El Tribunal Supremo ha dictado sentencia favorable al mantenimiento de las subvenciones estatales a programas desarrollados por las ONG de acción social a través del IRPF, de los que se benefician 6 millones de personas en riesgo de exclusión, a través de programas de ciudadanía, inserción sociolaboral, envejecimiento activo, exclusión social, voluntariado, atención a personas reclusas y ex reclusas, o atención a dependientes.
La Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó la Generatitat de Catalunya contra el Real Decreto 536/2013 (de 12 de julio) que regula las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación del IRPF. De este modo, este órgano reconoce la validez de este modelo estatal de financiación que ha sido defendido por las organizaciones sociales articuladas en torno a la Plataforma del Tercer Sector.
A pesar de que estos fondos representan únicamente alrededor del 0,2% del dinero que el Estado transfiere cada año a las Comunidades Autónomas, en los últimos años se han sucedido recursos judiciales contra el sistema, lo que provocaba una profunda preocupación en el tercer sector, especialmente en un momento en que los programas que desarrollan son especialmente necesarios para los millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza en nuestro país.
El Tribunal Supremo ha estimado en su sentencia que el decreto “no incluye en sus materias la asistencia social”, sino que “las subvenciones de este Real Decreto tienen conexión con actividades recogidas en otros títulos competenciales en los que el Estado sí está legitimado para actuar”, tales como actividades educativas o de inserción laboral, entre otras.
Para Santiago López Noguera, presidente de Plena inclusión, una entidad de atención a personas con discapacidad integrada en la Plataforma del Tercer Sector, la permanencia de estas subvenciones es “una de las mayores estrategias de reequilibrio de las políticas sociales de apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, que pese a la crisis nos ha permitido avanzar en niveles de igualdad y bienestar, poniendo el foco en aquellas personas en riesgo de exclusión social”.
Sentencia del Tribunal Supremo
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