Las clausulas sociales son aquellas disposiciones normativas que tienen como objeto la inclusión en los procesos de licitación pública, no solo de requisitos económicos, sino también de aspectos sociales y, concretamente, de medidas dirigidas a la promoción de empleo para personas que deban ser socialmente protegidas.
El de las personas con discapacidad es uno de los grupos sociales cuya protección viene especialmente garantizada por la propia Constitución Española en su artículo 49, incardinado entre los principios rectores de la política social y económica y dentro del Título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales.
En este precepto se impone a los poderes públicos la realización de una decidida política de inclusión de este grupo.
Grupo social que está muy lejos de alcanzar un grado de inclusión laboral aceptable, como ya expusimos en el artículo anterior (en España solo una de cada cuatro personas con discapacidad está ocupada, frente al 57 % del resto de la población, con una tasa de actividad del 37 %, casi 40 puntos inferior al resto, y con una tasa de paro de alrededor del 35 %).
En cuanto al importe económico que el conjunto de las Administraciones del Estado dedican a la contratación pública suma en España más de un 17% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, resulta del todo inexcusable que el mayor agente económico del mercado (el sector público) utilice de forma eficaz su herramienta con mayor potencial de cambio (la contratación pública) en cuanto a volumen e impacto, promoviendo prácticas empresariales responsables y sostenibles.
Esta función ejemplarizante de las administraciones públicas, incluyendo clausulas sociales, sirve para que se demanden productos y servicios con criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, incentivando a las empresas para que evalúen sus cadenas de suministro y revisen sus políticas de empleo.
Es importante resaltar que las cláusulas sociales suponen una herramienta de coste cero o de saldo positivo, puesto que la inclusión de criterios sociales en los contratos públicos no implica un coste adicional. Incluso, las cláusulas sociales que benefician a personas en situación o riesgo de exclusión social, se traducen en una reducción del presupuesto público destinado a prestaciones sociales, produciendo además ingresos a las Haciendas Públicas, gracias a las aportaciones fiscales de las personas incorporadas laboralmente.
De las cláusulas sociales que pueden incluirse en los procesos de licitación pública destacan:
- La reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo (CEE).
- La inclusión de condiciones especiales de ejecución del contrato, a través de una reserva parcial del contrato a favor de CEE o Empresas de Inserción.
- Establecimiento de criterios sociales de adjudicación, otorgando mayor puntuación al licitador que se comprometa a subcontratar con un CEE un porcentaje del presupuesto de adjudicación o a la empresa que se comprometa a emplear para la ejecución del contrato un mayor número de personas con dificultades de acceso al mercado laboral.
Este tipo de políticas proporciona innumerables ventajas, constituyen una herramienta de inserción laboral, creando sinergias con actuaciones públicas y privadas, multiplicando sus efectos y mejorando su eficiencia y el fomento de la equidad social.
Respecto al impacto en las empresas privadas, siempre que cumplan las condiciones, se garantizan la presentación de ofertas en concursos públicos cumpliendo la normativa vigente, incluso dándoles prioridad para resultar adjudicatarias, integrando la diversidad en la empresa y demostrando ser entidades socialmente responsables.
De otro lado, hacía su cadena de suministros, la tendencia es la de actuar responsablemente y generar valor compartido, como exigencia evolucionando hacía un mayor grado de compromiso por parte de los proveedores y subcontratistas, trasladando de esta manera aguas abajo la inclusión de aspectos sociales en la contratación.
En un momento en el que los recortes y la austeridad son dominantes, la inclusión de este tipo de cláusulas supone actuaciones innovadoras socialmente responsables, que generan un valor que de otra forma sería difícil de conseguir, y que permiten seguir avanzando, o no perdiendo terreno, en la cohesión social sobre todo de los grupos más vulnerables.
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