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Con una inversión estimada del 0.3% del PIB en la mayoría de los países, con excepción de cinco en los que se requeriría una inversión mayor, América Latina y el Caribe podría poner fin al trabajo infantil en la próxima década y alcanzar la meta 8.7 fijada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así se desprende de un reciente estudio publicado por la OIT, «Ellos crecen, tú también».
La investigación, realizada con base en información proveniente de 17 países distribuidos en tres 3 subregiones propone una estrategia basada en el aumento de la inversión para: i) incrementar la asistencia escolar para los niños y niñas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y mejorar la calidad de la educación, ii) implementar un programa de transferencias condicionadas para cubrir los costos de oportunidad en que incurrirían las familias que deciden enviar y mantener a sus hijos e hijas en la escuela en lugar del trabajo (transferencia mensual estimada en US$30) y iii) un conjunto de intervenciones o programas diferenciados para atender las peores formas del trabajo infantil, específicamente el trabajo peligroso, que es el único que logra ser captado estadísticamente por la encuestas.
En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la OIT pone a disposición este estudio como una contribución para la toma de decisiones respecto a políticas, programas y servicios que los países deberán implementar y/o reforzar con miras a lograr sus objetivos específicos en materia de crecimiento, empleo y protección de la infancia y adolescentes y contribuir al logro general del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 y, en particular, a la meta 8.7 que busca “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, erradicar el trabajo forzoso y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados”.
Los costos son valorizados sobre una estrategia de incremento en la cobertura escolar, acompañada de transferencias monetarias condicionadas e intervención directa para eliminar las peores formas de trabajo infantil. En cuanto a los beneficios, esta metodología valora las ganancias económicas de mantener a niños y niñas fuera del trabajo infantil, es decir, una población más educada (más niños y niñas en la escuela) y las ventajas económicas de una población más sana (lejos de los peligros para su integridad y su salud). Esta propuesta plantea una reducción anual y gradual del trabajo infantil por debajo de la edad mínima entre 2015 y 2025, hasta alcanzar 0%. Para ello, se estima que es necesario retirar del trabajo infantil un promedio anual aproximado de 572,000 niños, niñas y adolescentes: 190,000 en la Subregión Mesoamérica, 232,000 en la Subregión Andina, y 150,000 en el Cono Sur.
Cuando se agrega el costo de los programas con cargo a los gobiernos, el promedio es de 5,738.4 millones US$ anuales a nivel latinoamericano, cifra que aunque parece elevada, no lo es tanto si para cada uno de los países se compara con el PIB estimado para 2014. Para la mayoría de los países, el costo anual de implementación de la propuesta es de 0.3% del PIB o menos, y solamente para cinco países es mayor: 1.9% en Honduras, 1.5% en Nicaragua, 1.1% en Guatemala, 0.7% en Bolivia y 0.6% en Paraguay.
A pesar del elevado costo, esta propuesta es especialmente importante para esos países. En lo que respecta a los beneficios, los más relevantes son los de la educación, ya que los de salud apenas alcanzan un promedio anual a nivel regional de US$ 80.6 millones, situación relacionada con las modestas intervenciones propuestas para atender las peores formas de trabajo infantil. Al comparar los costos y beneficios, el resultado son tasas de retorno, en general superiores a 10%, con un tasa para la región en su conjunto de 13.9%, que son tasas altamente satisfactorias y que ponen en evidencia los grandes beneficios del mejoramiento de la oferta educativa y la reducción del trabajo infantil.
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