12 de enero de 2020
En un contexto de crisis económica generalizada por la pandemia, y con un debate creciente sobre la necesidad de un ingreso mínimo vital, la Comisión publicó en octubre pasado su proyecto de directiva sobre un salario mínimo común para los países miembros. Su propuesta tiene como objetivo reducir el número de empleados que viven en la pobreza, y no descuidar el aspecto social de la recuperación económica, un complemento necesario también para la recuperación ecológica y la transición económica hacia el desarrollo sostenible.
La Presidenta de la Comisión Europea lo prometió en el momento de su toma de posesión. Ursula von der Leyen quería introducir un salario mínimo en toda Europa para garantizar el nivel de vida de los empleados. Con la publicación del proyecto de Directiva sobre «un salario mínimo adecuado en la Unión Europea», la Comisión ha hecho dado un paso adelante en este objetivo. La directiva aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de gobierno de los países miembros.
«La propuesta de salarios mínimos adecuados es una fuerte señal de que, incluso en tiempos de crisis, la dignidad del trabajo debe ser sagrada», según Ursula von der Leyen. Esta directiva debe garantizar «los cimientos de una recuperación justa, inclusiva y resiliente». Con este proyecto legislativo, Bruselas demuestra que el aspecto social de la recuperación no se olvida. Complementa las medidas del pacto verde para garantizar la transición ecológica de la Unión Europea.
No se trata de establecer un Salario mínimo común idéntico en todos los países de la Unión Europea, ya que los niveles de vida son diferentes de un país a otro: el proyecto pasa por establecer algunas normas comunes para garantizar un nivel de vida decente. El objetivo de la Comisión es garantizar que se refuercen los procesos de negociación colectiva para fijar mínimos de remuneración.
La propuesta de la Comisión respeta por tanto plenamente el principio de subsidiariedad: establece un marco para unas normas mínimas y respeta las competencias de los Estados miembros, así como la autonomía y la libertad contractual de los interlocutores sociales en el ámbito salarial. Además, no obliga a los Estados miembros a introducir salarios mínimos legales ni fija ninguna cuantía mínima común. La propuesta de la Comisión pretende promover la negociación colectiva salarial en todos los Estados miembros. En este contexto, los países con salarios mínimos legales deben establecer las condiciones para que estos salarios tengan la cuantía adecuada. La Comisión también quiere pedir a los Estados que actualicen el salario mínimo cada año.
10% de los trabajadores pobres
De hecho, la mayoría de los países de la Unión Europea ya tienen un salario mínimo, como el Smic en Francia. El salario mínimo interprofesional a partir de junio de 2020 en España ha quedado fijado en 950 euros al mes, teniendo en cuenta que en España se acostumbra a publicar el SMI dividido en 14 pagas anuales. Seis no los tienen (Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia), con convenios colectivos negociados entre empleadores y sindicatos que los sustituyan. Sin embargo, los niveles de estos diferentes dispositivos son muy diferentes de un país a otro. Eurostat, el Instituto Europeo de Estadística, muestra que los salarios mínimos oscilaron entre 312 euros para el más bajo, en Bulgaria, y 2142 euros para los más altos, en Luxemburgo (cifras de enero de 2020).
Sin embargo, todas estas medidas no son suficientes para proteger a los empleados de la pobreza. Europa tiene casi el 10% de los trabajadores pobres, es decir, cuyos ingresos son inferiores al 60% de los ingresos medios de su país. Esta cifra tiende a aumentar en tiempos de crisis, como lo hizo justo después de la crisis financiera de 2008. La tasa de los pobres trabajadores aumentó del 8,3% en 2007 al 9,8% en 2018. «Las personas que tienen trabajo no deberían tener problemas para poder llegar a fin de mes», según Nicolas Schmit, Comisario de Empleo y Derechos Sociales. Los salarios mínimos deben ponerse al día con otros salarios, que han aumentado en las últimas décadas y los han dejado rezagados». El proyecto de Directiva tiene por objeto evitar que el nivel de vida de las personas más vulnerables se vea afectado aún más por la pandemia.
Imagen: Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo. Comisión Europea.
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