14 de octubre de 2020
El Gobierno aprobó ayer martes el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que inicia ahora su trámite parlamentario.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que la política de su departamento y de todo el Ejecutivo es de «tolerancia cero» con cualquier práctica fraudulenta. «No hay justicia social, no hay justicia tributaria si algunos pretenden eludir los compromisos y las obligaciones que tienen el resto», ha dicho Montero, que ha destacado la importancia de perseguir las prácticas irregulares que suponen un agravio para los contribuyentes que sí cumplen.
La titular de Hacienda ha apuntado que esta labor de la Agencia Tributaria permitió recaudar el año pasado 15.715 millones de euros, un 4,1% más que en 2018, un control que se ha reforzado especialmente sobre los patrimonios elevados y las grandes multinacionales digitales.
La futura ley refuerza las herramientas para prevenir y combatir la evasión fiscal y pone el foco en las fórmulas de fraude más complejas y avanzadas, como aquellas asociadas a las nuevas tecnologías. Además, permite perseguir los comportamientos inadecuados de multinacionales y luchar contra la planificación fiscal abusiva. El Ejecutivo estima que el conjunto de las medidas podría generar unos 800 millones de euros adicionales de recaudación en un solo ejercicio contable.
Entre las novedades más significativas del texto figuran la prohibición por ley de las amnistías fiscales; la reducción del límite del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas de 2500 a 1000 euros, cuando se realice entre profesionales o empresarios; la ampliación de la lista de deudores tributarios; el refuerzo del concepto de ‘paraíso fiscal’; un mayor control del mercado de las criptomonedas, y la prohibición de los programas informáticos que facilitan manipular la contabilidad. La norma contempla también la transposición de la Directiva europea contra la elusión fiscal.
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