- Protección de los consumidores, respeto a los derechos laborales, las obligaciones fiscales y la competencia
- En la UE, el 17% de los consumidores usan plataformas de la “economía colaborativa”
La economía colaborativa no debe verse como una amenaza para la economía tradicional, recalca el Parlamento, que pide normas que contribuyan a promoverla, en vez de a restringirla. En una resolución, no vinculante, aprobada el pasado 15 de junio, con 510 votos a favor, 60 en contra y 48 abstenciones, la Cámara condena, en este sentido, “la imposición de normas por parte de algunas autoridades públicas, que persiguen restringir la oferta de alojamientos turísticos a través de la economía colaborativa”.Esta resolución no legislativa es la respuesta del Parlamento a la comunicación de la Comisión de junio de 2016 sobre la economía colaborativa.
Nicola Danti (S&D, Italia), responsable de la tramitación parlamentaria del texto, señaló: “es indispensable una estrategia europea sobre economía colaborativa. El objetivo debe ser evitar que se apliquen reglas diferentes a servicios similares, tanto en lo referido a acceso al mercado y la fiscalidad, para asegurar condiciones de competencia justa entre los operadores digitales y los tradicionales”.
La UE debe aprovechar los beneficios de la economía colaborativa, pero garantizando una competencia justa y el respeto de los derechos laborales y las obligaciones fiscales.
El Parlamento destaca la necesidad de abordar las “zonas grises” en la normativa que provocan diferencias significativas en las normas aplicables a nivel nacional y local y en la jurisprudencia. Los nuevos modelos de negocio ofrecen desde alojamiento (Airbnb) a desplazamientos (como Uber) y servicios domésticos.
Los eurodiputados plantean:
- distinción entre proveedores particulares y profesionales: criterios claros para diferenciar entre “pares” (ciudadanos particulares que prestan servicios de manera ocasional) y profesionales, con principios generales a nivel comunitario y umbrales a nivel nacional (por ejemplo, nivel de ingresos).
- derechos de los consumidores: informar a los consumidores sobre el régimen jurídico aplicable a cada transacción y sobre sus derechos; las plataformas colaborativas deben establecer sistemas efectivos para los procedimientos de reclamación y la resolución de litigios.
- responsabilidad: la Comisión Europea debe precisar aún más y tan rápido como sea posible el régimen de responsabilidad de las plataformas colaborativas.
- derechos de los trabajadores: condiciones de empleo justas y respeto a su derecho a organizarse, a emprender acciones colectivas y a negociar convenios colectivos; deben poder beneficiarse de la portabilidad de las evaluaciones y calificaciones, que constituyen su “valor en el mercado digital”.
- impuestos: obligaciones tributarias equiparables para empresas que ofrecen servicios similares, sean de la economía tradicional o nuevos modelos de negocio; búsqueda de soluciones efectivas e innovadoras, en colaboración con las plataformas, para garantizar el pago de impuestos.
Según el Eurobarómetro, el 17% de los consumidores europeos han utilizado servicios de la economía colaborativa, y el 52% conoce los servicios ofertados. Según cálculos de la Comisión, el alojamiento de particular a particular es el sector más importante en relación con el comercio generado, mientras que el transporte es el mayor en cuanto a ingresos por plataforma.
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