3 de junio de 2018
Maribel Gil
2018 puede consolidarse como un año de vital importancia para el avance en la igualdad de género. En estos últimos años se viene asistiendo a un resurgimiento de movimientos feministas que luchan por la igualdad de género, habiéndose erigido el año 2017 como el año del feminismo. El diccionario más prestigioso de EEUU, el Merriam-Webster[2], anunció que la palabra del año ha sido feminismo, lo que supone una excelente noticia pero sin olvidar que detrás hay más de 150 años de lucha feminista para que esto haya sucedido.
Pero de manera paradójica a este logro, 2017 no fue un gran año. Si atendemos al Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial[3], la brecha entre hombres y mujeres en la salud, la educación, la política y la economía se amplió por primera vez desde que comenzaron los registros en 2006.
Los países deben prestar atención a la brecha de género no solo porque esa desigualdad es intrínsecamente injusta; sino también porque numerosos estudios sugieren que una mayor igualdad de género conduce a un mejor desempeño económico. Con la tasa de progreso actual, la brecha global de género tardará 100 años en cerrarse, mientras que la brecha en el lugar de trabajo no se cerrará en 217 años[4].
Por todo ello, es necesario un compromiso político traducido en términos de asignación presupuestaria sin el cual no se conseguirán realmente los cambios necesarios que toda sociedad necesita para avanzar en la reducción de la brecha de género.
En el caso concreto de España, ha sido un hecho significativo para reducir esta brecha la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género[5], por el que se han definido 26 medidas que incluyen mejoras en la asistencia y protección de las víctimas, en la sensibilización y la educación, y en las formación de los profesionales que intervienen en el proceso. Para llevar a cabo dicho Pacto se acordó una asignación presupuestaria de 1000 millones de euros durante 5 años, compromiso que ha necesitado de la presión de las organizaciones de la sociedad civil para que el Gobierno las materializara, ya que en un primer momento sólo se incluyó 1/3 de lo comprometido en los presupuestos del 2018 para su aprobación (alrededor de 80 millones)[6].
Este hecho nos sirve de punto de partida para centrar el objetivo de este artículo, el cual quiere poner de manifiesto la importancia fundamental que tiene la asignación presupuestaria para que toda política se implemente; por ello, la estrategia de Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) en las Administraciones Públicas es clave para avanzar en la igualdad de género.
Conscientes de la amplitud de la temática, el artículo se va a centrar en Andalucía, por ser la región de España pionera en la inclusión de la perspectiva de género (PPG)[7] y en el diseño e implementación de sus presupuestos.
La igualdad de género es considerada un objetivo fundamental de las sociedades democráticas, imprescindible para alcanzar la cohesión social y el avance de los derechos de la ciudadanía. Los estados tienen la obligación de garantizar este principio y de proveer los recursos necesarios para que éste no quede limitado a una mera exigencia jurídica.
La igualdad de género puede tener un importante papel productivo en las economías avanzadas (Smith y Bettio, 2008)8, por lo que la igualdad de género ha dejado de ser una opción política para convertirse en un requisito imprescindible para incrementar el desarrollo económico, mantener los servicios públicos y generar riqueza.
Además, el presupuesto puede influir de manera decisiva en la adquisición de una nueva cultura organizacional y en el cambio de los procedimientos y las rutinas de trabajo, ambos fundamentales para conseguir avanzar en el objetivo de igualdad.
La integración de la perspectiva de género en la política presupuestaria tiene una doble dimensión: igualdad y eficiencia económica, las cuales contribuyen a diseñar políticas más efectivas. Un presupuesto responsable con el género favorece la creación de un circulo virtuoso en el cual la política en sí misma facilita la reducción de la desigualdad de género (Budlender et al.2002)[8].
Aunque los avances en igualdad de género acaecidos en los últimos años en Andalucía siguen siendo numerosos, continúan persistiendo desigualdades sobre las que es necesario seguir incidiendo, no sólo por el valor que tiene en términos de justicia social, sino también por las graves consecuencias que los desequilibrios tienen sobre el aumento de la competitividad y la generación de empleo y riqueza.
Una de las vías utilizadas por Andalucía ha sido la legislativa, a través de la publicación de varias leyes como: la Ley 12/2007, de 26 noviembre, para la promoción de la igualdad de género[9], referencia normativa en la que se marcan los objetivos de igualdad de género en Andalucía. O la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía[10] donde se establece como uno de los objetivos básicos de la región la efectiva igualdad de hombres y mujeres, con la plena incorporación de estas últimas a la vida social, y garantizando la igualdad de oportunidades entre ambos sexos en todos los ámbitos.
