Helena Ancos
28 de diciembre de 2020
El pasado mes de noviembre el Financial Times publicaba un artículo Super-rich fortify against climate change and health risks donde daba cuenta de los crecientes servicios empresariales de protección personal en salud y viviendas (búnkers) para proteger de los riesgos del cambio climático y de posibles emergencias sanitarias a personas adineradas.
Que el cambio climático o los riesgos pandémicos exarcerbarán la pobreza y la desigualdad existentes es algo no ya constatable sino que ha sido puesto de relieve por muchas voces autorizadas y numerosos informes. Desde el Papa Francisco, pasando por William Nordhaus al aceptar el Premio Nobel en 2018, o Joseph Stiglitz han advertido de las devastadoras consecuencias del cambio climático para la igualdad, la democracia y los derechos humanos.
Uno de los expertos que de forma más contundente ha puesto en evidencia estos riesgos ha sido el relator especial de la ONU sobre Pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, en su informe sobre Cambio climático y pobreza.(1)
El relator repasa muchas de las consecuencias que estamos sufriendo en este momento debido al cambio climático, desde las temperaturas récord que se están alcanzando hasta el derretimiento de los glaciares, los incendios sin precedentes, las peores inundaciones de los últimos mil años, los millones de personas que están malnutridas debido a las sequías que acaban con las cosechas, el aumento del nivel del mar, la desaparición de los ecosistemas marinos, y las amenazas a la economía y al orden social en general.
Para el año 2050, el cambio climático podría desplazar a 140 millones de personas en África subsahariana, el sur de Asia y América Latina solamente. En 2017, 18,8 millones de personas fueron desplazadas debido a desastres en 135 países, casi el doble del número de desplazados por conflictos armados, y desde el año 2000, las personas en los países pobres han muerto a causa de desastres a una tasa siete veces mayor que en los países ricos.
Además, según el Banco Mundial, con 2°C grados de calentamiento, entre 100 y 400 millones de personas más estarán en riesgo de pasar hambre y entre 1000 y 2000 millones ya no tendrán suficiente agua. El cambio climático podría dar lugar a pérdidas en el rendimiento mundial de los cultivos del 30 por ciento para 2080, incluso si se toman medidas para adaptarse a él. Y entre 2030 y 2050, se espera que cause aproximadamente 250,000 muertes adicionales por año a causa de la desnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés por calor.
La paradoja como ya puso de manifiesto Oxfam el pasado septiembre, es que el 10% más rico del planeta es responsable del 52% de las emisiones acumuladas entre 1990 y 2015, frente a sólo el 7% del 50% más pobre. Estos últimos apenas han aumentado sus emisiones en 25 años, mientras que se han disparado entre los más ricos y las clases medias.
¿PERO CUÁL HA DE SER EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO EN ESTE NUEVO ESCENARIO?
El cambio climático o las amenazas de salud ofrecen un nuevo nicho de mercado para sectores como el de la construcción, el inmobiliario, o farmaceútico y ello es algo legítimo. De hecho, los retos planteados por los objetivos de Desarrollo Sostenible no tendrían ningún recorrido de no ser por el papel del sector privado, sus innovaciones y la colaboración público privada a través de las alianzas del ODS 17.
Ahora bien, una excesiva relajación del sector público, o la delegación únicamente en el sector privado la lucha contra las nuevas amenazas sólo conducirá a exacerbar los estragos sobre los más vulnerables y la “nueva” segregación entre ricos y pobres
Si el sector privado ha sido el colaborador necesario de buena parte del progreso en materia de desarrollo, salud mundial y reducción de la pobreza en los últimos años, hay que reclamar ahora una acción rápida en actividades de mitigación, colaboración y trabajo inclusivo, no de aprovechamiento de los riesgos como un nuevo nicho de mercado para la especulación o el servicio a los más pudientes.
Lo vimos ya en los incendios de California donde bomberos privados salvaron las mansiones de los clientes de seguros y lo estamos viendo con las vacunas frente al Covid donde una respuesta global está olvidando la solidaridad con los más vulnerables en Africa, Asia o América Latina. Lo estamos viendo también en el caso de los mercados de futuros sobre el agua, ..
En otras palabras, el sector privado ha de colaborar en las alianzas para el desarrollo sostenible, pero asumiendo también su responsabilidad en la mitigación de estas nuevas desigualdades.
Desmond Tutu reclamaba así hace unos años este compromiso ético y cívico en relación con el cambio climático y la industria de combustibles fósiles:
“Podemos boicotear eventos, equipos deportivos y la programación de medios patrocinados por compañías de combustibles fósiles; exigir que sus anuncios lleven advertencias sanitarias; organizar jornadas sin coches y otras plataformas para crear una conciencia social más amplia; y pedir a nuestras comunidades religiosas que se pronuncien sobre el tema desde sus diversos púlpitos. Podemos alentar a las empresas de energía a que inviertan más recursos en el desarrollo de productos energéticos sostenibles, y podemos recompensar a aquellas empresas que lo hagan de forma demostrable utilizando sus productos con exclusión de los demás.
Así como sosteníamos en la década de 1980 que quienes realizaban negocios con el apartheid de Sudáfrica estaban ayudando e incitando a un sistema inmoral, podemos decir que nadie debería beneficiarse del aumento de las temperaturas, los mares y el sufrimiento humano causado por la quema de combustibles fósiles.”
No todo vale en la contribución a los ODS. Antonio Vives ha denunciado ya en estas páginas el greenwashing en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2) y son muchos los ejemplos de medios y agencias que promueven una comunicación acrítica de los ODS. Podemos evitar, con compromiso, anticipación y exigiendo responsabilidad, un nuevo apartheid climático (Alston) y sanitario que evite una privatización acelerada de servicios básicos de mitigación, prevención, y protección social.
(1) El último informe publicado por Alston con el elocuente título de “The parlous state of poverty eradication” de julio de este año aborda también las consecuencias del COVID-19.
(2) Véanse los artículos de Antonio Vives, «¿Un paso adelante contra el greenwashing de los ODS?» y «Qué fácil es usar los ODS para el greenwashing»
Imagen: Búnker en la isla de Guernsey. Freepik
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