12 de marzo de 2021
Ayer, el Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría, 504 a favor, 79 en contra y 112 abstenciones, el informe legislativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento (JURI), del que es ponente la eurodiputada Lara Wolters, sobre la debida diligencia y la responsabilidad corporativa, con recomendaciones para la Comisión Europea sobre los próximos pasos que sec necesitan adoptarse.
Con este informe, el Parlamento Europeo ha mostrado su firme apoyo a la iniciativa legislativa en curso sobre gobernanza empresarial sostenible, lanzada en 2020 por la Comisión Europea. La propuesta de la Comisión, que se espera que se presente en junio de 2021, tiene como objetivo exigir a las empresas que realicen la debida diligencia para prevenir y abordar los riesgos e impactos ambientales y de derechos humanos dentro de sus propias operaciones y cadenas de valor; así como proporcionar acceso al remedio cuando el daño ocurre.
Inequívoca señal del Parlamento Europeo
Este informe envía una señal contundente a la Comisión Europea sobre qué elementos clave el Parlamento espera en la próxima legislación. Pide la introducción de una obligación corporativa de diligencia debida para prevenir y abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos, el medio ambiente (incluido el cambio climático) y la buena gobernanza en las operaciones y cadenas de valor de las empresas.
Establece que las empresas deben asegurarse de que sus políticas de aprovisionamiento no causen ni contribuyan a impactos adversos. El informe destaca el papel de la identificación y divulgación de la cadena de valor para que las empresas conozcan mejor sus relaciones comerciales; y recomienda la divulgación de los requisitos de la empresa relacionados con la estrategia de diligencia debida.
El informe también prevé que las autoridades competentes emprendan investigaciones por su propia iniciativa, o como resultado de quejas; y emitir multas y otras sanciones administrativas.
También pide a los Estados miembros que se aseguren de contar con un régimen de responsabilidad civil para garantizar la responsabilidad de las empresas y proporcionar reparación por daños a las personas y al planeta.
La Comisión debe basarse en este informe
Sin embargo, todavía hay margen para que la Comisión se base en este informe en la legislación a elaborar. Las organizaciones de la sociedad civil piden que la legislación se aplique obligatoriamente a todas las empresas; así como que establezca una obligación de diligencia debida más fuerte y armonizada que cubra toda la cadena de valor. La definición de diligencia debida debe basarse en los instrumentos reconocidos internacionalmente, en especial, en los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de la ONU y las Directrices de la OCDE.
La definición dada a los derechos humanos, al medio ambiente y a la buena gobernanza debe ser clarificada para abarcar una gama más amplia de impactos en toda la cadena de valor; y debe ser coincidente con los objetivos consagrados en los Tratados de la UE con respecto a estos temas.
Si bien el informe reconoce la necesidad de involucrar al conjunto de las partes interesadas (stakeholders) a fin de establecer e implementar la estrategia de diligencia debida de una empresa, la próxima legislación debe garantizar que esa consulta sea significativa y eficaz.
Además, los mecanismos de ejecución (tanto públicos como privados) en caso de incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia o por daño causado, deben tener un poder disuasorio suficiente. En este sentido, esperamos que la Comisión considere incluir responsabilidad penal o instrumentos equivalentes.
Por último, como se describe en el informe, el acceso a la justicia y a la reparación por parte de las personas y comunidades afectadas cuando se ha producido un daño, es esencial para el éxito de la legislación.
Por último, pedimos a la Comisión que establezca un régimen con fuertes disposiciones de responsabilidad civil para facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de abusos corporativos tanto en el país de origen de la empresa como en el extranjero. Se debe incluir la responsabilidad por la falta de prevención de daños a lo largo de la cadena de valor; una distribución más justa de la carga de la prueba para todos los elementos probatorios; y plazos de tiempo razonables para reclamaciones transnacionales.
Las organizaciones abajo firmantes continuarán haciendo campaña para asegurar que la legislación sea tan ambiciosa como sea posible para proteger a las personas y al planeta.
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