El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes 14 de marzo una propuesta del Partido Popular para modificar el Reglamento del Congreso y permitir la regulación de los grupos de interés. La votación final contó con 272 votos a favor, 64 abstenciones y solo dos en contra.
Según la iniciativa, se creará un registro público «de carácter obligatorio» en el que deberán inscribirse los grupos de interés y los parlamentarios con los que se reúnen, y deberán entregar una copia de aquella documentación que intercambien con los diputados. La propuesta incluye también un código de conducta al que deberán someterse los lobistas y que supervisará directamente la presidencia del Congreso.
Si bien los grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de la regulación de estos grupos de interés, existen serias divergencias en cuanto a su nivel de ambición.
Una de las principales críticas a la iniciativa es que la regulación de ‘lobbies’ no se aplique también al poder ejecutivo para dar a conocer públicamente las actividades que los miembros del Gobierno tengan con los lobistas, puesto que el poder legislativo concentra gran parte de la actividad de estos grupos de presión. Además la propuesta solo afectará a los diputados pero no al Senado. Así mismo, no se establece un código de conducta para los parlamentarios con el ‘lobismo’, ni los grupos de interés tienen obligación de explicar en cada una de sus actuaciones por cuenta de quién actúan o su financiación.
Para el grupo de Unidos Podemos la propuesta presentada este martes al pleno del Congreso «No habla en profundidad de temas de transparencia como la publicación de la agenda de los diputados, ni se proponen medidas reales contra las puertas giratorias, como tampoco dar acceso público a la información de los grupos de presión».
Esta iniciativa se une al registro de grupos de interés que se contempla en la ley integral de lucha contra la corrupción propuesta por Ciudadanos, y admitida a trámite hace unas semanas en el Congreso, y a al registro de lobbies público y voluntario creado hace un año en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, ya cuenta con la presencia de 350 asociaciones empresariales, profesionales y sociales, como también grandes empresas, incluidas algunas del Ibex 35.
A partir de ahora, la proposición debe ser tratada en la comisión del reglamento de la Cámara, donde los distintos miembros de los grupos parlamentarios la debatirán e incluirán las enmiendas que consideren y posteriormente, será votada en el pleno del Congreso.
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