Otra línea de trabajo utilizada por la Junta de Andalucía para contrarrestar estas desigualdades es la Estrategia de realizar los Presupuestos con Perspectiva de Género (PPG), liderada por la Consejería de Hacienda[11]. En Andalucía el presupuesto se ha convertido en el instrumento fundamental para la aplicación de la transversalidad de género, lo que supone la reorganización de los procedimientos de la Administración en todas las fases, a todos los niveles y por las personas que normalmente los llevan a cabo, para incluir los objetivos de igualdad de género en todos los ámbitos de actuación. Aplicar esta perspectiva en el presupuesto público supone detectar estas desigualdades para tratarlas, lo que añade eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos y aporta riqueza y cohesión social.
Desde el punto de vista presupuestario, la introducción de la perspectiva de género constituye una oportunidad para avanzar hacia un presupuesto orientado a resultados. El presupuesto con perspectiva de género (PPG) es una aplicación de la transversalidad de género en el proceso presupuestario. Esto implica incorporar una perspectiva de género en todos los niveles del proceso presupuestario y reestructurar los ingresos y los gastos para promover la igualdad de género, lo cual no es una tarea baladí.
A partir del ejercicio presupuestario 2005, el Informe de Evaluación de Impacto de Género[12] ha acompañado a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde el ejercicio 2009, en virtud de la Ley 3/2008[13], el Informe tiene rango de documentación anexa al anteproyecto de Ley del Presupuesto y que por tanto se remite al Consejo de Gobierno para su aprobación. El Informe es una pieza clave de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género, y tiene como principal objetivo valorar la incidencia de las políticas públicas desde dicha perspectiva, así como visibilizar las medidas que, a través de dichas políticas, se ponen en marcha desde la administración pública andaluza cada año para corregir los desequilibrios existentes entre mujeres y hombres.
Las Auditorías de Presupuesto y Género de la Junta de Andalucía (APG)[14] son otros instrumentos que evalúan la transversalidad de género en la Administración Pública Andaluza utilizando el presupuesto público. Las APG están diseñadas para valorar el grado de integración de la perspectiva de género en la planificación y ejecución presupuestaria de las políticas públicas a través del análisis de su documentación presupuestaria.
La elaboración anual del mencionado informe reveló la necesidad de desplegar un método de trabajo de más envergadura en la Administración Andaluza, mediante el cual las políticas presupuestarias pudieran avanzar paulatinamente en su integración del enfoque de igualdad de género. Para ello se implementa una Estrategia de Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG[15]) que afecta a todas las consejerías de la Junta de Andalucía y que se centra principalmente en el desarrollo de metodologías e instrumentos de planificación y fortalecimiento institucional de género en los centros directivos implicados.
En conjunto, el alcance de la auditoría incluye el análisis de los hechos estructurados conforme a los objetivos específicos de la APG y se observa si los programas y entidades auditadas han presupuestado y ejecutado el presupuesto con perspectiva de género y qué prácticas de implementación han llevado a cabo para lograr un presupuesto con perspectiva de género. En base a todo ello, se redactan unas conclusiones y las principales recomendaciones y se identifican las buenas prácticas existentes para lograr mejoras orientadas al logro de la igualdad de género a través del presupuesto público.
La evaluación finaliza con la entrega del Informe definitivo de Auditoría de Presupuesto y Género, en el que se incorporan las alegaciones manifestadas por los programas presupuestarios y que se eleva a la consideración de la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos. Posteriormente, cada programa o entidad debe asumir las recomendaciones incluidas en las auditorías y plasmarlas en el Documento de Orientaciones Estratégicas, DOE G+[16], herramienta destinada a planificar y sistematizar los objetivos y acciones concretas y mensurables que permitan al programa avanzar en la integración del enfoque de género en su presupuesto.
Andalucía destina alrededor del 75% de sus recursos a políticas públicas con perspectiva de género para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, tres de cada cuatro euros del Presupuesto de 2018 van destinados a conquistar la igualdad de género. Todo ello con el fin de impregnar la visión de igualdad en cada una de las medidas que se pongan en marcha en la comunidad autónoma a lo largo del año.[17]
El esfuerzo y compromiso de la Junta de Andalucía con las políticas de igualdad queda de manifiesto en el discurso de las organizaciones de la sociedad civil o en informes como el del Observatorio de Género y Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla[18], que constata un crecimiento de un 16,6% de su presupuesto entre 2009 y 2014, mientras que por el contrario el Estado Español ha recortado las partidas un 34,4%[19].
El discurso que tienen las organizaciones feministas de la región de Andalucía respecto al esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno Andaluz por incluir la PPG en su lucha por conseguir la igualdad de género es positivo, si bien todas ellas coinciden en la necesidad de continuar y mejorar su aplicación para que el impacto sea efectivo. Todas ellas coinciden en valorar de manera satisfactoria el cambio que se ha producido en la estructura institucional de la región pero subrayan la ausencia de cambios en la estructura social hasta el momento, siendo éstos básicos para lograr una transformación real y duradera.
