14 de noviembre de 2019
Helena Ancos
La revolución TIC que vivimos está abriendo nuevos debates y horizontes, entre ellos, el del adecuado uso de la tecnología y su subordinación a los intereses y necesidades de las personas para una vida mejor. Pero para que la tecnología se ponga al servicio de la sociedad y la haga más inclusiva y sostenible tiene que hacer de las personas, el centro de actuación.
Hablamos de estas cuestiones con Juan Carlos Ramiro, ex director de la Fundación CENTAC que durante diez años fue un centro de referencia en tecnología social y ahora es CEO de AISTE una propuesta empresarial donde expertos en tecnología social aportan su conocimiento para la transformación digital de empresas, entidades y organismos públicos poniendo el foco en las personas y en una sociedad más sostenible e inclusiva.
Juan Carlos Ramiro es licenciado en Derecho y Máster en Tecnologías de la Información y Comunicación. Ha sido asesor de la Secretaría de Estado de Política Social en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para pasar posteriormente a ejercer como Director General de Coordinación de Políticas de Discapacidad en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el Ministerio de Sanidad. Tras diez años en la Fundación CENTAC, es una de las personas más reconocidas y con más prestigio en el ámbito de la tecnología, la inclusión social y las TIC al servicio de la accesibilidad.
AISTE significa Accesibilidad, Inteligencia Social y Tecnología y vuestro cometido es ayudar a las organizaciones a poner en marcha proyectos de transformación digital social ¿En qué consiste la transformación digital social?
Podemos entender por “transformación” digital” la introducción en todos los procesos y servicios de ambos sectores, públicos y privados, de los productos y recursos que pone a nuestra disposición la industria tecnológica. Sin embargo, este proceso, tomado sin más, sólo generaría un beneficio en la gestión de la eficiencia, y en todo caso, en la ficticia reducción de costes. Pero es cuestionable su peso en un incremento del bienestar social. La Transformación Digital no es sólo llenar de «cacharros» el entorno.
Por ello, debemos perseguir el completar el concepto “Transformación Digital” con el adjetivo “Social” (según la sociología). Y para que la transformación digital beneficie a toda la sociedad o a grupos sociales amplios, la introducción de la tecnología (bienes y productos) y sus recursos (aplicaciones y servicios), debe realizarse tomando a la persona como centro, y pensando en la persona como destinatario principal de la transformación digital.
Y si queremos una “Transformación Digital Social” completa y en su concepto amplio, con beneficio directo en cada actor de la sociedad, la gran mayoría de los bienes, productos y servicios implementados en ella, deben, además, cumplir necesariamente determinadas condiciones. Dos de ellas, innegociables, la accesibilidad y usabilidad de toda la tecnología y recursos Tic utilizados.
La transformación digital es, en definitiva, la transformación de la sociedad. Es el cambio de nuestro modo de vida, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de un nuevo sistema de trabajo y producción, de nuestra forma de acceso y utilización de servicios públicos y privados. Es la transformación de la educación, la sanidad, la cultura o la comunicación. Todo ello basado en tecnologías presentes o emergentes, que van posicionándose en nuestras vidas sin darnos cuenta: IoT, cloud, realidad virtual, tecnologías en movilidad, sistemas de desplazamiento autónomos (coches inteligentes), desembarco de la robótica… tecnologías que sin los criterios de accesibilidad y usabilidad dejarán a millones de ciudadanos-usuarios-consumidores fuera del círculo, desplazándolo a puntos alejados de la circunferencia que lo sustenta. Y las consecuencias, desgraciadamente, serán desastrosas para la economía, para el gasto público y para la sociedad.
¿Por qué necesitan las organizaciones la tecnología digital? ¿Cuáles son las oportunidades sociales y de negocio, de la transformación digital para las organizaciones?
La tecnología digital ha supuesto una revolución social a gran escala en un espacio temporal de pocos años, como nunca había vivido la humanidad. Pese a todas sus carencias, sin duda, en cuestiones de accesibilidad y usabilidad, la tecnología digital ha incorporado de forma real a millones de personas a la nueva sociedad de la información y la comunicación y que, debido a sus limitaciones funcionales por alguna discapacidad, o por el mero proceso natural del envejecimiento, se encontraban fuera de la ciudadanía activa.
