Marcos Núñez Navarro
Economistas sin Fronteras
Desde la declaración oficial de la pandemia del COVID-19 el 11 de marzo de 2020 y hasta el día de hoy, internacionalmente se han suscitado una serie de cambios fundamentales en materia económica que afectan a las políticas europeas y que suponen un cambio permanente dentro del modelo productivo.
Como señala la propia Comisión Europea (2020) el New Green Deal se sitúa como la mayor apuesta de cambio en el modelo productivo actual, con cuotas de producción energética y de reducción de emisiones contaminantes fijadas hasta el año 2050, cuando se espera que la Unión Europea sea neutra en este tipo de emisiones.
Dentro de este proceso de conversión económica, lo cierto es que la reciente pandemia ha alterado estos planes, dando lugar a la aceleración forzosa de las empresas hacia esta conversión, propiciando también nuevas oportunidades económicas.
Gráfico Resumen del Pacto Verde Europeo. (Comisión Europea, 2020)
Como se señaló en el evento de Inversión “Finanzas sostenibles después del COVID-19” el pasado mes de julio, la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de apostar por una inversión de impacto, que lleve a cambios a corto y medio plazo, buscando un impacto inmediato además de los ambiciosos planes futuros (por ejemplo los planes de 2030 o de descarbonización). Esta inversión se centra fundamentalmente en la conversión tecnológica y la transición energética. El bono verde parte como la principal iniciativa dentro de este tipo de finanzas, que se une a las medidas favorecidas dentro de la nueva dirección europea. Junto a esto, los criterios ASG y el reporte de las actividades e inversiones se señalan como factores diferenciales a la hora de establecer una inversión de impacto estandarizada y con resultados medibles.
Asimismo, es evidente que la crisis traída por la pandemia está provocando graves recesiones económicas, en distintos sectores y con particularidades diferentes, pero que van a obligar a cambios para adaptarse a la nueva situación social y económica. Según los datos dados por el FMI en junio de 2020, se preveía una caída del 4,9%, una cifra que está en revisión ya que el mismo organismo en abril dio una previsión del 3%.
Los recientes rebrotes y la situación actual en Europa no invitan a una previsión o revisión positiva de estos datos. La recuperación de la actividad laboral, la vuelta en menor medida del turismo y el fin de los confinamientos que con carácter general se adoptaron en los meses de primavera, han dado lugar a rebrotes generalizados difíciles de controlar. El pasado 25 de octubre, el Centro Europeo de Control de Enfermedades declaraba su preocupación por los pasos atrás dados en la Unión Europea, tras triplicarse los casos positivos registrados durante el último mes, estando extendida ahora la “segunda ola” de contagios a lo largo de todo el continente.
Dentro de esta situación cambiante y que va a afectar de manera muy significativa al tejido económico europeo (previsión de caída de un 7,7% del PIB[1] dentro de la Unión Europea) los planes económicos que se plantearon de futuro pueden adaptarse debido a la pandemia actual. En lo que se refiere a la economía verde, distintos especialistas ya plantean que puede ser una alternativa muy importante en comparación al modelo productivo actual.
Se debe de tener en cuenta que a principios de esta crisis sanitaria no se sabía con certeza la reacción de los grandes países contaminantes. En los últimos tiempos, el hecho de que potencias como China adelanten significativamente sus planes medioambientales (en septiembre se fijó para 2060 la descarbonización total) reflejan cambios que afectan a sus estrategias a medio y largo plazo. Otro ejemplo de esto serían las promesas realizadas por Joe Biden, ganador de las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre. En su programa defiende la vuelta a los pactos climáticos (después de que el 4 de noviembre se hiciera oficial que EEUU abandonaba el Acuerdo de París), medidas contra el calentamiento global y una fuerte apuesta por la reconversión hacia las energías renovables. Asimismo, se ha sumado al proceso de descarbonización y emisiones cero para el año 2050.
Unido a esto, planes como el New Green Deal y el cambio en los criterios de inversión (fundamentados en criterios ASG) generan también nuevas oportunidades y riesgos que las empresas deben contemplar antes de adoptar estos mecanismos y principios medioambientales.
Organizaciones como Spainsif señalan, por ejemplo, el riesgo que puede acarrear este tipo de inversión y criterios si se adoptan de una manera inadecuada. Generalmente han carecido de un marco legislativo firme, lo que ha permitido el “greenwashing” y lavado de imagen pública por parte de empresas de distinta índole (energéticas, construcción, obra pública…). Es este uno de los riesgos que afronta la salida de la crisis provocada por el COVID-19.