Todas las organizaciones constatan que la situación de desigualdad de género está profundamente arraigada en el sistema patriarcal que impera en la sociedad, construcción cultural basada en estereotipos masculinos y femeninos que determinan las conductas de las personas según el sexo y donde se establece una jerarquización en la que la autoridad la ejerce el hombre y en la que la mujer es considerada inferior al hombre. El patriarcado no sólo está presente en los hombres y mujeres y en la individualidad de cada persona, sino está también en el sistema que lo hace posible.
De este modo, la opresión de la mujer la encontramos en todos los ámbitos, la cual relega a la mujer en un inicio al ámbito doméstico o privado. Con la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, estas discriminaciones se materializan en cada uno de los sectores laborales y en las condiciones que el mercado de trabajo les oferta.
La brecha salarial es una constante, las mujeres ganan alrededor de un 20% menos que los hombres por el mismo número de horas trabajadas. Igualmente las mujeres siguen copando los puestos más bajos o medios en la pirámide laboral, siendo muy baja la presencia de mujeres en puestos directivos. Continúa produciéndose la diferenciación por sexo en la elección del tipo de estudio, elección que va a condicionar la trayectoria académica y profesional del alumnado. Esta segregación tiene significativos y desventajosos efectos sobre el mercado de trabajo, al entrañar un importante desaprovechamiento del capital formativo y humano.
En definitiva, el arquetipo social en el que se basa la construcción de la región de Andalucía en particular y el mundo en general ofrece la base para las grandes desigualdades que siguen persistiendo. Por ello, todas las organizaciones coinciden en la necesidad de que el gobierno andaluz debe de ser consciente de la obligación de incorporar a la mujer en igualdad de condiciones que el hombre, como personas de plenos derechos y obligaciones, si se quiere avanzar en el desarrollo, en la justicia social y en la mejora del bienestar común.
Se valora muy positivamente el compromiso adquirido por el gobierno regional andaluz desde el año 2003 para comenzar la integración del enfoque de género en las políticas generales a través del presupuesto público, como vía complementaria y necesaria a las políticas específicas de igualdad.
Si bien es públicamente reconocido el esfuerzo que se está llevando a cabo por parte de Andalucía para convertir el presupuesto en el instrumento fundamental para la aplicación del mainstreaming, también se pone de manifiesto la necesidad de mejorar su implementación a través de una más profunda reorganización de los procedimientos de la Administración en todas las fases, a todos los niveles y por las personas que normalmente los llevan a cabo, para incluir los objetivos de igualdad de género en todos los ámbitos de actuación.
En conclusión, se pone de relieve la complejidad de factores que intervienen en la sociedad para alcanzar la plena y real igualdad de género. La desigualdad de género presentada como base de la división sexual del trabajo y la dificultad que supone superar las causas que inciden de manera directa e indirecta en la discriminación de la mujer en el campo laboral, llevan a la conclusión de que tiene que seguir desempeñándose un arduo trabajo desde las estructuras públicas y privadas, desde la colectividad y la individualidad y en los ámbitos político, social y cultural. Hay consciencia de que es un largo camino por recorrer en el que no debe de decaer la voluntad política y personal de los individuos que conforman cada una de las sociedades.
Toda transformación cultural necesita un largo proceso para conseguir los cambios propuestos pero con voluntad y compromiso férreo se puede lograr. La mujer debe de dejar de ser el Sur de todos los Nortes, ya que sin igualdad cualquier sociedad, región o nación está abocada al fracaso.
[1]Foto freepik
[2]Aunque el mérito real lo tiene el feminismo como movimiento, han sido estos momentos clave los que han convertido a la palabra ‘feminismo’ en el término más buscado del año 2017 en EEUU, según el diccionario Merriam-Webster. Cada año, el diccionario más prestigioso de EEUU corona a la palabra con más búsquedas con respecto al año anterior. Y, aunque las consultas que se tienen en cuenta son las que se realizan en territorio estadounidense, lo cierto es que los hechos que han aupado al vocablo hasta la primera posición han tenido repercusión mundial. Tal y como explica el editor del glosario estadounidense, Peter Solowski, «la palabra feminismo tuvo varios picos de búsquedas que se corresponden con hechos mediáticos que sucedieron durante todo el año«. A lo que se refiere Solowski con «la palabra estaba en el aire» es a que durante los últimos 12 meses se han producido movilizaciones, protestas e incluso estrenos televisivos que han provocado que los estadounidenses hayan buscado un 70% de veces más la palabra Feminismo que el año anterior. www.merriam-webster.com/words-at-play/word-of-the-year-2017-feminism/syzygy
[3]El indicador fue creado por el World Economic Forum (o también llamado Foro de Davos es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra y se reúne anualmente en el Monte de Davos (Suiza), conocida por su asamblea anual en Davos, Suiza. Allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales y periodistas e intelectuales selectos para analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo; entre ellos, la salud y el medio ambiente desde 1991;) para medir la desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo, iniciándose su publicación en el 2006. www.reports.weforum.org/global-gender-gap-report
[4] Ídem.