Hoy no entendemos nada sin la tecnología digital, y nada se entiende sin ella. Las Administraciones Públicas necesitan de la tecnología para generar y gestionar sevicios públicos a disposición del ciudadano, en todos los ámbitos: sociales, educativos, de transporte y movilidad, de relaciones con las Administraciones, sanitarios y sociosanitarios, de empleo público, de seguridad ciudadana… Ahora bien, la tecnología digital por sí sola no hace milagros, y para no generar exclusiones sociales debe cumplir criterios de usabilidad y usabilidad que garanticen el acceso en igualdad de condiciones para todos. De esta forma, se reducen costes y se gana en eficiencia y eficacia. Y el ahorro se puede, y debe reinvertir en nuevas inversiones en servicios e infraestructuras públicas.
El sector privado es distinto, y con unas reglas muy claras: ganar dinero. Lo cual es lícito. Por mucha conciencia social, y “responsabilidad social” que tenga la empresa, si no hay beneficio económico lo social no existe. Algo que siempre he tenido muy claro, y de lo que hice lema anteriormente en CENTAC, y ahora en AISTE: “Beneficio Social, Beneficio Económico”. Si hay algo que ha traído la Tecnología en esta nueva sociedad, es la oportunidad de crear beneficio social al tiempo que beneficio económico. Al hacerse global la economía, al poder estudiar o trabajar desde cualquier parte, al poder comprar desde nuestro ordenador o teléfono inteligente, al poder hablar con cualquiera en cualquier parte con aplicaciones digitales, al aparecer cada vez más soluciones domóticas y electrodomésticos inteligentes… abre enormes oportunidades y nichos de negocio para cualquier empresa en cualquier sector. Ahora el cliente y consumidor, de productos y servicios, está en cualquier parte.
Creo que es muy evidente: en ser capaces de incorporar y fidelizar a decenas de millones de ciudadanos con discapacidad o limitaciones como clientes. ¿Cómo? Generando bienes, productos y servicios con criterios de accesibilidad y usabilidad. Y esto conlleva mayor consumo, mucho mayor consumo, y al cumplir los mencionados criterios, mayor bienestar social. Mayor autonomía y participación. Y el mayor consumo genera competitividad, y esto conlleva precios más asequibles y mejores.
Economía Plateada
La evolución tecnológica ha traído consigo nuevas herramientas para la sanidad, para la investigación, para el cuidado de las personas y para el avance científico; y todo ello, a su vez, ha generado una mayor longevidad en la ciudadanía en los países desarrollados.
Según estimaciones del Director de programas de la Comisión Europea, Peter Wintlev-Jensen, en 2025, el sector de la denominada economía plateada supondrá más de un tercio de los puestos de trabajo productivos. La economía plateada hace referencia a personas mayores de 50 o 55 años en toda su diversidad: desde personas totalmente activas e independientes hasta las más dependientes, con discapacidad o limitaciones propias del deterioro funcional.
Precisamente, uno de los aspectos donde la tecnología digital tiene mayor potencialidad es en la gestión de la accesibilidad, la autonomía personal y la mejora de las condiciones de vida de una población envejecida. ¿Qué oportunidades se presentan en relación con las necesidades específicas de las personas mayores y dependientes? ¿Podemos hablar en este sentido de “una nueva economía”?
Por supuesto, es que definitivamente estamos ante una nueva economía. Y donde toma, si cabe, todavía mayor importancia la premisa “Beneficio Social, Beneficio Económico”, que defiendo desde hace años y ahora en AISTE. La mayor longevidad de la población, producida por los factores que mencionas, hace crecer también una ciudadanía con unos parámetros nuevos: mayor tiempo libre, mayor movilidad debido a las facilidades del transporte y las comunicaciones, mayor gasto en ocio, cultura y turismo, y mayor participación ciudadana en ámbitos no lucrativos o en la vida familiar, por citar algunos. Pero también, por lógica, el envejecimiento poblacional supone también la aparición progresiva de limitaciones funcionales, en mucho casos discapacidad, y en la población mayor dependencia de ayuda de terceras personas o soluciones técnicas.
Es precisamente en esta nueva Silver Economy o Economía Plateada, donde la tecnología juega cada vez en mayor medida un papel trascendental. Y es también en esta nueva Economía Plateada donde los bienes, productos y servicios con criterios de accesibilidad y usabilidad adquieren su mayor importancia, y trascendencia social.
