La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, en un informe publicado el martes 2 de febrero, ha pedido a la Comisión Europea que aumente la transparencia en el proceso de designación de expertos comunitarios.
Los grupos de expertos se establecen en las etapas iniciales del proceso legislativo y proporcionan consejos técnicos para asesorar a la Comisión en la elaboración de los textos normativos y su implementación. Pueden estar formados por individuos, organizaciones y representantes de los gobiernos nacionales.
O’Reilly, que investiga quejas administrativas contra las instituciones de la UE, puso en marcha una investigación sobre la composición de los grupos de expertos en mayo de 2014, en medio de denuncias sobre la captura del mecanismo de consulta legislativa por determinados grupos de presión. Así, las ONG se habían quejado de que estaban insuficientemente representadas en estos paneles y además carecían de los recursos suficientes para poder hacer un seguimiento adecuado de estos trabajos.
En el informe, la Defensora del Pueblo solicita a la Comisión, que haga públicas las actas de las reuniones celebradas con más de 800 grupos de expertos consultados en los procesos de elaboración de la normativa comunitaria. La Comisión se ha mostrado hasta ahora renuente a aceptar las recomendaciones del Ombusdman europeo.
“Los ciudadanos tienen derecho a conocer completamente el proceso de asesoramiento en la toma de decisiones comunitarias». “Esto implica conocer qué informes se han aportado y por quiénes, ya sean representantes de los gobiernos nacionales, de la industria, la sociedad civil u otros.”
Sin embargo, la Comisión ya había rechazado esa recomendación en junio pasado, afirmando que las decisiones del grupo de expertos se toman «por consenso, en un espíritu de confianza mutua» y que deben continuar adoptándose a puerta cerrada, a menos que los miembros del cada comité soliciten expresamente que el proceso sea público.
«Con el fin de preservar el buen funcionamiento de los grupos de expertos, la Comisión es de la opinión de que las disposiciones actuales … permiten al público en general recibir información adecuada y, por lo tanto, debe mantenerse«, en palabras del Vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans.
Otro campo de batalla entre O’Reilly y la Comisión ha sido la demanda del defensor del pueblo de lograr una «representación equilibrada de todos los interesados en cada grupo de expertos.»
Las concesiones de Timmermans a este respecto pasan por hacer pública la convocatoria de cada grupo de expertos y la promoción de la inscripción de los expertos en el registro de transparencia de la UE.
Sin embargo, la Comisión indicó también que la representación «no puede ser un ejercicio de aritmética» y advirtió que la composición de los grupos dependía «del tipo de conocimientos técnicos necesarios» y que las Direcciones Generales deben ser capaces de seleccionar los miembros que crean pueden proporcionar un «valor añadido real «.
La Defensora del pueblo, que no tiene poder para imponer sus recomendaciones, ha dado a la Comisión de plazo hasta el 30 de abril para explicar su respuesta a su consulta.
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