[5] El 28 de septiembre de 2017 se firmó el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, en cuyo documento aprobado se daban dos meses al Gobierno para acordar un plan para su puesta en marcha. www.violenciagenero.ms-ssi.gob.es/pactoEstado/home.htm
[6] El Gobierno rectifica y asegura los 200 millones en los presupuestos del 2018. Todos los partidos aprueban por unanimidad una transaccional impulsada por el PSOE que recoge el dinero reservado a comunidades autónomas y ayuntamientos. www.elpais.com/economía/2018/05/21/actualidad.htm
[7] En su apuesta por la igualdad entre mujeres y hombres, la Junta de Andalucía inició en 2003 una estrategia de integración del enfoque de género a través del presupuesto público, como vía complementaria y necesaria a las políticas específicas de igualdad, en cuya aplicación destaca como una de las administraciones precursoras en nuestro país y en la Unión Europea. www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/gene-ro/genero_andalucia
[8] Gender Budgets Make More Cents: Country Studies and Good Practice. Debbie Budlender, Guy.
[9]Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. www.juntadeanda-lucia.es/boja/2007/247/17
[10] Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.www.noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2007.html
[11]www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendayadministracionpublica/consejeria/sobreconsejeria.html
[12] El Informe es una pieza clave de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género, y tiene como principal objetivo valorar la incidencia de las políticas públicas desde dicha perspectiva, así como visibilizar las medidas que, a través de dichas políticas, se ponen en marcha desde la administración pública andaluza cada año para corregir los desequilibrios existentes entre mujeres y hombres. La estructura del Informe se articula en torno al modelo de las 3R (realidad, representación y recursos-resultados) que se enriquece con la perspectiva de las 3T (tiempo pasado, presente y futuro). www.juntadeandalucia.es/hacienda-yadministracionpublica/planif_presup/genero/informe.htm
[13]Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. www.parlamentode-andalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf
[14] Las Auditorías de Presupuesto y Género de la Junta de Andalucía (APG) evalúan la transversalidad de género en la Administración pública andaluza utilizando el presupuesto público. Las APG están diseñadas para valorar el grado de integración de la perspectiva de género en la planificación y ejecución presupuestaria de las políticas públicas a través del análisis de su documentación presupuestaria. www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_pre-sup/genero/auditoria/auditoriagenero.htm
[15] Presupuestos con Perspectiva de Género en Andalucía: En su apuesta por la igualdad entre mujeres y hombres, la Junta de Andalucía inició en 2003 una estrategia de integración del enfoque de género a través del presupuesto público. El compromiso con la igualdad se afianza partiendo de un doble enfoque. En primer lugar, desde el enfoque de la equidad y por otro, el actual contexto de crisis económica exige un esfuerzo permanente de mejora de la eficacia del gasto ante la existencia de recursos limitados. En este contexto, el presupuesto público se muestra como un instrumento imprescindible para integrar la perspectiva de género en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas. Los primeros instrumentos para llevar a cabo esta estrategia se encuentran en la Ley 18/2003 de Medidas Fiscales y Administrativas, que contiene dos hitos fundamentales: la obligación legal de acompañar los Presupuestos de un Informe de Evaluación de Impacto de Género y la constitución de una Comisión, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para su realización y aprobación. En virtud de la modificación que realiza la Ley 3/2008 de la Ley General 5/1983 de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Informe de evaluación de impacto del proyecto de Presupuestos pasa a formar parte de documentación presupuestaria. www.juntadeandalucia.es/hacien-dayadministracionpublica/planif_presup/genero/genero_andalucia.htm
[16] El objetivo del Programa G+ es identificar y clasificar los programas presupuestarios según una escala diseñada a ese propósito llamada Escala G+ en función de su capacidad para incidir sobre los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Posteriormente lograr un compromiso por parte de los centros directivos y finalmente hacer un seguimiento y valoración de las actuaciones puestas en marcha y de los progresos alcanzados.www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/gplus.htm
[17]www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-presupuesto-andalucia-dedica-18896-millones-euros-romper-brecha-genero-20180102121050.htm
[19]www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-presupuesto-andalucia-dedica-18896-millones-euros-romper-brecha-genero-20180102121050.html
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