En Europa, caminamos hacia una sociedad donde dentro de apenas veinte años, un tercio de la población tendrá más de 60 años. Un tercio de los ciudadanos europeos, alrededor de 250 millones, que son consumidores en potencia. Una circunstancia que abre verdaderas oportunidades a la industria y a todo el sector privado en encontrar verdaderas oportunidades de negocio y de beneficio económico incorporando soluciones de accesibilidad y usabilidad a sus productos y servicios. Cuando generas usabilidad, generas consumo, directo e indirecto; cuando generas usabilidad, generas autonomía personal, y la autonomía personal genera movilidad, independencia, productividad y mayor velocidad en el acceso a la utilización de los servicios vinculados a la tecnología.
Sin duda, el sector sociosanitario será uno de los grandes beneficiados. Pero en última instancia, todos los sectores, siendo uno de los más importantes el turístico.
Sector público
En España tenemos normativa que en distintos aspectos recoge aplicaciones y oportunidades de negocio, y de mejora de calidad de vida y de servicios públicos, de la mano de las TIC.
Ejemplos son el RD 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, al igual que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, o los Reales Decretos de condiciones básicas de accesibilidad en todos los entornos, productos, espacios públicos o edificaciones o la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que permite al ciudadano no presentar aquellos documentos que ya tiene la propia Administración.
A tu juicio, ¿en qué momento estamos? ¿Se están aplicando estas leyes?
Sin duda, no estamos como hace treinta años, pero estamos muy lejos de que la sola legislación sea la solución para eliminar las brechas de accesibilidad tecnológica que requiere la población con discapacidad, limitaciones o mayores. El incumplimiento es flagrante en todas las Administraciones Públicas, pese a haber mejorado, sin duda. La accesibilidad a las webs, por ejemplo, en España es obligatoria desde el año 2007; el RD 1112/2018 es una transposición de la Directiva Europea que obliga a todos los Estados. Pero la lentitud de la Administración de Justicia, al menos en Europa; el escaso “miedo” que provocan las sanciones económicas, por su escasa cuantía; y la incapacidad de los poderes legislativos de seguir la velocidad de evolución e innovación del sector tecnológico, no permite que la sola legislación sea la solución definitiva. Sin embargo, también es cierto que, en el específico caso de la accesibilidad a las webs y las Apps (novedad del RD 1112/2018), y al existir la obligatoriedad para todo el territorio europeo, precisamente por su situación de incumplimiento, es una oportunidad para aquellas empresas que trabajen en este ámbito. Porque además, el RD afecta también a aquellas empresas del sector privado que provean de servicios de especial importancia para el ciudadano, como el transporte o de sectores enérgéticos.
Ahora bien, sí hay dos desarrollos legislativos que pueden cambiar (progresivamente en el tiempo, y con paciencia), el escenario de la accesibilidad y usabilidad de las tecnologías, y teniendo en cuenta que las AAPP son el principal cliente del sector privado, convertirse en fuertes oportunidades de negocio y beneficio económico para la empresa (al tiempo que, evidentemente, beneficio social). Por un la lado, la ley mencionada Ley 9/2017 de contratos del sector público (transposición de la Directiva Europea), al establecer por primera vez, con carácter obligatorio, la incorporación en los pliegos técnicos de las condiciones de accesibilidad de los bienes, productos y servicios que, adquiridos por cualquier Administración mediante cualquier fórmula de las contempladas, estén destinados a ser usados por las personas. Y aquí entran los funcionarios también. Para ello, la propia UE sacó la norma técnica UNE-EN 301549, para servir de guía prescriptiva en este campo de productos y servicios tecnológicos.
Y por otro lado, la recientemente aprobada Directiva Europea UE 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los Productos y Servicios, cuyo fin, según figura en su art. 1, es “contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior mediante la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo relativo a los requisitos de accesibilidad exigibles a determinados productos y servicios, en particular eliminando y evitando los obstáculos a la libre circulación de productos y servicios derivados de las divergencias en los requisitos de accesibilidad en los Estados miembros”. Y en este caso, afecta tanto al sector público como al sector privado; y a servicios tan diversos como los bancarios y financieros, comercio electrónico, terminales de pago, o servicios mediante dispositivos móviles, por citar algunos. Creo que es más que evidente, las oportunidades de negocio, generadoras de beneficio social, que se abre para muchas empresas en múltiples sectores, en los próximos años.
En el sector privado, por el contrario, el pago por móvil, las tarjetas de contacless o la venta online son prácticas consolidadas. ¿Hacen falta alianzas público-privadas para promover la modernización de la Administración y sobre todo, el avance digital del sector público?
