2 de mayo de 2018
El Parlamento del Reino Unido aprobó el pasado uno de mayo una legislación para que los territorios británicos de ultramar, que incluyen a Gibraltar, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes, entre otros, establezcan registros transparentes sobre los titulares de las compañías en su jurisdicción.
El Gobierno conservador de la primera ministra, Theresa May, decidió no oponerse a una enmienda a la Ley de Sanciones y Antiblanqueo de Capitales que insta a esos territorios a impulsar un registro público antes del 31 de diciembre de 2020.
El texto de esa propuesta indica que «con el propósito de detectar, investigar y prevenir el lavado de dinero», el Reino Unido debe proveer asistencia a los territorios de ultramar para implementar la medida.
Los «registros de propiedad públicos» favorecen «la transparencia y la apertura, controlan los flujos de dinero ilícito, el blanqueo, la corrupción y la evasión de impuestos», defendió el exministro «tory» de Desarrollo Internacional Andrew Mitchell, uno de los impulsores de la medida.
Mitchell subrayó que el texto hace algunas concesiones al Gobierno, como excluir a las Dependencias de la Corona británica -las Isla de Man, Jersey y Guernsey-, así como retrasar la obligación de abrir el registro hasta el final de 2020.
El secretario de Estado para Europa y las Américas, Alan Duncan, afirmó durante el debate en la Cámara de los Comunes que es «profundamente consciente de las sensibilidades» que despertará la medida en los territorios de ultramar y «la respuesta que puede provocar».
Mientas que organizaciones como Transparencia Internacional UK o Global Witness han celebrado la medida, los territorios de ultramar no la han acogido de buen grado. Así, el ministro principal de las Islas Vírgenes Británicas, Orlando Smith, mostró en un comunicado su repulsa a la medida.
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