Intermón Oxfam junto con la Plataforma por la Justicia Fiscal y la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidaria, promueven la Iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales que propone que las instituciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, etc.) jueguen un rol activo como actores económicos determinantes en la economía española e incentiven la responsabilidad fiscal de las empresas.
Los ayuntamientos tienen la posibilidad de tomar medidas de contratación municipal que desincentiven los comportamientos fiscales irresponsables. Una de las prácticas más habituales de elusión fiscal es la utilización de paraísos fiscales. Algunas empresas desvían fondos hacia paraísos fiscales para no pagar impuestos que, entre otras cosas, sirven para financiar a los ayuntamientos. De ahí que según los promotores, no es tolerable que una empresa que elude impuestos a través de paraísos fiscales pueda beneficiarse de contratos públicos.
Y es que el Estado, como actor económico que contribuye en un 25% al PIB a través de sus contrataciones públicas, tiene la capacidad de modelar el comportamiento de las empresas, introduciendo criterios de responsabilidad fiscal en las compras y contrataciones que realiza.
A través de esta campaña, las instituciones promotoras piden a las instituciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, autonomías, etc.) que incorporen criterios que obliguen a las empresas que quieran presentarse a un concurso público para gestionar servicios, suministros, obras, equipamientos, etc., a realizar un ejercicio de transparencia para demostrar que no operan a través de paraísos fiscales.
Para poder comprobar el grado de responsabilidad fiscal y los vínculos con paraísos fiscales, las empresas que participen en una convocatoria de contratación pública deberán aportar obligatoriamente un mapa de estructura de propiedad del grupo empresarial e información económica y financiera con desglose por país.
Las empresas licitadoras deben presentar una relación de todas las empresas que pertenecen al grupo empresarial y su relación de propiedad desde la empresa matriz hacia el resto de filiales. Esta información debe incluir el nombre y la ubicación geográfica de cada filial, explicitando si se encuentra en un territorio considerado paraíso fiscal, y el porcentaje de participación en cada filial por su precedente, para poder tener una impresión del funcionamiento del entramado societario.
La campaña pretende generar incentivos positivos para promover un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras, fomentando unas prácticas económicas que reviertan en el bien común y penalizando aquéllas que lo perjudiquen.
Esta campaña se inició en 2009 cuando diversas organizaciones sociales europeas lanzaron Tax Haven Free, una campaña que hacía un llamamiento a ciudades y gobiernos locales para que se posicionasen en contra de la utilización de paraísos fiscales.
En Francia, la campaña la lidera una plataforma integrada por Oxfam Francia, Attac Francia, y otras 16 organizaciones de la sociedad civil y ya han conseguido que varias ciudades importantes, como Estrasburgo y Grenoble, incluyan requerimientos de transparencia fiscal empresarial en sus políticas de contratación pública, y están empezando a trabajar el tema con el Ayuntamiento de París.
En Suecia, la campaña consiguió que el municipio de Kalmar, al sur del país, aprobase en su reglamento de contratación la prohibición de contratar empresas vinculadas a paraísos fiscales. El Ayuntamiento de Helsinki está poniendo en marcha un proyecto piloto para incluir requerimientos de transparencia fiscal a las empresas que pretendan concurrir a una licitación pública.
En España, ya se han adherido varias ciudades. En Navarra, la campaña liderada por Attac Navarra y se tradujo en la adhesión de diversos miembros del Parlamento de Navarra al llamamiento, así como en la aprobación de una resolución en el Parlamento Navarro instando a la OCDE y a la comunidad internacional a prohibir los países o zonas que operan como paraísos fiscales.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha aprobado en su Código Ético la prohibición de contratar empresas vinculadas a paraísos fiscales.
En Catalunya, en junio de 2015 el Parlament de Catalunya aprobó una moción para estudiar la posibilidad de excluir de la contratación pública a empresas vinculadas a paraísos fiscales. Los ayuntamientos de Mataró y Sant Cugat aprobaron entre marzo y abril de 2016 una moción por la que se declaran zonas Libres de Paraísos Fiscales.
Fuente: Intermón Oxfam
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