Por ejemplo, el hecho de que se potencie una economía centrada en un crecimiento industrial y el aumento del consumo, cuando parte de las soluciones que plantea la economía verde es su reducción y tender al decrecimiento maximizando el uso de los recursos y medios naturales.
También es un hecho que parte de las empresas actuales han terminado por acatar la mayoría de los principios reflejados por la Unión Europea, y la mayor parte de organizaciones punteras en distintos ámbitos presentan no sólo sus compromisos y principios medioambientales, sino también una línea futura a seguir en la que se tenderá a un abandono paulatino de los modelos de consumo y energía tradicionales.
Los planes europeos climáticos (por ejemplo, los objetivos climáticos de 2030 o el proceso de descarbonización para 2050) han influido decisivamente en el sector energético, constituyéndose como prioridades absolutas dentro de sus planes futuros. En el caso de empresas relacionadas con el sector de la automoción, por ejemplo, la instalación masiva de puestos de recarga de vehículos eléctricos (1 millón para 2025) o la subvención a la adquisición de esta clase de vehículos ha provocado también importantes cambios dentro de las organizaciones relativas a este sector.
Estos planes que, si bien están fijados a largo plazo y tienen objetivos muy ambiciosos, deben estar sucintos a los principios sobre los que se han planteado. Un error evidente que reflejan es la carencia de una legislación firme que permita adherirse a las organizaciones a estos planes por el mero hecho de aparentar principios medioambientales responsables o ecológicos.
Como se ha planteado en los podcast y retransmisiones de Spainsif, es esencial la modificación de la legislación actual sobre fondos verdes. Actualmente la Unión Europea trata de alcanzar una visión estandarizada de estos fondos, así como de principios medioambientales y de rendición de cuentas a las organizaciones que cada vez se han fijado más exigentes.
A pesar de las voces que aún puedan negar la importancia de estas políticas, el camino del futuro no sólo climático sino también económico, pasa por la reconversión ofrecida por esta economía verde a nivel internacional. Por añadir otro ejemplo ilustrativo, cabe destacar la importancia que va a tener en la recuperación económica la reconversión industrial financiada a través de fondos europeos.
España va a recibir en total 140.000 millones de euros, 72.700 de ellos en ayudas directas. Como recalcaba Pedro Sánchez el pasado 7 de octubre y recoge El País: “hasta más del 37% del programa de recuperación se destinará a inversión verde. Esos fondos servirán para impulsar acciones como la movilidad eléctrica, la implantación de energías renovables, la rehabilitación de viviendas o la restauración ecológica.”
Para concluir, lo que parece claro es que esta crisis sanitaria no sólo ha afectado de manera demoledora al tejido económico europeo e internacional, también ha acelerado cambios que tenían un plazo de cumplimiento más amplio. Los planes económicos europeos, el New Green Deal, los cambios en las principales potencias contaminadoras…, todo señala que el futuro pasa por una economía adaptada a los principios medioambientales y en los que se potencie una transición energética eficaz.
El principal riesgo que supone este cambio se basa en lo acelerado que va a resultar y los riesgos que se derivan de ello, fundamentalmente debido a la falta de regulación y a la sustitución de un modelo productivo masivo y contaminante, con otro que tenga una orientación igual de masiva pero menos dañino medioambientalmente o aún peor, con elementos medioambientales cosméticos (o referentes al “greenwashing” como se ha comentado anteriormente).
El futuro europeo e internacional necesita una conversión económica, que maximice y aumente el valor y usabilidad de sus productos, reduciendo así también el impacto ambiental. Esto junto a una regulación eficaz a varios niveles como se ha señalado durante la exposición anterior (en aspectos financieros y de inversión, rendición de cuentas empresariales, aspectos legislativos, etc.) y en definitiva, una modificación profunda del modelo económico y de producción, no únicamente de las fuentes energéticas que facilitan y perpetúan este sistema de consumo.
Los planes y estrategias relacionados con la economía verde no es que sean distantes como podía parecer en base a los compromisos internacionales anteriores expuestos en el texto, son realidad evidente y va a tener un peso fundamental en los próximos años.
[1] Datos de la Web Oficial de la Comisión Europea (2020)
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