30 de enero de 2020
El miércoles 27 de enero, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo adoptó un importante informe en el que se pide a la Comisión Europea que presente una propuesta formal de ley europea de debida diligencia.
La ley debe requerir que las empresas, también las instituciones financieras, gestionen los riesgos corporativos, medioambientales y de derechos humanos a lo largo de su cadena de valor. Esta legislación es necesaria, ya que los compromisos empresariales voluntarios han fracasado en impedir las violaciones de derechos humanos.
La aprobación de este informe es un hecho relevante ya que impone una obligación de debida diligencia sobre las empresas, reconoce la necesidad de sanciones y establece la responsabilidad civil por los daños causados o por el incumplimiento de los procedimientos de debida diligencia.
Según las reglas propuestas, si un proveedor de una empresa de la UE provocó un derrame de petróleo en el extranjero, la empresa de la UE podría ser considerada responsable de no ejercer la debida diligencia en su cadena de suministro.
Las autoridades nacionales verificarían que las empresas hagan cumplir las reglas y podrían imponer sanciones e investigar las quejas, según el informe.
La propuesta daría a las víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho a llevar a las empresas de la UE ante los tribunales. Se exigirá a las empresas que consulten a los sindicatos, los pueblos indígenas y la sociedad civil sobre sus planes de diligencia debida
El informe ha conseguido el apoyo de una gran mayoría transversal – 27 votos a favor, uno en contra y una abstención- y deberá ser aprobado por todos los miembros del Parlamento Europeo en una sesión plenaria que tendrá lugar el próximo mes de marzo. Si el Parlamento aprueba el informe en su sesión de marzo, las recomendaciones podrían ayudar a dar forma a la ley de gobierno corporativo sostenible que anunció en Comisario Europeo de Justicia Didier Reynders en abril de 2020.
Una vez que la Comisión presente una propuesta, el Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros tendrán que acordar un texto para que entre en vigor.
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