Expertos de Transparencia Internacional-España y Hay Derecho analizan el Proyecto de Ley Integral contra la Corrupción
El pasado uno de febrero se celebró una Mesa redonda, compuesta por expertos de Transparencia Internacional España y la Fundación Hay Derecho, para analizar el contenido del Proyecto de Ley Integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes —también conocida como Ley ómnibus contra la corrupción—. La propuesta se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y podrá estar lista en los próximos meses.
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, señaló que la proposición cuenta actualmente con 387 enmiendas, y que su contenido tiene mucho valor: “La propuesta de 25 artículos propicia un verdadero y sistémico cambio en el marco jurídico español en relación con los temas de corrupción. Solo falta ahora que los Grupos parlamentarios mejoren al máximo el contenido de esta norma legal”.
Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política e integrante del Comité de Dirección de TI-España, también resaltó la necesidad de contar con un instrumento legal como este, que se centra en tres aspectos fundamentales: la transparencia, la protección de los denunciantes y la regulación del lobby.
A su juicio, esta ley puede ayudar a cimentar las bases de un plan integral de lucha contra la corrupción, en el que estén implicadas todas las instituciones. “La proposición de ley se basa en el Ejecutivo, pero todos sabemos que este asunto también debe aplicar al poder legislativo. En el sector empresarial igualmente hay que tomar medidas, y en la sociedad civil también”, señaló.
Para Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, si bien esta proposición de ley se enfoca en el sector público, es un primer paso para seguir mejorando: “Si empezamos por el ámbito público, iremos avanzando de forma natural al sector privado”.
Agregó que uno de los aspectos positivos de este instrumento legal, sobre todo si se incluyen algunas de las enmiendas, es que incorpora una recomendación de organismos internacionales: que la denuncia esté unida al estatuto de protección de los denunciantes. Además, las enmiendas también consideran la ampliación de esa protección a las familias de quienes denuncian.
“La proposición de ley es mejorable, pero si es un primer paso, vamos en la dirección correcta. Así empezaremos a revertir la tendencia que considera al denunciante como un héroe abandonado, y le daremos el carácter de persona apoyada por las instituciones gracias a la labor social que está haciendo”, destacó De la Nuez.
Algunas recomendaciones de mejora
Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal e integrante del Consejo de Dirección de TI-España, revisó algunos conceptos que se señalan en la proposición de ley. En primer lugar, señaló, cuando se incorpora la frase “lucha contra la corrupción” en el título, se enfoca la solución solo en las penas y las sanciones una vez que el mal está hecho. “Preferiría una propuesta de ley que llevara en el título la palabra prevención y se centrara en eso. Así podríamos tener un diagnóstico más amplio y profundizar en las causas de la corrupción”.
Agregó que hay solapamientos con otras leyes del marco jurídico español, lo que impide que la ley alcance todas las expectativas que pretende. También apuntó que, si bien la ley pretende incentivar las denuncias, solo se enfoca en las que provienen de los canales internos de la administración pública. A su juicio, se deben incorporar canales externos para considerar denuncias de otros particulares.
Otro de los aspectos destacados por los expertos es que el proyecto de ley no toma en consideración las denuncias anónimas. Para Manuel Villoria, este tipo de denuncias no serían necesarias en una sociedad en la que exista un buen sistema de protección a los denunciantes. Pero, en el caso español, podrían ser buenas herramientas en un primer momento. “Habría que buscar los medios suficientes para que estas denuncias no se conviertan en una inquisición”, destacó.
Villoria también señaló otras posibilidades de mejora de la propuesta. Por ejemplo, que incluya regulaciones en el ámbito local, que es donde más conflictos de intereses se pueden identificar, y que se amplíe la definición de lobbista. “Pero, pese a los errores, creo que esta ley es un avance positivo”, concluyó.
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