
El colapso de la fábrica de Rana Plaza en 2013 con una pérdida de más de 1.130 vidas fue un revulsivo para la sostenibilidad en un sector clave en las cadenas mundiales de suministro mundiales.
Después de la tragedia, las partes interesadas en todo el mundo, desde la industria a las organizaciones laborales y la sociedad civil, se movilizaron para responder a esta necesidad. La amplitud de las iniciativas emprendidas para abordar estos temas fue impresionante. Tal vez lo más visibles fueron el Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad contra Incendios y la Construcción y la Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh. Juntas, estas iniciativas unieron a más de 250 marcas, minoristas y proveedores para inspeccionar y mejorar las fábricas, demostrando que un enfoque sectorial para construir cadenas de suministro más seguras no sólo es factible sino efectivo.
La catástrofe de Rana Plaza puso en evidencia no solo que muchas empresas subcontrataban sus pedidos sino que la subcontratación era en muchos casos ilegal. En estos casos, ¿quién es responsable de la debida diligencia cuando miramos más allá de los contratistas directos y más allá de la cadena de suministro?
Las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos son claros: las empresas tienen la responsabilidad de identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de los impactos adversos en sus cadenas de suministro. En junio de 2015, el G7 promovió los esfuerzos internacionales para promulgar estándares de debida diligencia en toda la industria en el sector textil y prendas de vestir confeccionadas.
El 8 de febrero de 2017, la OCDE publicó una guía de debida diligencia para cadenas de suministro responsables en el sector de la confección y el calzado. Esta Guía, desarrollada a través de un intenso proceso de múltiples partes interesadas, apoya un entendimiento común de la debida diligencia y la gestión responsable de la cadena de suministro en el sector.
La Guía es un instrumento global
La Guía es un instrumento global, que se aplican a todas las empresas que operan en los 46 países miembros, y a cualquier empresa que opera en sus cadenas de suministro globales. Las Directrices son pertinentes para una fábrica de Bangladesh que vende a empresas en los Estados Unidos, aunque Bangladesh no es un país miembro, al igual que son relevantes para los productores de algodón en Pakistán que exportan a los mercados de la UE.
Los destinatarios de las Directrices de la OCDE representan más del 72% de las importaciones mundiales de ropa
La relevancia de las Directrices de la OCDE a nivel mundial no es hipotética. Los Puntos de Contacto Nacionales (PCN), el mecanismo de reclamación globalmente activo de las Directrices, ya han manejado varios casos relacionados con la debida diligencia en el sector de la confección y el calzado. Por ejemplo, el PCN danés concluyó recientemente el examen de un caso en el que participaba el minorista danés PWT Group por no haber realizado la debida diligencia en relación con su fabricante de textiles en el edificio Rana Plaza. Tanto las Orientaciones como las conclusiones del PCN danés en este caso son importantes para el futuro de la debida diligencia en materia de derechos humanos en el sector textil a nivel mundial.
La Guía es progresiva, realista y equilibrada
La Guía anima al sector a pensar de manera diferente y a reaccionar de manera diferente, pero lo hace de manera progresiva, equilibrada y realista. Con estas directrices se espera que las compañías aborden los riesgos a lo largo de toda su cadena de suministro, incluyendo los riesgos relacionados con la subcontratación y los trabajadores a domicilio.
Además, esta evaluación va más allá de la auditoría, no sólo para identificar los impactos laborales, de derechos humanos y ambientales, sino también para entender por qué están ocurriendo. Este enfoque a medida de la evaluación del riesgo reconoce que los riesgos en el sector de la confección y el calzado son muy diferentes y que las metodologías de evaluación deben reflejar estas diferencias. La evaluación del trabajo infantil y del trabajo forzoso no debería ser la misma que la evaluación de la salud y la seguridad en el trabajo o el cumplimiento de los salarios. Esta Orientación también reconoce el reto de la «fatiga de la auditoría», por lo que empuja al sector hacia evaluaciones armonizadas y lo más importante, un monitoreo efectivo.
Aunque la Guía es ambiciosa, también es realista. Abordar todos los desafíos del sector de una sola vez es una misión imposible para las marcas con grandes cadenas de suministro, por lo que éstas tendrán que dar prioridad a los temas donde los impactos son más severos. En fin una guía de lectura recomendada en un sector con impactos globales.
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