23 de enero de 2020
Más de dos tercios de los países —incluidas las economías más avanzadas del mundo— muestran signos de estancamiento o de retrocesos en sus esfuerzos anticorrupción, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, publicado hoy por Transparency International.
Los países donde las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares, tienen menos posibilidades de reducir la corrupción, de acuerdo con los resultados del análisis.
“La frustración por la corrupción gubernamental y la falta de confianza en las instituciones refleja la necesidad de una mayor integridad política”, dice Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparency International. “Los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos”.
Destacados del IPC
El IPC califica a 180 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, a partir de 13 evaluaciones de expertos y encuestas a empresarios. Utiliza una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción).
Más de dos tercios de los países obtienen puntuaciones menores a 50, con una puntuación media de solo 43. En comparación con 2012, solo 22 países mejoraron significativamente su puntuación, ente ellos Estonia, Grecia y Guyana. Del total de países, 22 empeoraron significativamente en este mismo periodo, entre ellos Australia, Canadá y Nicaragua.
La investigación demuestra que varias de las economías más avanzadas no pueden darse por satisfechas si quieren mantener su impulso anticorrupción. Cuatro países del G7 redujeron sus puntuaciones en relación con el año pasado: Canadá (-4), Francia (-3), Reino Unido (-3) y Estados Unidos (-2). Alemania y Japón no experimentaron ninguna mejora, mientras que Italia aumentó un punto.
El IPC 2019 mide exclusivamente la percepción de la corrupción en el sector público de 180 países y territorios, a los que se asigna una puntuación de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción). De acuerdo con el análisis de los datos globales, más de dos tercios de los países estudiados han obtenido menos de 50 puntos, y la calificación media se sitúa en 43 puntos.
En la primera posición del Índice se encuentran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 87 puntos, seguidos por Finlandia, que este año obtuvo 86 puntos. Los últimos puestos son ocupados por Somalia, Sudán del Sur y Siria, con 9, 12 y 13 puntos sobre 100, respectivamente. En cuanto a las regiones, Europa Occidental y la Unión Europea tienen las mejores puntuaciones (66 puntos de media), y África es la que cuenta con la puntuación media más baja (32 puntos de media).
Integridad política y corrupción
El análisis demuestra que los países que tienen un buen desempeño en el IPC también cumplen con la regulación sobre la financiación de campañas electorales y cuentan con procesos de consulta muy participativos.
Los países donde hay regulaciones más exhaustivas para la financiación de las campañas y, además, se cumplen de manera sistemática, tienen una puntuación media de 70 en el IPC, mientras que los países donde las regulaciones no existen o se cumplen de forma deficiente tienen una media de 34 y 35, respectivamente.
60% de los países que mejoraron significativamente sus puntuaciones en el IPC desde 2012 también fortalecieron sus regulaciones sobre las donaciones a las campañas políticas.
“La falta de un progreso real contra la corrupción en la mayoría de los países es decepcionante y tiene profundos efectos negativos en la ciudadanía mundial”, dice Patricia Moreira, directora ejecutiva de Transparency International. “Para tener alguna posibilidad de reducir la corrupción y mejorar la vida de la gente, debemos acabar con la relación entre la política y los grandes flujos de dinero. Toda la ciudadanía debe estar representada en los procesos de toma de decisiones”.
Los países con procesos de consulta amplios y transparentes tienen una media de 61 puntos en el IPC. Por el contrario, cuando existe poca o ninguna consulta, la puntuación media es de solo 32.
Una amplia mayoría de países que empeoraron significativamente sus puntuaciones en el IPC desde 2012 no impulsan la participación de los actores políticos, sociales y empresariales más relevantes en los procesos de toma de decisiones.
España
La calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019 ha supuesto la subida de cuatro puntos en relación con el año pasado. Mientras que en 2018 España obtuvo 58/100 puntos, este año la puntuación es 62/100.
Para comprender estos resultados hay que resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción. La puntuación obtenida este año por España indica, al menos de forma indiciaria, que -en términos de percepción de expertos- las primeras sentencias recaídas en varios de los escándalos de corrupción aflorados en los últimos años, así como la moción de censura a la que se ha visto expuesta el anterior gobierno como consecuencia de una de las sentencias más importantes y de repercusión internacional conllevando por primera vez en democracia a un cambio de gobierno, han tenido un impacto importante. No obstante, ello no permite afirmar que España haya mejorado en la implementación de mecanismos de prevención de la corrupción, ni que todavía se hayan llevado a cabo las reformas legales necesarias.
Con esta calificación, España ocupa la posición 30 entre los 180 países estudiados en el IPC de este año, junto con Portugal, Barbados y Qatar. Por otro lado, España se ubica, junto con Portugal, en el puesto número 13 entre los 28 países de la Unión Europea. Pese a esta mejora en la puntuación, hay que destacar que España se encuentra por debajo de Estonia, país al que superaba en 2012 y que ha aumentado su puntuación de manera significativa en los últimos años.
De acuerdo con la metodología utilizada en el IPC, este aumento de cuatro puntos no permite afirmar aún una mejoría estadísticamente significativa. En términos estadísticos las mejoras significativas se valoran en relación a los resultados de 2012[1]y, en este sentido, España solo ha bajado 3 puntos. Sin embargo, la mejoría de la puntuación en comparación con el año pasado es un indicador que supone un giro relevante. Solo podremos afirmar una mejoría real de la posición cuando un país continúa subiendo en años sucesivos.
Este resultado, por lo tanto, no deja de seguir evidenciando que la corrupción en España continúa siendo un problema grave que debe llamar la acción de las autoridades y de la sociedad civil. Es preciso recordar que entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó en 7 puntos. Con la mejora de este año, España sigue por debajo de la puntuación que tenía hace 7 años, si bien la diferencia es mucho menor: este año obtuvo 3 puntos menos que los que logró en 2012, cuando su puntuación fue de 65.
Transparency International España considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y su competitividad.
Por eso, este año TI-España señala una vez más que reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
En este sentido, una vez recuperado el ordinario funcionamiento del parlamento y formado gobierno tras las últimas elecciones generales, se debe promover especialmente el diseño de una estrategia holística de prevención y lucha contra la corrupción, que permita superar el diagnóstico de los escándalos de corrupción y pasar a la acción en la implementación de los necesarios mecanismos de prevención resultantes del análisis profundo de las causas concretas que en España han dado lugar a los escándalos de corrupción en democracia.
Recomendaciones
Para reducir la corrupción y recuperar la confianza en la política, Transparencia Internacional recomienda:
- Controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política
- Acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés;
- Gestionar los conflictos de interés y las “puertas giratorias”;
- Regular las actividades de lobby, a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones;
- Fortalecer la integridad electoral, y prevenir y sancionar las campañas engañosas;
- Empoderar a la ciudadanía, y proteger a los activistas, los informantes y los periodistas;
- Reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes.
Leer el informe completo
Para leer la lista completa de recomendaciones, visitar www.transparency.org/cpi2019
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