Amigos de la Tierra, Survie y cuatro ONG ugandesas acusan a la compañía petrolera de infringir la ley francesa de deber de cuidado por no prevenir los riesgos para la seguridad humana, los derechos humanos y el medio ambiente.
8 de diciembre de 2022
Amigos de la Tierra, Survie y cuatro ONG ugandesas han vuelto a demandar a la empresa petrolera y gasística TotalEnergies ante el tribunal penal de París, donde tuvo lugar la primera vista el pasado miércoles 7 de diciembre.
Las ONG acusan a la empresa de infringir la ley de deber de vigilancia de las empresas francesas en el megaproyecto petrolero de 10 mil millones de dólares que la compañía francesa está llevando a cabo en Uganda y Tanzania. Los abogados de las ONG han pedido al juez que ordene a la empresa que adopte un plan de vigilancia conforme a la ley y ordene su implementación. Aunque esto no está previsto en la ley de 2017, piden al tribunal que ordene la suspensión de la obra como medida cautelar, en referencia a la resolución adoptada en septiembre por el Parlamento Europeo, que condenaba enérgicamente este proyecto.
El proyecto prevé la construcción de la tubería caliente más grande del mundo de casi 1.500 kilómetros, la perforación de 400 pozos, un tercio de los cuales en el Parque Nacional Murchison Falls y decenas de miles de personas expropiadas, en su mayoría agricultores que se ven privados de la disfrute de su tierra. Además, la huella de carbono del proyecto se estima en 33 millones de toneladas de CO₂ al año.
Es el primer caso ante los Tribunales en base a la ley del deber de vigilancia de 2017. Esta ley se adoptó después de la tragedia del Rana Plaza en Bangladesh, en la que murieron más de mil trabajadores que trabajaban para subcontratistas de las principales marcas occidentales de prêt-à-porter.
La norma, que consta solamente de tres artículos, obliga a las multinacionales a publicar planes de vigilancia para prevenir los riesgos de violaciones de los derechos humanos y medioambientales a lo largo de su cadena de valor.
La ley y el fondo del asunto
El caso ha pasado por varias vicisitudes. Después de impugnar la jurisdicción de un tribunal comercial en 2019, y finalmente ser rechazado en diciembre de 2021, TotalEnergies ha alegado que la demanda no es válida.
Y en cuanto al fondo, la estrategia de la defensa se ha basado en demostrar que la ley era más una herramienta de diálogo entre los actores que base para un litigio. “La sociedad civil les ofrece su interpretación de la ley, en una lógica maximalista materialmente imposible de implementar y contraproducente, que quisiera que se identificaran todos los riesgos, en todos los países, en todos los proyectos. Esto se opone al criterio de razonabilidad establecido por el legislador y muestra la brecha que existe entre lo que defienden nuestros opositores y el principio de realidad de un grupo de este tamaño, presente en 130 países y que cuenta con 100.000 empleados”, según la abogada Ophélia Claude.
Para el abogado de Amigos de la Tierra, Louis Cofflard, la admisibilidad de la demanda de las ONG no está en duda, y la urgencia invocada en 2019 para llevar el caso ante un juez sigue siendo válida. Para Cofflard, existe una necesidad urgente de prevenir las violaciones de los derechos humanos, como en 2019, y que hoy hay un daño inminente al medio ambiente, con el trabajo a punto de entrar en una fase decisiva. El proyecto Tilenga-Eacop implica «perforar 400 pozos de petróleo, 130 de ellos en el área protegida de Murchison Falls, [y la] construcción del oleoducto calentado más largo del mundo, que se extiende por más de 1.440 kilómetros entre Uganda y Tanzania». un proyecto que daña el clima y que los expertos predicen que conducirá a la emisión de 34 millones de toneladas de CO₂ equivalente por año».
Junto a ello para los demandantes otra razón que fundamenta la demanda es el desplazamiento parcial o total de 118.000 personas en los dos países bajo condiciones de compensación que no cumplían con los estándares del Banco Mundial, como prometió originalmente TotalEnergies en su plan de vigilancia. Unas 28.000 personas siguen esperando una compensación económica. También se señaló que se sigue violando la libertad de expresión de los manifestantes en estos países autoritarios de África Oriental.
Para el juez, las disposiciones de la ley son «poco específicas» y «corresponderá a los tribunales completar los detalles» que los legisladores omitieron. Algunos de los puntos que tendrá que decidir el juez son si se puede responsabilizar a la multinacional por las acciones de sus filiales siendo estas últimas partes del acuerdo con el estado Ugandés, y la ley de sociedades francesa reconoce la autonomía de las personas jurídicas; y si las ONG tienen “interés en actuar”.
Por su parte, para el abogado de Amigos de la Tierra, la ley no es perfecta, pero debe ser lo suficientemente amplia para abarcar todos los sectores y cubrir todas las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente y tampoco puede especificar cuál es el plan de vigilancia de cada empresa. De ahí que pidan al juez que bajo sanción pecuniaria, imponga a Total Energies las indemnizaciones debidas a los expropiados y la suspensión de las obras, que deben iniciarse en enero de 2023. Por su parte , Total Energies ofrece mediación. El fallo ha quedado fijado para el 28 de febrero de 2023.
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