Efectivamente, son prácticas consolidadas, y aceptadas socialmente. Si nos fijamos, los ejemplos que citas facilitan la vida a la gente, hacen más sencillo el acceso a servicios e incrementan el consumo, ¡no dependes de llevar unos pocos billetes encima!. Sin embargo, en la mayoría de los casos tienen problemas de accesibilidad en su uso para decenas de miles de personas mayores o con discapacidad, ¡que también son consumidores!. Tanto el comercio online, como las apps de acceso a los servicios a través de los teléfonos inteligentes, tablets, o cualquier tecnología de movilidad.
En primer lugar, porque las alianzas público-privada son generadoras de conocimiento, son elementos clave para compartir conocimiento y potenciarlo, y esto siempre da frutos en mejores productos, servicios y entornos para el ciudadano. En segundo lugar, porque en las alianzas público-privadas se establecen lazos entre los dos grandes pilares de la economía: el mayor cliente (las Administraciones Públicas), y los proveedores de los productos y servicios, que necesariamente deben ser sector privado; y en tercer lugar, porque es necesario un diálogo permanente en el tiempo entre quien debe garantizar un estado de derecho para el ciudadano (la Administración, de objeto no lucrativo pero cuyo fin es la eficiencia y eficacia), y de quien debe de proveerle de las herramientas para lograrlo (el sector privado, y cuyo conocimiento del ciudadano como consumidor es esencial).
Pero no olvidemos que estas alianzas debieran incorporar, necesariamente, también entidades expertas en el conocimiento de la diversidad funcional y social de la población (personas mayores, con discapacidad o limitaciones), y de las necesidades de accesibilidad y usabilidad de cada uno para el acceso a los productos, servicios y entornos, de cada ámbito, público y privado. Esto es lo que pretendió, con éxito, en su día el CENTAC, y lo que pretende ahora AISTE: ser ese motor esencial de generar beneficio social y beneficio económico. Ser el nicho de conocimiento para el sector público en lograr mayor eficiencia y eficacia universal en sus relaciones con el ciudadano; y ser el nicho de conocimiento para el sector privado, de cómo obtener mayor beneficio económico mediante la accesibilidad y usabilidad de las tecnologías que fabriquen o usen.
¿En qué proyectos estáis trabajando ahora o cuáles son vuestros próximos proyectos?
Uno muy claro: convertir AISTE en un verdadero centro de conocimiento para las Administraciones Públicas, en todos sus niveles: Central, Autonómica y local.
También profundizar y seguir impulsando Espacios Integrados Inteligentes dentro de las ciudades y los municipios; estos espacios son entornos generados a partir de la idea global de Smart Cities, pero más pequeños, donde todos y cada uno de los ciudadanos, con independencia de sus capacidades, sea completamente autónomo y pueda interactuar con los servicios de la ciudad gracias a las tecnologías ya existentes y emergentes. También tenemos como prioridad seguir acercándonos al sector empresarial líder tecnológico y a las PYMES, para estar al día de todas las novedades y estado de madurez de las tecnologías innovadoras, y así detectar su potencia y aprovechamiento desde el principio, así como establecer vínculos de colaboración y trabajo con ellas.
¿En qué estado estamos en España en cuanto a transformación digital social se refiere?
Muy alejados; pero aquí, y fuera de aquí. Las “buenas prácticas” sociales las empresas, especialmente del sector privado, las han ido derivando a las sesgadas políticas de RSC. Pero curiosamente, es en este sector, el privado, el que directamente busca beneficio económico, donde se está produciendo un cambio importante, derivado “de la necesidad de sobrevivir”. Y es que la tecnología ha desarrollado un ecosistema global de comercio, sin fronteras, con mucha mayor competitividad en la industria y el sector TIC, que necesita captar continuamente nuevos consumidores y fidelizarlos. Un nuevo mundo comercial donde la imagen toma relevancia especial (respeto a medio ambiente, formas de vid saludable, igualdad sociolaboral…), pero también donde se trata de poner al usuario-consumidor en el foco, para no perderlo. Paradójicamente, es de este sector TIC tan competitivo y capitalista (en el buen sentido) donde se están generando continuamente más y mejores productos, servicios, soluciones y entornos con criterios de accesibilidad y usabilidad. Y recordemos que es la industria y las empresas del sector TIC, quienes nutren al resto de empresas del sector privado, y al sector público, de estas herramientas. Pensemos en positivo: aunque no vayan llegando por sentido de verdadera conciencia social, bienvenido sea todo lo que mejore el bienestar de las personas.
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