El pasado 8 de noviembre de 2016, el Parlamento francés aprobó una nueva legislación contra la corrupción.
Liderada por el ministro de finanzas Michel Sapin, la nueva ley, que se conoce comúnmente como Sapin II, cambiará el paisaje del cumplimiento para las compañías francesas. En particular, impondrá la obligación a las grandes empresas y a sus filiales, de poner en práctica programas de cumplimiento contra la corrupción. El incumplimiento de esta obligación implicará el establecimiento de sanciones que pueden ascender hasta los 200.000 euros para el consejero delegado o consejo de administración, y una multa de hasta 1 millón de euros para la propia empresa.
Las sociedades incluidas en el ámbito de aplicación de esta obligación comprenden aquellas cuya sede social se encuentra en Francia, empleen al menos a 500 personas y cuenten con unos ingresos de al menos 100 millones de euros. El programa de cumplimiento debe incluir un código de conducta, procedimientos de denuncia, evaluaciones de riesgo, debida diligencia en proveedores y terceros, controles contables, capacitación y política disciplinaria para el personal que no cumpla con los requisitos.
Estas nuevas reglas serán impuestas por una nueva agencia anticorrupción creada bajo la ley Sapin II y encabezada por Xaviere Simeoni, uno de cuyos objetivos fundamentales es ayudar a las empresas a establecer estos programas de cumplimiento. Sin embargo, la agencia adolece de falta de independencia, pues aparece vinculada a la dirección de dos ministerios.
La agencia también tendrá la capacidad de hacer uso de los acuerdos de enjuiciamiento diferido, similares a los que ya existen en EE.UU. y, más recientemente, en el Reino Unido y los Países Bajos.
El texto, que entrará en vigor a finales d 2016, contiene otros avances importantes:
- en primer lugar, incluye la regulación de los denunciantes, en consonancia con las normas internacionales,
- la ley introduce en la legislación francesa una transacción penal innovadora, para poner fin a la impunidad de las empresas francesas que participan en el soborno de funcionarios públicos extranjeros;
- la ley crea un directorio digital único para el registro de los grupos de interés.
- el reporting pais por pais
- la aprobación en junta de accionistas de los sueldos de los directivos de la empresa, el «say on pay».
Principales puntos de la ley
