
A lo largo de estas páginas hemos abordado ya en varias ocasiones el activismo empresarial. Tanto la recomendable serie de Antonio Vives y su repaso por el activismo en EEUU, Europa y América Latina y sus fundamentos, como Helena Ancos, abordando más concretamente el activismo de alcaldes, gobernadores y empresarios frente al negacionismo climático de Trump, suponían un adelanto de un movimiento que parece ya imparable y que está despertando las conciencias de los líderes políticos y empresariales.
La llegada al poder del Presidente Trump auguraba un clima favorable a algunas políticas empresariales y liberalizadoras de los mercados. Un año después, los mercados bursátiles están en auge, y las grandes empresas estadounidenses aplaudieron la revisión fiscal del año pasado, que favorecía a las grandes fortunas y corporaciones.
Sin embargo, no todos los empresarios están de parte de Trump; es más, algunos altos ejecutivos se han pronunciado en contra de sus políticas de inmigración , protestaron por su decisión de retirarse del acuerdo climático de París y renunciaron a sus consejos empresariales después de su respuesta a la violencia del año pasado en Charlottesville, Virginia.
Algunos han dado un paso más. Ante la proximidad de las elecciones de noviembre, una coalición de grandes compañías, que agrupa ya a más de 150, y entre las que se encuentran The Gap, Southwest Airlines, Walmart, Patagonia y Lyft, están promoviendo una mayor implicación del electorado para aumentar la participación de votantes en estas elecciones clave, donde los demócratas tienen posibilidades de retomar el control de la Cámara.
La iniciativa, denominada Time to Vote, se define como no partidista. Los promotores pretenden promover el civismo y vencer la apatía democrática de una población cuya participación electoral en el período de 2014 fue menos de la mitad de los votantes. Así según una encuesta del Centro de Investigación Pew, de 2014, un 27% de los votantes declararon haber tenido problemas de agenda (laboral o de otro tipo) para acudir a votar, y el 16% justificó su ausencia sobre la falta de confianza en la utilidad de su voto.
«Para que la democracia funcione, la gente tiene que votar», según Chip Bergh, el director ejecutivo de Levi Strauss & Co., una de las compañías que lideran esta iniciativa. «La mayor amenaza para la democracia es la apatía».
Tras este repunte del activismo, cada compañía mantiene su pulso particular con la Administración Trump. Patagonia por ejemplo, mantiene un contencioso con el gobierno por su decisión de reducir el tamaño de dos parques naturales, Bears Ears y Grand Staircase-Escalante. Walmart, por su parte, se posicionó tras los incidentes raciales de Charlottesville, mientras que Lyft, donó un millón de dólares a la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos como rechazo a la orden ejecutiva de Trump de prohibir la entrada en el país de refugiados y musulmanes.
Si ya en su día, algunas empresas promovieron el voluntariado cívico de sus empleados,( véase Activismo pagado para los empleados. Un paso más en la ciudadanía Corporativa), la Iniciativa Time To Vote, se está concretando en las facilidades ofrecidas por estas empresas para permitir el voto a sus empleados. Así, Patagonia cerrará su sede y sus tiendas minoristas en los Estados Unidos durante todo el día de las elecciones. Levi’s ofrecerá a sus empleados cinco horas para votar mientras que Walmart ha abierto un sitio web con recursos para informar sobre las votaciones, candidatos, y sistemas de votación.
Lyft por su parte, y conforme a su ámbito de negocio, ofrece viajes con descuento a los centros de votación, y proporcionará viajes gratuitos a las personas de las comunidades más desfavorecidas, justificando en su web el hecho de que en las elecciones de 2016 cerca de 15 millones de estadounidenses no acudieron a votar por motivos de falta de transporte.(«Why Youth Don’t Vote – Differences by Race and Education», Center for Information and Research on Civic Learning & Engagement (CIRCLE) y que según el estudio del Centro Pew antes citado, cerca de la mitad de los no votantes, un 46% tenían unos ingresos inferiores a 30.000 dólares, y un 43% de los que está previsto que no voten este otoño son hispanos, afroamericanos o de otras minorías étnicas. (Pew Research Center – “The Party of Nonvoters”)
Este activismo empresarial tiene más implicaciones a la luz del reciente y polémico fallo del Tribunal Supremo Norteamericano del pasado mes de junio que establecía que Ohio no violaba las leyes federales al purgar del censo electoral a los votantes que no hubiesen votado en los seis años anteriores y no hayan confirmado su residencia.Este fallo, que presumiblemente beneficie a los republicanos frente a los demócratas, protege leyes similares en seis estados, como Pennsylvania, Georgia, Oregon, Oklahoma, Virginia del Oeste y Montana.
Para los defensores de los derechos civiles, estos mecanismos de limpieza de listas de votantes, perjudican desproporcionadamente a las minorías, los pobres y las personas con discapacidad. El posicionamiento de los líderes empresariales tendría por tanto un doble efecto, contrarrestar las políticas de Trump, minar al partido republicano y por otra parte, igualar el acceso al voto para los más desfavorecidos. Todo un paso adelante en el compromiso cívico de los líderes empresariales.
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