“El miedo a los ataques terroristas y las corrientes masivas de refugiados están provocando que muchos gobiernos occidentales estén restringiendo las protecciones de derechos humanos”. Estos retrocesos amenazan los derechos de todos, sin ninguna eficacia demostrada a la hora de proteger a los ciudadanos comunes y corrientes”.
El cierre de las fronteras por parte de los gobiernos europeos está teniendo varias consecuencias. Por un lado, se elude la responsabilidad sobre los refugiados trasladando el problema a los países de la periferia de Europa, con menos recursos para acogerlos. En segundo lugar, los gobiernos europeos no están abordando convenientemente sus propias amenazas terroristas ni están prestando atención suficiente a la marginación social que sufren las sociedades de origen de los inmigrantes.
En tercer lugar, la respuesta de Europa a la afluencia de refugiados también ha sido contraproducente. El efecto de dejar a la mayoría de solicitantes de asilo sin otra alternativa que arriesgar sus vidas en embarcaciones poco seguras para cruzar el mar y llegar a Europa ha creado una situación caótica que los terroristas potenciales pueden explotar fácilmente. “La creación de vías seguras y ordenadas para que los refugiados puedan llegar a Europa reduciría el número de vidas perdidas en el mar, a la vez que ayudaría a los funcionarios de inmigración a descartar los potenciales riesgos, incrementando así la seguridad para todos”, según Roth.
Por último, se ha aprovechado esta situación para socavar la protección de la privacidad. Países como Estados Unidos han utilizado la amenaza del terrorismo para tratar de revertir recientes restricciones modestas a la capacidad de las agencias de inteligencia de recurrir a la vigilancia masiva, mientras que Reino Unido y Francia han tratado de ampliar sus poderes de supervisión. Para HRW, lo que se necesita en realidad no es una mayor cantidad de datos, sino más capacidad para investigar pistas criminales concretas.
Precisamente otra tendencia señalada en el informe es el mayor control por parte de gobiernos autoritarios en todo el mundo. Los movimientos populares de la sociedad civil con la ayuda de las redes sociales, con los precedentes de los levantamientos árabes, la “revolución de los paraguas” en Hong Kong y el movimiento Maidan en Ucrania, han provocado una mayor reacción autoritarista en muchos gobiernos que han tratado de sofocar a estos grupos cívicos promulgando leyes que restringen sus actividades y cortan el financiamiento internacional que necesitan.
Especialmente cruda ha sido la represión en Rusia y China con la persecución de grupos disidentes en Rusia y el arresto de abogados y activistas en China. El partido gobernante de Turquía ejecutó una fuerte represión, enfocada en los activistas y los medios de comunicación críticos con el gobierno.
Etiopía e India impusieron límites a la entrada de capital extranjero para eludir la supervisión independiente de violaciones de derechos cometidas por el gobierno. Bolivia, Camboya, Ecuador, Egipto, Kazajstán, Kenia,Marruecos, Sudán y Venezuela han promulgado leyes imprecisas y excesivamente amplias para controlar a los activistas y socavar la capacidad operativa de los grupos independientes.
No obstante estos retrocesos, el informe señala novedades positivas de 2015.
Por un lado, las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), lograron grandes avances hacia la igualdad con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Irlanda, México y Estados Unidos, y la despenalización de la homosexualidad en Mozambique.
En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una declaración de 72 países estableció el compromiso para acabar con la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
Las históricas elecciones en Birmania transcurrieron pacíficamente en noviembre, y los nigerianos también celebraron la transferencia pacífica del poder a la oposición. En Senegal se procesó al ex dictador del Chad, Hissène Habré por crímenes contra la humanidad durante su gobierno en la década de 1980: el primer juicio de un ex jefe de Estado por los tribunales de otro país.
Finalmente, el informe destaca también la adopción de los ODS en la ONU en septiembre donde se incluyen metas para alcanzar la igualdad de género y facilitar el acceso universal a la justicia, y la cumbre climática de la ONU en París, donde los gobiernos acordaron por primera vez “respetar, promover y considerar” los derechos humanos en su respuesta al cambio climático, especialmente en lo que respecta a los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, los migrantes y otras personas vulnerables.
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