“Para el Gobierno municipal es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables”
Ayer, el Concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, firmó la modificación del Decretro de 26 de abril de 2012 sobre la contención del gasto en el ámbito de la contratación del Ayuntamiento de Madrid, que primaba en las contrataciones públicas la oferta económica más baja sobre otros elementos de valoración, representando hasta un 65% del total. Con el nuevo decreto aumenta el peso de los criterios objetivos hasta el 75% del total de la puntuación a distribuir, salvo para los contratos de prestaciones personales de carácter sanitario o social.
“A partir de ahora vamos a valorar conceptos como la calidad de las condiciones de empleo; la inserción sociolaboral y la diversidad funcional; políticas de género, medioambientales y de comercio justo por encima del precio”.
Con el nuevo decreto aumenta el peso de los criterios objetivos hasta el 75% del total de la puntuación a distribuir, salvo para los contratos de prestaciones personales de carácter sanitario o social. Para el Concejal “el valor no es el precio sino la calidad”.
La Alcaldía de Madrid pretende evitar que la mayor ponderación del criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de los trabajadores, como ocurrió con el servicio de limpieza, donde el expediente de regulación de empleo llevado a cabo por la empresa adjudicataria, redundó negativamente no sólo en la destrucción de puestos de trabajo sino en la calidad del servicio de limpieza en Madrid.
Para el Gobierno municipal es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables. Y que tenga muy en cuenta, además de estos criterios, la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo.
Tal y como reconoce la Directiva Europea sobre contratación pública 24/2014, para contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social resulta necesario un tratamiento más alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a satisfacer y, por ello, deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad.
El gasto comprometido en contratación pública por el Ayuntamiento de Madrid (y sus organismos autónomos) en el año 2013 supuso más de 3.300 millones de euros, ( la contratación pública supone un 15% del PIB en toda España) lo que evidencia las posibilidades que tiene como instrumento para el ejercicio de políticas sociales.
Fuente Ayuntamento de Madrid
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