El Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley para establecer una renta mínima de 426 euros para personas sin recursos, tal y como planteaba la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por UGT y CCOO, que estaba avalada por 700.000 firmas.
Todos los grupos del Congreso, salvo PP y Ciudadanos, han votado a favor. Para PP y Ciudadanos, la medida es populista e inviable, por su coste económico.
La propuesta establece una prestación no contributiva de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, de los que el 62% son mujeres.Los requisitos básicos de la prestación son tener entre 18 y 65 años de edad, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones de desempleo, carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del SMI.
El coste de esta medida, según cálculos de los sindicatos, sería de 12.000 millones euros (1,05% del PIB). Para CCOO, esta medida es perfectamente asumible a pesar de su coste, no sólo porque la ratio inversión/beneficio social está sobradamente justificada, sino por el amplio margen fiscal que presenta nuestro país”.
Como es sabido, Finlandia es el primer país europeo que experimentará con la renta básica. Desde el 1 de enero y durante los próximos dos años, un total de 2.000 desempleados finlandeses recibirán una prestación sin condiciones para ver si desincentiva o no su reintegración laboral
En otras partes del mundo, países como Namibia, Alaska, y más recientemente la India y Brasil, ya han experimentado con varios tipos básicos de ingresos. El primer país que concedió la renta básica en todo su territorio fue Alaska.
La renta básica se extiende por Europa.En junio Suiza votó en referéndum la introducción de la Renta Básica Universal, aunque fue rechazada por más de tres cuartas partes de los participantes. La propuesta planteaba un ingreso a todos los ciudadanos, de forma automática e incondicionada, 2.260 euros libres de impuestos al mes. Holanda ha puesto en marcha un proyecto piloto en Utrecht y otros 19 municipios para estudiar la viabilidad del ingreso básico. Y en Alemania un colectivo presentó a mediados de 2016 más de 90.000 firmas en el Bundestag para pedir u referendno al respecto.
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