23 de febrero de 2021

Este año será sin duda un año decisivo para la debida diligencia corporativa y el avance hacia el respeto de los Derechos Humanos.

Por un lado, el nuevo Régimen Global de Sanciones de Derechos Humanos de la UE que ha propuesto crear la Comisión Europea, incluirá una lista negra para imponer sanciones a los individuos o empresas acusados de violar los derechos humanos con independencia de su país de origen o residencia. Por primera vez, un instrumento de castigo individual en el área de derechos humanos permitirá imponer sanciones incluso a ciudadanos de países extranjeros en lo que representará una poderosa herramienta para responsabilizar a los culpables de graves violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo.

Por otro lado, tras la publicación el año pasado del estudio  de la Comisión Europea sobre los requisitos de diligencia debida a través de la cadena de suministro, el comisario europeo de Justicia Didier Reynders anunció  al Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable del Parlamento Europeo que introduciría las normas de la UE sobre responsabilidad corporativa y debida diligencia a principios de 2021.

En respuesta a este anuncio, los miembros del Parlamento Europeo se pusieron a trabajar para desarrollar una posición del Parlamento Europeo sobre cómo podría ser una ley de la UE sobre diligencia debida empresarial. Este trabajo se llevó a cabo dentro de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y dirigido por la eurodiputada Lara Wolters. El objetivo de este trabajo era influir en la propuesta legislativa final de la Comisión y garantizar que el Comisario cumpliese su compromiso de presentar un marco ambicioso para esta ley

Ante los abusos empresariales y la inacción de los gobiernos, eran necesarias reglas obligatorias de responsabilidad corporativa para abordar el abuso corporativo contra las personas y el planeta.

Como el bloque comercial más grande del mundo, la UE ahora busca liderar el debate global sobre la responsabilidad empresarial y esta nueva normativa dará forma no solo al comportamiento empresarial dentro de la UE sino también a nivel mundial.

Así el informe de Global Witnerss ‘Defending Tomorrow’  muestra que si bien los defensores de la tierra y el medio ambiente continúan actuando como la primera línea de defensa contra el colapso climático, demasiadas empresas, inversores y gobiernos no los protegen ni son tenidos como responsables.

El informe muestra que 212 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2019, el año más sangriento registrado, y los sectores más mortíferos por esta violencia son la minería, la agroindustria y la tala. En otros términos, un promedio de cuatro defensores de la tierra y el medio ambiente mueren cada semana desde que se firmó el Acuerdo de París en 2016. Estos datos se ven reforzados además por otras investigaciones anteriores sobre la deforestación continua , los minerales que alimentan y financian los conflictos y  la corrupción a gran escala.

Es evidente que existe una brecha legislativa cuando los gobiernos y los ciudadanos no tienen medios legales para responsabilizar a las corporaciones por sus abusos ambientales y de derechos humanos. Como el bloque comercial más grande del mundo, la UE ahora busca liderar el debate global sobre la responsabilidad empresarial y esta nueva regulación dará forma no solo al comportamiento empresarial dentro de la UE sino también a nivel mundial.

El hecho además de que en la consulta pública lanzada por la Comisión Europea para obtener la opinión de los ciudadanos y las organizaciones sobre la nueva legislación de la UE sobre responsabilidad corporativa hayan participado más de 700 grupos de la sociedad civil, sindicatos e instituciones académicas de todo el mundo es muy significativo de estas demandas. Los encuestados exigen una nueva normativa de la UE sólida que requiera que todas las empresas identifiquen, prevengan y aborden sus riesgos e impactos ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de valor. 

Por otra parte, las negociaciones en el seno del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales (Open-ended Inter-governmental Working Group for the elaboration of an International Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and other Business Enterprises) con respecto a los derechos humanos, siguen avanzando. En julio de 2019 este grupo publicó un proyecto revisado de tratado sobre empresas y derechos humanos,  que fue debatido en Ginebra en la quinta sesión del grupo de trabajo y que suponía en su segundo borrador,  una mejora significativa con respecto al primero, publicado en 2018.

Pero es que además a finales del año pasado, 26 empresas, asociaciones empresariales e iniciativas publicaron una declaración conjunta en la que pedían una legislación obligatoria intersectorial de derechos humanos y diligencia debida ambiental en toda la UE. El grupo, que incluye grandes multinacionales como Adidas, Unilever, Inditex y Mars, tiene una facturación anual combinada de casi 350.000 millones de euros. Varios signatarios ya han apoyado los pedidos de diligencia debida obligatoria a nivel nacional a través de declaraciones anteriores y campañas en curso.

¿Qué elementos debería incluir esta nueva ley?

Las medidas voluntarias han demostrado ser enormemente insuficientes y se necesita urgentemente una nueva legislación para establecer requisitos intersectoriales claros, sólidos y aplicables en todas las empresas comerciales, incluidas las instituciones financieras, para respetar los derechos humanos y el medio ambiente.

Una coalición de ONG ha publicado su llamada a la acción para los elementos clave necesarios para hacer que las empresas rindan cuentas:

• La nueva ley debe aplicarse a todas las empresas, incluidas las financieras, de todos los tamaños y sectores que actúan en la UE.

 

• Las empresas deben tener el deber de abordar todos los impactos adversos sobre los derechos humanos, el medio ambiente y la gobernanza en sus cadenas de suministro globales.

 

• Las empresas deben llevar a cabo la debida diligencia de conducta empresarial responsable (RBC) para identificar, detener, prevenir, mitigar, monitorear y dar cuenta de sus riesgos adversos.

 

• Las empresas deben comprometerse y consultar con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los defensores de los derechos humanos y los pueblos indígenas, como parte de su debida diligencia de RBC.

 

• Las empresas deben ser responsables de los impactos adversos sobre los derechos humanos, el medio ambiente y la gobernanza en sus cadenas de valor globales.

 

En definitiva, estaremos expectantes a la nueva normativa que previsiblemente verá la luz en junio de este año. Los trabajadores, los sindicatos y las comunidades locales, indígenas y marginadas deben ser los actores principales y la fuente de información para la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Debe haber un compromiso obligatorio y significativo con las partes interesadas que se ven afectadas por las actividades de las empresas, incluido un compromiso específico para acceder a los sindicatos, los trabajadores y las comunidades que pueden enfrentar obstáculos para participar en otros procesos. Son muchos los años ya de lucha y reivindicación por parte de organizaciones de la sociedad civil para poner coto a décadas de abusos corporativos y parece que ahora por fin, todos los elementos están alineados en esta dirección.

 

Pd: Desde Agora y en colaboración con Ansari Innovación Social, organizaremos sobre este tema un próximo webinar. Os daremos más información en nuestras redes sociales.