas y otras obligaciones. No podemos obviar que es urgente controlar, vigilar y establecer la debida diligencia para que las cadenas de suministro de las empresas garanticen el cumplimiento de los derechos humanos. Además, los Estados miembros deben actuar con coherencia y no alimentar las estrategias de militarización de terceros países a través de la transferencia de tecnología, armamento o material de doble uso.

En materia de comercio, pese a la globalización del sistema mundo, es necesario  recortar la distancia entre producción y consumo, asegurando y garantizando los mínimos vitales para el conjunto de la población. Un sistema de comercio renovado europeo debe combinar la restauración y relocalización de producciones estratégicas directamente relacionadas con los servicios básicos (alimentación, salud, agua y energía)  y la reindustrialización de muchos sectores asegurando la sostenibilidad las cadenas de suministro.

Propuestas para la transformación del sistema

Con los anteriores ejes de actuación como marco de referencia, la propuesta de Green New Deal de Greenpeace cuenta con las siguientes medidas agrupadas por sectores en nueve bloques temáticos (incluidos uno sobre calidad democrática y otro sobre agenda exterior) para acometer grandes y profundas reformas y transitar hacia una sociedad basada en la racionalidad ecológica, la igualdad social y el control democrático.

Estos son los sectores para los que se lanzan las propuestas:

• Sector de la construcción e infraestructuras, con medidas como la ampliación del Plan estatal de vivienda 2018-2021 con ayudas para la rehabilitación energética de los edificios; el establecimiento de un Fondo estatal de vivienda ecológica y equitativa o la creación de un Fondo de Resiliencia para la Justicia Climática para afrontar mejor los impactos del cambio climático.
• Sector del transporte y movilidad, con medidas como la creación de un Programa Nacional «Reparo primero» que priorice el mantenimiento y reparación de infraestructuras viales; la promoción y la completa electrificación del ferrocarril; el aumento del número de carriles exclusivos para transporte público y de la red puntos de recarga para vehículos eléctricos.

• La transición justa hacia las renovables con incentivos para el empleo y la industria; la implementación de una renta básica universal con garantías para que permita ir hacia la transición ecológica, o la puesta en marcha de una política de bienes ecológicos de larga vida para impulsar la reindustrialización.

• Sector energético y mercado eléctrico, donde se alcance un sistema eléctrico inteligente, eficiente y 100% renovable en manos de la ciudadanía para el año 2030; la mejora de la seguridad de los proyectos de inversión de energía limpia, con incentivos para pymes, municipios o cooperativas, así como acelerar la reforma del mercado eléctrico.

• Agricultura, ganadería, pesca y recursos forestales más modernas y sostenibles que sean considerados servicios esenciales para la sociedad y la agricultura 100% ecológica para 2050 y la incentivación del empleo en el entorno rural ligado al mantenimiento de servicios ambientales.

• Repensar el suelo y el territorio para que terrenos públicos sean rescatados para usos como los cultivos ecológicos y se huya del uso especulativo del suelo y del resurgir “del ladrillo”.

• Fiscalidad, innovación e inversión pública, con una profunda reforma fiscal en que redistribuya la riqueza y sea progresiva y el desarrollo de una fiscalidad verde que aplique el principio de ‘quien contamina paga’ e incentive los comportamientos más sostenibles. Los rescates a grandes corporaciones que se efectúen tienen que tener la condicionalidad ambiental, laboral y social

• Calidad democrática que permita el mejor funcionamiento de la sociedad con medidas como la derogación de la ley mordaza o el mejor control de la desinformación o el freno a las acciones legales para silenciar a la ciudadanía por parte de grandes corporaciones.

• Medidas de agenda exterior para impulsar una arquitectura global para la resiliencia y apoyar la reconversión y creación de un conjunto de instituciones multilaterales enfocadas a un orden global más verde y resiliente.

Un 4,8% del PIB para entrar en números verdes

¿Alguna vez has pensado que darle la vuelta al sistema es caro y complicado? En Greenpeace queremos demostrar que esto no es así. Hemos cuantificado la inversión que supondrían las medidas que proponemos, demostrando la viabilidad económica de las mismas. Y el resultado es esperanzador: solo con el 4,8% del PIB podemos pasar de estar en números rojos a verdes y conseguir un modelo productivo pensado para la salud del planeta y de las personas. Estamos en un contexto de reconstrucción verde y la atribución de los Fondos Europeos supone una oportunidad para que nuestro país camine hacia un futuro sostenible.

Necesitamos a la sociedad civil

Estamos ante una oportunidad única para transformar el sistema, pero este cambio no se puede gestionar sin la coparticipación de la sociedad civil.

La transformación verde y justa del sistema es un reto complejo, con múltiples interdependencias cambiantes que ninguna de las partes involucradas es capaz de resolver sin la intervención del resto. Las estructuras y políticas gubernamentales actuales están mal adaptadas para abordar desafíos complejos caracterizados por la interdependencia, por lo que se requiere un replanteamiento en la formulación de las políticas, que adopte una visión más sistémica de los problemas y un enfoque inclusivo y holístico.

La transformación verde y justa del sistema es un reto complejo, con múltiples interdependencias que varían continuamente y que ninguna de las partes involucradas es capaz de resolver sin la intervención del resto. Es cierto que las estructuras y políticas gubernamentales actuales están mal adaptadas para abordar este tipo de desafíos, por lo que se requiere un replanteamiento en la formulación de las políticas, que adopte una visión más sistémica de los problemas y un enfoque inclusivo y holístico.

En una perspectiva de innovación sistémica, personas consumidoras, ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, empresas privadas o grupos de interés son esenciales a la hora de generar soluciones innovadoras.

Desde este punto de vista, como sociedad civil reclamamos no solo conocer dónde y a quién se van a destinar las inversiones públicas y los rescates de la crisis originada por la COVID-19, sino también una participación más activa en el codiseño y en la elección de los proyectos que se realicen.

Es necesaria la participación directa de la ciudadanía a través de órganos competentes como las Asambleas de Cambio Climático o el recién creado Consejo de Desarrollo Sostenible y creando nuevos canales de participación. Tal y como define la propia Comisión Europea, con el enfoque de innovación social la participación e interacción entre personas es incluso más importante que los resultados en los cambios sistémicos a los que nos enfrentamos.

Este contenido es una versión abreviada de nuestro informe Darle la vuelta al sistema: Una propuesta transformadora de Greenpeace para reponernos de los estragos de la Covid-19 y afrontar mejor la crisis ecológica. Para ver todas las propuestas y datos puedes descargarte el PDF completo aquí.