- El Tribunal Administrativo de París considera a la administración estatal culpable de un delito de «daño ecológico» por incumplir sus objetivos de reducción de emisiones de CO₂.
- Se da un plazo de dos meses para examinar de qué forma obliga al Gobierno a adoptar medidas para corregir esta inacción.
7 de febrero de 2021
La justicia francesa ha condenado el miércoles pasado a la Administración del Estado por incumplir sus propios compromisos, tanto los internacionales como los nacionales, en materia de lucha contra el cambio climático.
El Tribunal Administrativo de París ha reconocido que el Estado es «responsable de la inacción climática» y le ha impuesto el pago de un euro simbólico a cada una de las cuatro ONG que le habían demandado: Greenpeace, Notre Affaire à Tous, la Fundación Hulot por la Naturaleza y el Hombre, y Oxfam Francia.
Según un portavoz de Greenpeace, más que esta indemnización por el «perjuicio moral» a esas asociaciones, la importancia del fallo radica en que se ha dado un plazo de dos meses para examinar de qué forma obliga al Gobierno a tomar medidas para corregir esa inacción, ha destacado una portavoz de Greenpeace. Las opciones a partir de aquí son varias: bien multas para compensar los daños causados, o bien una serie de objetivos que debería alcanzar en plazos prefijados, opción preferida por los demandantes. Tras este periodo, los jueces sí que les podrían exigir medidas concretas.
De hecho, en la audiencia que se celebró el 14 de enero, habían insistido en que la Administración no cumplía algunos textos jurídicos en los que asumió compromisos para hacer frente al calentamiento global, en particular los Acuerdos de París y la Estrategia Nacional de Bajo Carbono sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Pero es que a nivel interno, el propio Macron, en junio de 2017 con su famoso “Make our planet great again” ya se había comprometido a adoptar iniciativas a favor del clima. Este no obstante, fue uno de los argumentos del ejecutivo francés, que alegaba que Macron llegó al poder en 2017 y la justicia condena sobre todo los incumplimientos entre 2015 y el 2018. Y ello a pesar de que el ejecutivo de Macron ha lanzado un plan de 30.000 millones de euros para hacer frente a la recesión del covid-19 que se destinarán a la transición ecológica o el nuevo proyecto de ley climática que será presentado el 10 de febrero en el consejo de ministros. Con esta iniciativa el ejecutivo pretende satisfacer las demandas de la Convención Ciudadana por el Clima, impulsada por el propio presidente de la República y donde 150 ciudadanos elegidos al azar que elaboraron una ambiciosa batería de 149 medidas, como un vasto plan de renovación térmica de edificios, regulación de la publicidad de los productos más contaminantes o una prohibición de venta de los vehículos más contaminantes en 2025.
Antecedentes: El caso del siglo
La iniciativa de lo que los promotores han bautizado como «el caso del siglo» comenzó en diciembre de 2018 cuando las cuatro ONG enviaron una carta a varios ministros para criticar la inacción de la Administración y reclamar una reparación por los daños causados con esa actitud.
Ante la falta de respuesta satisfactoria, en marzo de 2019 llevaron el procedimiento ante la Justicia con la presentación de un contencioso ante el Tribunal Administrativo de París, que puso en marcha una instrucción.
El Gobierno rechazó en el proceso las acusaciones y subrayó que con su ley sobre la energía y el clima de 2019 ha reforzado los objetivos y se ha fijado como meta un descenso del 40 % del consumo de energías fósiles de aquí a 2030 y llegar a la neutralidad de carbono en 2050.
Una sentencia histórica
El exministro francés de Ecología Nicolas Hulot, cuya fundación es uno de los cuatro denunciantes, destacó que la sentencia «es la victoria de los que entienden la urgencia de la crisis» climática.
La sentencia lo hace responsable de un “daño ecológico” y “moral” por no haber adoptado “las políticas públicas que le permitirían alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ que había establecido”.
