
- La justicia frena la ampliación del aeropuerto de Heathrow por el cambio climático
- Un tribunal del Reino Unido declara ilegal la millonaria obra por no tener en cuenta el Acuerdo de París contra el calentamiento
- Entre los demandantes figura un grupo formado por ayuntamientos de la capital a los que afectaría la medida, organizaciones medioambientales como Greenpeace, Friends Of The Earth y Plan B y el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan
1 de marzo de 2020
Un tribunal de apelación británico ha declarado ilegales los planes para la construcción de una tercera pista en el aeropuerto londinense de Heathrow. La sentencia marca un importante precedente en la lucha medioambiental, ya que se apoya por primera vez en el Acuerdo de París contra el cambio climático para sostener su decisión. Los jueces han considerado que el Gobierno del Reino Unido no ha tenido en cuenta sus compromisos internacionales contra el calentamiento a la hora de elaborar la planificación que permite la ampliación del aeropuerto londinense. «El Gobierno debería haber tenido en cuenta el Acuerdo de París. No se realizó una declaración de planificación nacional como exige la ley«, concluyen los magistrados británicos.
El proyecto de ampliación suponía una inversión de 16.500 millones de euros. Requeriría la adquisición de cerca de cuatro kilómetros cuadrados al noroeste del aeropuerto y el derribo de casi ochocientos edificios y viviendas. Según la empresa que dirige Heathrow, permitiría el tráfico de 756.000 vuelos al año frente a los 473.000 que se realizan en la actualidad.
En su día, el primer ministro, Boris Johnson, cuando era alcalde de Londres, se puso al frente de las protestas contra esta tercera pista por el riesgo de polución y contaminación acústica que suponía el proyecto. Sin embargo, la Cámara de los Comunes dio su respaldo hace dos años al proyecto, apoyado por el Gobierno de la ex primera ministra Theresa May.
Las implicaciones de este fallo son globales y pueden sentar un importante precedente internacional para las organizaciones ecologistas que luchan contra proyectos concretos que supongan un alto nivel de emisiones de gases contaminantes. El fallo es muy interesante porque el Acuerdo de Paris, carece de obligatoriedad y no contiene reducciones de emisiones jurídicamente vinculantes para los Estados.
El pacto climático establece una meta global: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr que el aumento de la temperatura respecto a los niveles preindustriales no supere los dos grados centígrados y, en la medida de lo posible, los 1,5. Esa es la meta común y para llegar a ella los países tienen que presentar planes de recorte de sus propias emisiones de efecto invernadero.
Esos planes son voluntarios, cada país decide lo ambicioso que quiere ser. El Gobierno británico, pionero en la legislación contra el calentamiento global y uno de los históricos líderes de esta lucha internacional, decidió situarse entre los más ambiciosos. Y el año pasado se comprometió a eliminar sus emisiones completamente para 2050, lo que indican los científicos que se debe hacer para cumplir con el objetivo de 1,5 grados. El Ejecutivo del Reino Unido actualizó así al alza su anterior compromiso, que era una reducción del 80% en 2050.
La novedad de este fallo es que, por primera vez, un tribunal nacional falla que los objetivos que se fijan en ese pacto (esa limitación de entre dos y 1,5 grados) tienen un «efecto vinculante».
Esta sentencia puede replicarse en otras demandas que invoquen el Acuerdo de París entre los objetivos para frenar el cambio climático en Estados y en Empresas con proyectos contaminantes. Así por ejemplo, en España, la futura ley de cambio climático parte de ese pacto y establece que en determinadas planificaciones —como la hidrológica— se debe tener en cuenta el calentamiento global.
Tras conocerse la sentencia, el Gobierno británico ha anunciado que no tiene intención de recurrir el fallo. Por el contrario, sí recurrirá la compañía que gestiona el aeropuerto, cuyo principal accionista, con un 25% de las participaciones, es la empresa española Ferrovial.
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