
Las grandes empresas y las compañías cotizadas deberán publicar información desglosada por países sobre beneficios, impuestos pagados y subvenciones públicas recibidas, según las enmiendas introducidas por el Parlamento a un proyecto legislativo que busca aumentar la transparencia e incrementar el compromiso a largo plazo de los accionistas con las empresas.
Los eurodiputados también quieren que los accionistas puedan opinar sobre la política de salarios de los directivos al menos una vez cada tres años.
«Esta votación es un importante paso adelante para animar a las empresas y los inversores a apostar por el largo plazo en sus decisiones y asegurar más transparencia en la gestión de las compañías europeas y compromiso de los inversores institucionales y los gestores de activos»», señaló el ponente,
Sergio Cofferati (S&D, Italia), tras la votación.
«El texto adoptado contiene instrumentos clave para combatir el fraude y la evasión fiscal, en particular la obligación de publicar información país por país garantizará que las multinacionales declaran los impuestos que pagan en cada país en el que operan. No podemos perder esta oportunidad, sobre todo tras el caso «Luxleaks» y otros escándalos», añadió Cofferati.
Exigencia de desglosar la información tributaria por países
Los eurodiputados incluyeron una cláusula para obligar a las grandes compañías publicar información detallada país por país sobre su resultado antes de impuestos, sus impuestos sobre beneficios o pérdidas y las subvenciones públicas obtenidas. Las entidades de interés público, que incluyen a las empresas cotizadas y a las aseguradoras, así como aquellas firmas que los países consideran de interés público por su relevancia, también estarán sujetas a esta exigencia.
Los accionistas podrán pronunciarse sobre el sueldo de los directivos
El Parlamento quiere que la nueva normativa permita a los accionistas votar al menos una vez cada tres años sobre la política de remuneración de los directivos de empresas cotizadas. No obstante, precisan que los Estados podrán decidir si el voto de la asamblea general sobre esta cuestión es vinculante o no.
Las compañías tendrán que justificar cómo la estrategia de remuneración de los altos ejecutivos contribuye a los intereses empresariales a largo plazo y establecer criterios claros para la determinación de la retribución fija y variable, incluidos todo tipo de bonus y beneficios, señala el texto. El valor de las acciones no debe jugar un papel relevante entre los criterios de desempeño financiero y la remuneración basada en acciones no debe representar la mayor parte del salario variable de los directivos, recalcan los eurodiputados.
Próximos pasos
El texto, con las correcciones introducidas por el Parlamento, fue aprobado con 556 votos a favor, 67 en contra y 80 abstenciones. Los eurodiputados acordaron no cerrar la primera lectura del proyecto legislativo y en su lugar iniciar conversaciones informales con los Estados miembros con objeto de alcanzar un acuerdo sobre la versión final de la normativa.
Información adicional
La propuesta de revisión de la directiva sobre derechos de los accionistas, dirigida a incrementar la transparencia y a incentivar la inversión a largo plazo, incluye disposiciones para asegurar que las empresas cotizadas pueden identificar a sus accionistas y reglas de transparencia para los asesores de voto, gestores de activos e inversores institucionales, como fondos de pensiones y aseguradoras. También incorpora cláusulas para mejorar la transparencia y la influencia de los accionistas en las operaciones con «partes vinculadas» (por ejemplo, entre una empresa y su equipo gestor, directivos, accionistas mayoritarios o compañías del mismo grupo).
Según la Comisión Europea, solo trece Estados miembros contemplan en su legislación que los accionistas opinen sobre cuestiones salariales, bien votando la retribución de los directivos y/o un informe al respecto (España es uno de ellos, pero el voto no es vinculante). Sólo quince países, entre ellos España, obligan a las empresas a informar sobre la política de salarios y once –España incluida- exigen información individualizada sobre la remuneración de los ejecutivos.
Fuente. Parlamento Europeo
Procedimiento: Codecisión, primera lectura
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