El Parlamento francés aprobó el pasado 21 de febrero la ley por la que se establece una obligación de vigilancia para las empresas matrices y subcontratistas. La ley supone un hito hacia la mejora del respeto corporativo por los derechos humanos y el medio ambiente.
La ley, que sólo se aplica a las empresas francesas más grandes (unas 100), hará que éstas evalúen y aborden los impactos negativos de sus actividades sobre las personas y sobre el planeta, haciendo que publiquen planes anuales de vigilancia pública. Esto incluye los impactos vinculados a sus propias actividades, los de las empresas bajo su control, y los de los proveedores y subcontratistas, con quienes tienen una relación comercial establecida.
En caso de incumplimiento por las empresas, la ley faculta a las víctimas y otras partes interesadas a plantear una demanda judicial. Los jueces pueden imponer multas de hasta 10 millones de euros cuando las empresas no publiquen sus respectivos planes, pudiéndose elevar hasta 30 millones de euros si se concluye que los daños producidos podrían haberse evitado.
A pesar de ser un logro importante, las organizaciones francesas de la sociedad civil argumentan que el texto de la ley podría haber sido más ambicioso. El alcance de la ley es limitado, por el número de empresas a las que afecta. Por otra parte, la carga de la prueba sigue recayendo sobre las víctimas, que a menudo carecen de los medios para buscar la justicia, acentuando aún más el desequilibrio de poder entre las grandes empresas y las víctimas de abusos. Además, si se incurre en daños a pesar de que la empresa matriz haya implementado un plan de vigilancia adecuado, la empresa no será responsable: una empresa no está obligada a garantizar los resultados, sino a probar que ha hecho todo lo posible para evitar daños.
Aunque Francia es el primer país en adoptar una legislación vinculante de este tipo, el desarrollo forma parte de un movimiento más amplio en toda Europa. En Suiza se está examinando una legislación similar, para la que se han recogido las firmas necesarias para un referéndum sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos. En febrero de 2017, el Parlamento holandés aprobó el Proyecto de ley sobre la debida diligencia en el trabajo infantil. Si finalmente se aprueba por el Senado holandés, la ley exigirá que las empresas identifiquen si el trabajo infantil está presente en sus cadenas de suministro y, si es así, elaboren un plan para combatirlo.
En 2016, el Reino Unido adoptó la Cláusula de Transparencia en la Cadena de Suministro de la Ley de la Esclavitud Moderna. Esta disposición requiere que las empresas domiciliadas o que hagan negocios en el Reino Unido informen sobre las medidas adoptadas para prevenir la esclavitud o las violaciones de derechos humanos en sus cadenas de suministro.
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