Según Hugo Partouche, abogado de Notre affaire á tous, “hasta ahora este reconocimiento solo existía para personas privadas y es importante que ahora se establezca en personas públicas, como el Estado”.
Francia se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 40% antes de 2030 respecto a los niveles de 1990. Su objetivo es alcanzar en 2050 la neutralidad carbono, es decir, unos niveles de emisiones de CO₂ que la naturaleza pueda absorber. Pero si sigue la trayectoria actual, difícilmente lo logrará. El Consejo Superior para el Clima ya advirtió en julio que las medidas del actual gobierno “no están a la altura de la situación ni de los objetivos”. Las emisiones disminuyeron un 0,9% entre 2018 y 2019, mientras que el ritmo anual debería ser del 1,5% y del 3,2% a partir de 2025 para respetar la trayectoria prometida.
A su vez, el Consejo de Estado ya había condenado en noviembre del año pasado al Estado francés a rendir cuentas en tres meses de si sus acciones permitían respetar las obligaciones respecto a la reducción de emisiones. La mayor instancia de la justicia administrativa francesa se pronunció entonces tras haber sido solicitada por el Ayuntamiento de Grande-Synthe, una localidad del norte del país gravemente amenazada por el riesgo de inundaciones.
Pero la gran duda es la fuerza coercitiva de la sentencia Pero ¿Será suficiente para forzar un cambio de políticas?
Desde las cuatro ONG, confían en que el fallo siente un precedente jurídico y que en futuros procesos se puedan pedir indemnizaciones más importantes. A pesar de haber sentencias (1) y juicios en varios frentes, hasta ahora las víctimas de contaminación atmosférica en Francia no han logrado ser indemnizadas. “El objetivo principal de este proceso no era que se condenara el Estado, sino mostrar que puede actuar de otra forma” para hacer frente a la urgencia climática, según Cécile Duflot, exministra de Vivienda y actual presidenta de Oxfam en Francia.
Repercusiones en otros países
“Esperamos que esta sentencia inspirará otros países como España”, reconoció Clémentine Baldon, abogada de la Fundación Nicolas Hulot. En concreto, se refería a la iniciativa impulsada en septiembre por Greenpeace, Oxfam y Ecologistas en Acción para llevar al Estado español ante los tribunales por su inacción climática. Una demanda admitida a trámite en diciembre por el Tribunal Supremo.
Las cuatro organizaciones francesas se habían inspirado en el caso holandés de Urgenda que concluyó en diciembre de 2019 con el Tribunal Supremo ratificando una primera sentencia de 2015 en la que se obligaba al Estado holandés a reducir las emisiones de CO₂ en un 25% antes de 2020 respecto a 1990.
Durante los últimos cinco años, estos procesos climáticos se han multiplicado. Por ejemplo, en Pakistán el campesino Ashgar Leghari no pudo recoger su cosecha por el mal tiempo y decidió denunciar a las autoridades por no defender el derecho a la vida y la dignidad ante el cambio climático. La justicia paquistaní reconoció la “letargia manifiesta del Estado” y obligó a la administración a elaborar nuevas medidas. Iniciativas similares han surgido en Colombia, Bélgica, Suiza, Estados Unidos, Nueva Zelanda…
Una tendencia que sin duda marcará los próximos años y la ambición climática de las autoridades nacionales.
Para saber más:
- Make our planet great again https://www.agorarsc.org/make-our-planet-grate-again-escenarios-tras-la-salida-de-eeuu-del-acuerdo-de-paris/
- El caso del siglo https://www.agorarsc.org/el-caso-del-siglo-se-convierte-en-la-peticion-mas-firmada-de-la-historia-en-francia/
- Ver Francia reconoce a un inmigrante de Bangladesh como primer refugiado climático en su territorio https://www.agorarsc.org/francia-reconoce-a-un-inmigrante-de-bangladesh-como-primer-refugiado-climatico-en-su-territorio/
- Ver El Agente naranja ante la justicia francesa https://www.agorarsc.org/el-agente-naranja-ante-la-justicia-francesa-se-reconocera-el-ecocidio/
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