Global Witness es una ONG internacional fundada en 1993 que trabaja intensamente para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos sociales, la pobreza, la corrupción y los abusos de derechos humanos en todo el mundo. La organización cuenta con oficinas en Londres y Washington, D.C.
Una Investigación realizada por Global Witness en abril de 2014 reveló que el número de defensores del medio ambiente que murieron en 2012 se triplicó respecto a los diez años anteriores, documentando 147 muertes en 2012, en comparación con 51 en 2002. Sólo en Brasil, fueron asesinados 448 activistas de defensa de los recursos naturales entre 2002 y 2013; en Honduras 109, en Perú 58, en Filipinas 67 y 16 en Tailandia. Muchos de ellos murieron por enfrentarse a la apropiación de tierras, operaciones mineras o el comercio de la madera, viéndose a menudo obligados a abandonar sus hogares y sus tierras, severamente amenazados por la destrucción del medio ambiente. Otros fueron asesinados por las protestas por la conservación de la fauna, la contaminación o la oposición a la construcción de presas hidroeléctricas.
Precisamente, entre las diversas campañas promovidas por la organización, Global Witness ha sido muy activa en la promoción del enjuiciamiento por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de los crímenes relacionados con el medio ambiente y el desplazamiento de poblaciones, contribuyendo en gran medida al reciente cambio en la política de la Fiscalía del TPI, un éxito para la Justicia global de los Derechos Humanos y el medio ambiente.
Nos entrevistamos con Alice Harrison, Senior Communications Advisor de Global Witness.
Helena Ancos. El anuncio por la Fiscalía del TPI es un paso crítico en la defensa de los Derechos Humanos y en la involución de la violencia y el expolio asociado a los recursos naturales y al daño medioambiental. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hemos tenido que esperar tanto?
Alice Harrison. La razón por la que la Corte Internacional de Justicia ha desarrollado esta Política es para responder a años de críticas por parte de diferentes grupos, así como por parte de gobiernos y la sociedad, en la falta de transparencia del Tribunal a la hora de seleccionar y priorizar sus casos. Para estos grupos activistas resulta difícil compender por qué se ha elegido un caso y no otro, por qué se ha elegido Kenya y no Costa de Marfil, por ejemplo. Así que esta Política que se presentó hace una semanas es un intento por parte de la Fiscalía de desarrollar criterios transparentes a los que acogerse a la hora de seleccionar casos. Éste es el motivo por el que se creó esta Política.
No obstante, el mundo ha visto cómo los delitos ambientales han crecido de manera importante, se están agotando los recursos naturales y se están vendiendo terrenos. La batalla por los recursos naturales se ha intensificado. Por ejemplo, en 2015 hemos visto cómo morían tres personas a la semana al tratar de defender tierras y bosques frente a industrias destructoras. Y estas víctimas han sido completamente ignoradas por los tribunales internacionales. Por esta razón, el Tribunal reconoce que tiene un papel muy importante que jugar para prevenir este tipo de delitos ambientales que llevan a importantes daños ambientales y al acaparamiento de tierras.
Por otra parte, el Tribunal también quiere tener un papel preventivo que evitar delitos futuros, pero, en realidad, al perseguir un sólo delito a la vez, esto no está ocurriendo.
El Tribunal se ha dado cuenta de que si persigue los delitos que tienen una motivación de búsqueda de beneficio, le será más fácil tener ese papel preventivo. Y esto es así porque los que cometen esos delitos por motivos económicos lo hacen de manera racional y planeada y, si el Tribunal demuestra que está persiguiendo dos o tres delitos ambientales de motivación económica, se lanzará una señal muy clara hacia posibles delincuentes, diciéndoles que este tipo de delito les supone un riesgo muy claro, y que deberían evitarse.
¿En qué medida pueden haber influido en este cambio de política las negociaciones sobre el cambio climático y la ratificacíón del Acuerdo de París?
Sé que la Fiscalía envió un representante a París, así que era algo que ya tenían en mente. Esta Política no tiene como motivación específica la lucha contra el cambio climático, sino que esto sería un efecto colateral (el detener delitos ambientales) ya que esta Política quiere mitigar ese tipo de delitos y, por tanto, contribuir a mitigar el cambio climático. Pero yo no diría que hay una conexión directa.
Una de las Campañas de Global Witness tiene como objetivo el diseño de nuevas normas comunitarias para impedir que los inversores europeos financien proyectos que impliquen acaparamiento de tierras. Cuéntanos más sobre esta campaña.
Desde 2008 hemos visto un aumento masivo en el acaparamiento de tierras, sobre todo en países pobres. y si, se mira detalladamente, se ve la correlación entre países con altos niveles de corrupción y una gobernanza débil, y países en los que se está produciendo un acaparamiento de tierras. En algunos países, como Camboya, el gobierno y el sistema local de justicia son parte del problema. Por ello es difícil acabar con este problema a través de la colaboración con el gobierno local. Una parte del problema viene de inversores de la Unión Europea o de los EEUU que están financiando a las empresas. La campaña hacia la UE es un intento de detener estas corrientes de dinero, aprobando leyes que detengan que el dinero de fondos de pensiones, fondos de inversión etc. vaya a ese tipo de operaciones.
El caso de Camboya sobre la explotación ilegal de tierras presentado ante el TPI podria ser un test para la nueva política del Tribunal. ¿Qué expectativas tenéis sobre este caso?
Esperamos que la Fiscalía inicie las investigaciones preliminares antes de que acabe el año. La Fiscalía ha tenido en cuenta el caso de Camboya desde 2014, y creemos que este caso cumple con todos los criterios para que el Tribunal pueda conocer del caso, ofreciendo además un supuesto perfecto para que la Fiscalía aplique la Política lanzada hace pocas semanas, y comience a investigar casos. Esto puede tener además un impacto directo sobre los millones de personas en todo el planeta que han sido afectadas por el acaparamiento de tierras.
¿Qué otras campañas tenéis en marcha? ¿Cuáles son las campañas más peligrosas?
Global Witness tiende a enfocarse en países muy peligrosos. Hubo una campaña lanzada en 2012, «Defensores Ambientales», para proteger a personas que estaban defendiendo tierras y bosques en todo el mundo, arriesgando sus vidas. A menudo son miembros de la comunidad que luchan contra plantaciones industriales o proyectos gigantes de infraestructura, y lo hacen en algunos de los países más peligrosos del mundo para este tema, como Brasil, Filipinas, o Camboya, poniendo sus vidas en peligro.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales motores de cambio para promover el activismo de la sociedad civil y qué desafíos tiene que afrontar este activismo?
¿Motivaciones? Difícil de decir. Por ejemplo la Justicia Social, la Educación y Sanidad gratuitas, u otros derechos humanos como la libertad de expresión. Lo que está facilitando todo esto son las redes sociales. Por ejemplo en países represores donde los medios de comunicación están controlados por el gobierno y es muy difícil salir a las calles, sí que se pueden ver campañas de movilización organizadas desde las redes sociales, como la Primavera Árabe. También vemos cómo los gobiernos tienden a criminalizar a la sociedad civil y a los activistas pacíficos. También vemos un control cada vez mayor de las redes sociales. Todo esto hace las ONGs vean restringida su libertad operativa en muchos países. Ello hace que la sociedad civil cada vez lo tenga más complicado a la hora de organizarse de manera efectiva. Pero los activistas son valientes y creativos y se las arreglan para ir por un paso por delante de las autoridades.
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