La Administración Obama publicó el pasado 16 de diciembre, su primer Plan de Acción Nacional para la Conducta Responsable de los Negocios.
La publicación del Plan de Acción Nacional se produce en un momento de máxima preocupación por la influencia corporativa en el futuro gobierno de los EEUU, especialmente por los nombramientos del Presidente electo Trump para los miembros de su gabinete.
Características principales
El Plan se apoya en los estándares y mejores prácticas nacionales e internacionales, incluidas las que figuran en las Directrices para las Empresas Multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
Está estructurado en cinco categorías. Cada categoría pone de relieve las iniciativas en curso, al mismo tiempo que incluye aquellas que el Gobierno de los Estados Unidos tiene la intención de emprender.
Los objetivos fundamentales que se marca son los siguientes:
(1) seguir mejorando las prácticas de la Administración en compra y financiación responsable;
(2) trabajar con empresas, sociedad civil y gobiernos extranjeros para compartir las mejores prácticas y apoyar los mejores estándares;
(3) destacar las historias de éxito de empresas líderes; y
(4) buscar mecanismos eficaces para abordar los impactos negativos cuando éstos se produzcan.
Líneas maestras del Plan
El Plan recoge un catálogo de medidas centradas sobre todo en la acción exterior de las empresas estadounidenses, que necesitarán de un desarrollo concreto posterior. He aquí las principales:
- Fortalecer las leyes que impiden la importación de bienes producidos por el trabajo forzoso para asegurar que los productos fabricados bajo condiciones de explotación no accedan a los mercados de los Estados Unidos.
- Actualización de los criterios de normas sociales y ambientales para la financiación a través de la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero, para promover altos estándares a través de la inversión privada respaldada por Estados Unidos.
- Crear orientación sobre las salvaguardias sociales para los programas de desarrollo de la agencia USAID.
- Financiar los esfuerzos para promover la concienciación y la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
- Publicar, por primera vez, un informe anual del Punto de Contacto Nacional de los Estados Unidos para las Directrices de la OCDE.
- Identificar medios a través de acuerdos comerciales para alentar a las empresas a participar en conductas responsables.
- Mejorar el intercambio de información con los gobiernos subnacionales sobre las mejores prácticas de contratación pública, para garantizar que los gobiernos a todos los niveles promuevan conductas empresariales responsables mediante la compra.
- Colaboración con las partes interesadas.
- Establecer un mecanismo formal para aumentar la participación del gobierno en «iniciativas de múltiples partes interesadas» que promueven conductas responsables en varios sectores y regiones.
- Convocar a las partes interesadas a desarrollar y promover indicadores eficaces para medir y gestionar los impactos de los derechos laborales en las cadenas de suministro.
- Facilitar un diálogo con las partes interesadas sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Promover la voz y el empoderamiento de los trabajadores en las cadenas mundiales de suministro a través de nuevas herramientas que permitan a los trabajadores de las cadenas nacionales de suministro informar directamente sobre posibles abusos laborales y violaciones a la seguridad en el lugar de trabajo.
- Facilitación de conductas responsables por las empresas.
Para Amol Mehra, Director de la Mesa Redonda Internacional de Responsabilidad Corporativa (ICAR) «El Plan de Acción Nacional crea un punto de partida para abordar la conducta empresarial responsable, y es alentador «por la forma consultiva en la que se recibieron las aportaciones y recomendaciones de múltiples partes interesadas».
«Sin embargo, el Plan de Acción Nacional no aborda adecuadamente muchas de las preocupaciones planteadas por la sociedad civil y las organizaciones laborales. Queda mucho por hacer para asegurar que las corporaciones estadounidenses no estén cometiendo o estén vinculadas a abusos de derechos humanos tanto en el país como en el extranjero«.
Para esta organización, el Plan Nacional de Acción proporciona un catálogo de las políticas federales existentes y las expectativas gubernamentales en torno a la conducta de las empresas estadounidenses que operan en el extranjero. Gran parte del plan se centra en leyes y políticas pasadas o existentes, con muy pocas acciones audaces nuevas para abordar los desafíos planteados por la actividad empresarial en derechos humanos. Además, el alcance del Plan de Acción Nacional es hacia afuera y prioriza el abordaje de la conducta empresarial que ocurre en el extranjero sobre las prácticas empresariales nacionales.
Más información:
Sobre el desarrollo del Plan Nacional
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